Madres Guerreras 

SOMOSMASS99

 

Editorial del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

Lunes 7 de marzo de 2016

 

Para las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos los golpes más arteros que han recibido recientemente, han sido de parte de las autoridades más encumbradas del país; el presidente de la república y el secretario de la SEDENA. El último agravio fue el 24 de febrero en la misma ciudad de Iguala, cuando se desplazó gran parte del gabinete presidencial para refrendar todo el apoyo al Ejército. Ese día el Estado Mayor sitió la ciudad y acorazó los lugares donde estaría Enrique Peña Nieto.

La acción bélica no era contra los grupos de la delincuencia organizada que pululan en Iguala, sino contra las organizaciones sociales, los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Todo el aparato represor se apostó en las entradas de la ciudad para impedir que las víctimas se acercaran a los eventos oficiales. Los mismos victimarios que se niegan a ser entrevistados por el GIEI, fueron los encargados de vigilar que los familiares de los desaparecidos no cruzaran sus filtros. Fue una acción deliberada de las cúpulas del poder: llegar con toda la fuerza del estado, apostarse en los lugares apropiados para el lucimiento presidencial, exonerar al Ejército de toda responsabilidad penal y cerrar filas para su defensa a ultranza.

Esta presencia evidenció la alianza estratégica que mantiene el presidente de la república con los militares que están siendo señalados en los expedientes de la PGR como parte de los actores gubernamentales que tuvieron injerencia en la desaparición de los 43 estudiantes. La demostración excesiva de la fuerza es una prueba fehaciente de un poder que aterra y que ha perdido el pulso de la realidad. Ve en las víctimas a los delincuentes y a los enemigos de alta peligrosidad. Es tanta su aversión y enojo con los familiares de los desaparecidos que los ignora y no tiene palabras para enviar algún mensaje a los padres y madres de los 43. De tajo busca borrarlos de la historia reciente. Pide no recordarlos más. De olvidar sus nombres, sus rostros y sus historias. A cambio de esta tragedia abandera al Ejército y les da trato de héroes ante el lábaro patrio.

Nada les importa que en Iguala las familias continúen encontrando fosas y desenterrando cuerpos. No les interesa que la población viva bajo la metralla de los grupos criminales. Los ajusticiamientos a plena luz del día les tiene sin cuidado y el control de la plaza que se mantiene en disputa, es parte del entramado delincuencial que no se toca, porque de acuerdo con lo que dice el informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la tragedia de Iguala “es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural casi absoluta en la que suelen quedar estos graves crímenes. Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del estado e integrantes del crimen organizado”.

Son ahora los padres y madres de los estudiantes los que tienen que ir a los tribunales para exigir a los jueces y magistrados que hagan bien su trabajo, que dejen de seguir actuando por presiones políticas o consignas de los poderes fácticos. Llegaron a Iguala para reencontrarse con la población pobre que es rehén de la delincuencia y de los esbirros del poder político. Además de continuar con la búsqueda de sus hijos también tienen que hacer frente a la embestida del gobierno que ha arreciado sus ataques contra los miembros prominentes del GIEI.

Los golpes contra los padres y madres se multiplican y lo peor de todo es que los hijos no aparecen. Además el tiempo de este segundo período del GIEI está por concluir. Mientras tanto el gobierno continúa con su táctica dilatoria del tercer peritaje y con sus reticencias a que el GIEI entreviste a los militares. El ala dura del gobierno federal, con su cálculo perverso empieza a endurecerse, a mostrar posturas intransigentes ante las instancias internacionales que emiten informes y recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en México.

El informe reciente de la CIDH fue recibido por el gobierno mexicano con gran desaprobación. Lo calificó como sesgado, parcial, carente de solidez y poco confiable. Quienes se encargaron de contestar en nombre del gobierno (PGR, SRE, SEGOB) se van por las ramas para hablar del México que ellos imaginan, para decir que existen avances legislativos e instituciones sólidas y autónomas. No refutan la realidad que a todos nos lacera, no dicen nada sobre la colusión que se mantiene vigente entre crimen organizado y agentes del estado. Guardan silencio sobre este patrón de desapariciones que nos remiten a los años de la guerra sucia y que se mantiene intocado con la participación de actores gubernamentales y grupos de la delincuencia.