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Los hijos del maíz / III

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SOMOSMASS99

 

Georgina Rodríguez*

Miércoles 19 de octubre de 2022

 

Continuando el análisis sobre la historia del maíz en México. Ésta es la tercera parte. Es un gusto integrar información relevante que nos permite realizar una visión objetiva de la situación del campo y los elementos político-económicos que la circundan.

Recordemos que en 1986 México se incorporó al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) y a inicios de la década de los noventa el gobierno de Carlos Salinas de Gortari firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), integrando a México en el tablero del mercado internacional, lo que fomentó el apoyo de la industria agrícola, la cual durante el periodo neoliberal estuvo regida por una economía en la que se promovió la propiedad de tipo empresarial, basada en la producción de cultivos de gran valor comercial para la exportación, como es el caso del maíz [1]. Cabe recalcar que el maíz es usado por corporaciones dedicadas a la industria alimentaria, cosmética e industrial.

En los convenios firmados por México en su anexión al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se estableció un periodo de quince años para eliminar las barreras arancelarias para maíz [2], dicho plazo fue incumplido con la justificación de que los agricultores tendrían que estar preparados para competir en el mercado internacional. Así, México abrió la frontera al maíz estadunidense en sólo dos años y dejó de cobrar el 120% de carga fiscal para el maíz que excediera los cupos de importación, con lo que se desprotegió la producción nacional y se colocó a los agricultores en una evidente desventaja ante los productores estadounidenses, aunque en el tratado de Marrakech se establece en el Art. 2, inciso (b), un derecho antidumping o compensatorio, aplicado de conformidad con las disposiciones del artículo VI [3]. La realidad es que México no ha logrado acuerdos equitativos, pues la estructura productiva y comercial de maíz estadunidense recibe subsidios, lo que les permite competir de una forma más agresiva y ventajosa, pues su modelo productivo es completamente distinto al mexicano. En 1992, se realizaron modificaciones a la Ley Agraria, con lo cual se autoriza el uso, venta y arrendamiento de las tierras ejidales, sin tener que efectuar su privatización abierta; con esa ley se permite la atracción de capital, lo que ha motivado a que los grandes grupos agroindustriales tanto nacionales como extranjeros consideren a México como una oportunidad de negocios jugosos y rentables.

Dicha modificación a la ley agraria no ha presentado beneficios para la agricultura campesina.

Según la UNICEF, en México existían, en 2012, 50.6 millones de mexicanos que no cubrían sus necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando todos sus recursos a estos términos. El 18.2% de la población presentaba carencias alimentarias −casi veinte millones−, de los cuales 7.2 millones habitaban en zonas urbanas, mientras que 12.2 millones pertenecían a zonas rurales. Entre 2006 y 2008, el nivel de vida de más de un millón de familias cayó bajo el umbral de la pobreza. México se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, situación que ha permeado la productividad y comercialización de maíz. A lo largo de estos 28 años de reunirse con representantes de países desarrollados y de asistir a múltiples encuentros sobre diferentes problemáticas, la situación en México no es la mejor de los 34 países miembros del organismo, incluso ha quedado en los últimos lugares en cuanto a desarrollo, educación y bienestar infantil, entre otros. Contrario a lo que se pronosticaba al inicio de la firma del TLCAN, la superficie de cultivo de maíz no ha mostrado aumento, lo que responde principalmente a dos cosas: 1) carencia de incentivos para su cultivo, 2) Impulso para la “reconversión de cultivos” [4], sobre todo en las regiones maiceras menos productivas.

Otro factor que ha contribuido a la importación de granos, sobre todo de maíz amarillo, es la expansión e impulso de la ganadería para cubrir la demanda de carne para exportación. Cabe señalar en este punto, que la crianza extensiva de animales demanda grandes cantidades de agua y maíz, este importante cereal en el pasado tuvo prohibición para ser usado como alimento animal, empero, dicha prohibición fue eliminada a mediados de los años 90, ocasionando con ello, un aumento en la demanda de este cereal como alimento animal [5]. 

México no ha logrado tener autosuficiencia en cuanto a la demanda de maíz, pues además de la gran solicitud de consumo humano, el maíz se usa para la elaboración de alimentos balanceados para animales, lo que contribuye a que la demanda del cereal aumente significativamente. La organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) registra que la producción mundial de carne se incrementa anualmente, en 2004 se obtuvieron 258 millones de toneladas, estas cifras se han incrementado año tras año, en 2010 se registraron 282.2 millones de toneladas. De acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la producción pecuaria nacional, que incluye carne de ave, guajolote, porcino, bovino, ovino y caprino, se incrementó 7.8 por ciento de 2007 a 2011, al pasar de 17 millones 596 mil toneladas a 18 millones 972 mil de toneladas. En 2011 México fue el cuarto productor mundial de carne de ave (2.8 millones de toneladas), sexto de carne de bovino (1.8 millones) y décimo séptimo de carne de cerdo (1.2 millones) [6]. El tipo de carne que presenta un incremento constante en la producción y la demanda mundial es la de cerdo [7]. El cultivo de maíz está ligado al proceso de industrialización de carnes rojas y aves; lo que incluye efectos de diversa índole entre los que resaltan: el desmonte de grandes extensiones de selvas y bosques que son transformados en zonas de cultivo y una demanda creciente en la producción de granos, lo que favorece la práctica del monocultivo y el uso de agroquímicos. Cabe señalar que la industrialización de la agricultura del maíz responde más a una exigencia mundial que a las necesidades o intereses de los mexicanos [8], quienes han venido perdiendo la tradición de elaborar tortillas de buena calidad.

La revolución verde fue un modelo tecnológico alejado de los pequeños ejidatarios y minifundistas, dicho modelo se interesó principalmente en los grandes productores agrícolas, que eran quienes contaban con mayores extensiones de tierra y con buenas zonas de riego. El modelo instaurado durante la revolución verde se mantiene a pesar de que se ha demostrado que los sistemas de monocultivo que utilizan agroquímicos a gran escala tienen una afectación en los macro y micronutrientes de la tierra y en la diversidad de los microorganismos del suelo, y de la flora y fauna de acompañamiento, lo cual ha tenido significativas repercusiones en la producción nacional de granos y específicamente de maíz.

Oscar Aguilar Soto, autor del libro Las Elites del Maíz, menciona que la producción del maíz se tornó insuficiente a partir del desequilibrio agrícola que existió a mediados de los años noventa, el cual derivó en problemáticas estructurales económico y políticas del modelo agrícola, tales como: la reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico sectorial, la apertura comercial de México, la inclusión completa del sector agropecuario al TLCAN y la reforma del gobierno neoliberal de Salinas de Gortari, modificando la legislación agraria que incluyó la reforma del artículo 27 constitucional [9], la Ley Agraria, que entró en vigor en 1992 y derogó las siguientes leyes: Ley Federal de Reforma Agraria; Ley de Crédito Rural, Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y Demasías; Ley del Seguro Agropecuario y de Vida Campesina, y Ley de Fomento Agropecuario; a su vez, la nueva Ley creó el tribunal Superior Agrario, los Tribunales Superiores Agrarios, y la Procuraduría Agraria, la cual instituyo a la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia como órganos internos del núcleo de población ejidal o comunal. Las modificaciones que se realizaron cancelaron el contrato social agrario imperante desde la revolución mexicana y en su lugar dejaron indefensos a los ejidatarios y comuneros al suprimir el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de los núcleos agrarios al permitir la concentración de la tierra en predios que podían ser transferidos fácilmente. 

En 1993 se creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el cual no contempló candados adecuados para no beneficiar a familiares de funcionarios de primer y tercer grado, además de tener un padrón abierto, lo que dejó desprotegidos a los campesinos. Se crearon otros programas como: el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), y el Programa de Certificación en Comunidades (PROCECOM), durante los sexenios posteriores, se creó el programa de Alianza para el Campo, y posteriormente hubo un interés sobre el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural, entre algunas otras acciones que redundaron en “El programa de apoyo al campo que tan solo beneficio a grandes agroindustriales”[10]. 

También se creó el programa Empresas Rurales en Desarrollo (EMPRENDE), que tuvo como intención el atraer capital privado al campo mexicano. A partir de las modificaciones a esta ley han surgido inquietantes incógnitas sobre el futuro del campo mexicano y de sus producciones importantes como el maíz. Aun con la complejidad en la que se encuentran los campesinos comuneros y ejidales, los cuales tienen que enfrentar una política crediticia y financiera deficiente que no logra cubrir sus necesidades. Sin embargo, aun con las limitaciones que se presentan en las zonas agrícolas marginadas, el trabajo del sector campesino continúa contribuyendo de una forma importante a la producción y exportación de maíz en México.


Notas:

[1] E. Rajchenberg, ¿Milpas o chimeneas? La polémica en torno a la industrialización a mediados de siglo, Revista Chiapas, No. 10, p.161, 2000.

[2] SIAP, Comercio del maíz en el marco del TLCAN.

[3] Acuerdo de Marrakech, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947).

[4] Reconversión de cultivo: transformación en el tipo de cultivos, los cuales están sujetos a los apoyos que otorga la SAGARPA, que ha derivado en que se importen mayores volúmenes de maíz de los que se exportan.

[5] J. A. García, Importaciones de maíz en México: un análisis espacial y temporal, Investigación Económica, Vol LXIII, No. 250, p.132.

[6] SIAP, Estadística del sector agroalimentario y pesquero.

[7] FAO, Perspectivas alimentarias, análisis de los mercados mundiales, p. 8.

[8] A. Bartra, Del teocintle a los corn pops, en Esteva y Marielle, Sin maíz no hay país, CONACULTA, 2003.

[9] O. Aguilar Soto, Las élites del maíz, Universidad Autónoma de Sinaloa-Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2004, p. 98.

[10] C. Steffen, El modelo neoliberal y el difícil proceso organizativo que viven los ejidatarios mexicanos productores de granos, Polis 2005, UAM-Iztapalapa, p. 214.


* Esta es una colaboración del Colectivo Miguel Hidalgo de Celaya, Guanajuato, al que pertenece la autora.

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Foto de portada: Jesse Gardner (@plasticmind) / Unsplash.






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