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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
Cada que se anota un éxito, la Procuraduría General de Justicia del Estado se ufana de que sus investigaciones son realizadas por personal especializado, con acciones de inteligencia y apoyo de la tecnología del programa Escudo. De ser cierto el estribillo, el asesinato del periodista Gerardo Nieto en Comonfort no habría cumplido ya un mes en la impunidad.
El 26 de junio, después de que el comunicador fue encontrado sin vida en las oficinas del semanario El Tábano, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre no sólo se adelantó a descartar que el homicidio estuviera relacionado con su labor informativa. Intentó dar la impresión de que gracias a los profesionales que trabajan a su cargo las investigaciones habían avanzado de forma vertiginosa. Tanto, que le faltaba casi nada para poder confirmar que todo se debió a la desbordada discusión durante un convivio.
Transcurrido un mes y quedó atrás su aseveración de que gracias a los testimonios obtenidos, que habían abonado significativamente a las investigaciones, confiaba en que pronto estaría resuelto el homicidio. Ninguna de las declaraciones del procurador, lamentablemente, generaron confianza ni ayudaron a generar la expectativa de que, al menos para este caso que en una lógica elemental debería ser considerado de atención prioritaria, ya se superó el problema principal de la procuración de justicia: su ineficacia y su resultante, la impunidad.
Al correr de los días, el procurador trocó su optimismo por un prolongado silencio. Un silencio protegido por el mismo gobernador Miguel Márquez, que a su vez ha optado por esquivar el tema. Hacer mutis ante el primer caso de un periodista asesinado en Guanajuato, que ha tenido resonancia a nivel nacional e internacional, como dice el ejecutivo de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, Víctor Ruiz Arrazola, nos muestra que las investigaciones de la PGJE no son ni profesionales ni científicas.
Bien le haría el gobernador Miguel Márquez tener en cuenta la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su punto 9 establece: «El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada». Seguiremos en paciente espera. No vaya a ser que deliberadamente se quiera dejar pasar el tiempo o se pretenda encontrar la forma de fabricar culpables.
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