SOMOSMASS99
Oscar Alzaga*
Martes 19 de mayo de 2020
El 22 de febrero de 1913 fueron asesinados Francisco I. Madero y José M. Pino Suárez, presidente y vicepresidente de México. Sus muertes, su previa destitución, la decena trágica y el asalto al poder han sido atribuidos a Victoriano Huerta y otros. A lo más, se señala al “Pacto de la Embajada” de Estados Unidos (EEUU) por la intervención del embajador, y pocos historiadores lo definen como Golpe de Estado, pero nunca se atribuye al gobierno de EU, solo señalan al entrometido embajador, como si hubiera sido autónomo. En realidad fue un Golpe de Estado del gobierno de EEUU y la oligarquía nativa, pues ninguna embajada actúa independiente de su gobierno, menos tanto tiempo y en tantos hechos: del 9 al 19 de febrero de 1913 fue la decena, el 17 firman el Pacto y hasta el 22 es el magnicidio.
La dictadura de 36 años de Porfirio Díaz garantizaba los privilegios de los empresarios yanquis, igual que los abusos de la oligarquía nacional. El gobierno yanqui y los oligarcas mexicanos fueron los verdaderos autores del Golpe de Estado; Huerta, el embajador y los demás sólo fueron los mercenarios al servicio de los poderosos que querían perpetuar la dictadura a través de Huerta, el usurpador visible.
Madero creyó que el sólo cambio de presidente y gobierno permitirían el cambio profundo que el país necesitaba, cuando en realidad el ejército era la columna vertebral de la dictadura que negaba cualquier libertad, salvo la simulación, montado sobre y en una estructura socioeconómica polarizada por la desigualdad entre la minoría dueña de todo y la mayoría en la miseria.
Madero tuvo la virtud de aglutinar el descontento popular contra Díaz en 1910, ganar la elección de 1911 e iniciar la guerra hasta lograr la huida del dictador. Estableció un gobierno democrático honesto, pero dejó intacta la estructura del poder socioeconómico y militar. Previo al Golpe de Estado, desde fines de 2011 y hasta el inicio de 1913 la prensa atacó sistemáticamente a Madero y su gobierno; lo desprestigia, hasta que la reacción se reagrupó en la Decena Trágica y el Plan de la Embajada.
Hoy, en la ONU, es de explorado derecho el papel de los mercenarios -sean periodistas o militares- que dan la cara, y los enmascarados que son realmente los que impulsan, primero, para desestabilizar un gobierno y, después, se convierten en golpistas hasta lograr su objetivo: dar el Golpe de Estado al gobierno surgido del voto popular y la legalidad.
Desde la actuación de los mercenarios en los medios de información se prepara el terreno, conforme avancen el desprestigio y desestabilización del presidente y su gobierno. Y atentan contra la libre determinación de los pueblos, el Estado de Derecho, la soberanía nacional y la popular.
La libre determinación de los pueblos es la base de la soberanía, para gobernar y elegir libremente a los gobiernos, sin intromisión de terceros, sean particulares, empresas o estados los que se muevan con fuerza y poder detrás de los mercenarios. Así lo señala la Resolución 1987/16 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que “condena a los mercenarios y a los que se sirven de ellos”.
El Código Penal Federal tipifica como delito de sedición las actividades de los mercenarios y a las de los que se sirven de ellos (ver los artículos: 130 en sus dos párrafos, el 132 fracción III, 141, 142 y 164 bis ya señalados públicamente por el abogado José Lavanderos), con castigos de cárcel y multas, según la gravedad del caso con que “ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones”. Como es invitar a desconocer al presidente de México, electo por más de 30 millones de ciudadanos, como lo hizo el millonario Luis Martín Bringas.
Las actividades de los mercenarios y las de los que se sirven de ellos, son un asunto de claro corte político contra el gobierno y la ciudadanía, no sólo aquella que eligió al gobierno, sino contra los que estamos por vivir bajo el Estado de Derecho y en la paz de la nación y el mundo.
Sobre todo en tiempos de emergencia sanitaria para la humanidad, nos parecen doblemente condenables y despreciables quienes protegiendo su interés millonario, lo anteponen a los de la población mayoritaria, con actividades ocultas y cobardes. “De mala fe”, señaló el canal 11.
La respuesta a los mercenarios públicos y los agazapados corresponde al gobierno y también al ciudadano “que tiene conciencia de sí mismo y que por ello sabe reconocerse en sus semejantes”, dijo José Revueltas, los que se sienten iguales a los demás seres humanos y hoy llaman a la solidaridad ante la pandemia de Covid-19.
El conflicto de los empresarios con el gobierno es porque no les gusta la política económica oficial, ellos ya no son los privilegiados. El Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales están desesperados por no ser los primeros beneficiados, como antes lo eran con los gobiernos del PRI y el PAN, al servicio de ellos. Ese es el meollo de la lucha política. a la que obedecen muchos medios (des)informativos retardatarios, capaces de mentir con tal de desprestigiar al gobierno.
Este momento político reclama la mayor participación ciudadana, como bien señala señala el senador Napoleón Gómez Urrutia: es la hora de que el pueblo hable, actúe y haga valer su libre voluntad: ¡Enhorabuena!
*Abogado, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Imagen de portada: Luis Martín Bringas, dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO. | Foto: Twitter @OficialFrenaaa
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