Masacre de migrantes en San Fernando: Siete años de impunidad

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 24 de agosto de 2017

 

Este día se cumplieron siete años exactos de que la Secretaría de Marina (Semar) realizó el hallazgo de los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres migrantes en el rancho Huizachal de San Fernando, Tamaulipas. Dos mil 555 días de uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos de personas en tránsito por México que hasta la fecha se mantienen en la impunidad, con la opacidad de las autoridades y la falta de acceso a la justicia y verdad para todas las víctimas.

El 26 de agosto, la Semar informó que los cadáveres encontrados dos días antes estaban apilados y al aire libre y que correspondían a migrantes provenientes de Centroamérica, todos ejecutados por la espalda y algunos con el tiro de gracia. A partir de entonces los medios de comunicación nacionales difundieron la versión de que los asesinos pertenecían al Cártel de Los Zetas y que acabaron con la vida de esas personas porque, una vez secuestradas, sus familiares se negaron o no pudieron pagar el rescate y tampoco accedieron a unirse a la banda.

A siete años de distancia, las organizaciones Fundación para la Justicia y Artículo 19 sostuvieron que las instituciones del Estado mexicano tienen una deuda histórica con las víctimas y con la sociedad en general, y están obligadas a dar razones sobre lo ocurrido en este caso y en las otras dos masacres de migrantes, la de 2011, también en San Fernando, y la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012, todas ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón, quien le declaró la guerra al crimen organizado.

Ambas organizaciones denunciaron que pese al tiempo transcurrido «las familias y la sociedad seguimos sin saber qué fue lo que sucedió; seguimos sin conocer el contenido de las investigaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR); y seguimos sin saber quiénes son los responsables. Siete años después, las familias continúan con la incertidumbre de no saber si los restos que les entregaron son los de sus familiares, porque siete años después el Estado mexicano no ha podido responder cómo se realizó el proceso de identificación.

«El Estado mexicano tampoco les ha reparado integralmente: siete años después y con siete amparos en contra de la negativa de México de reconocer su responsabilidad, las víctimas siguen buscando respuestas y luchando por obtener justicia».

Recordaron que debido a la resolución emitida el 24 de mayo de 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se vio obligada a cumplir con sus facultades, de modo que el 20 de junio de 2017 calificó esta masacre como una violación grave a derechos humanos y determinó que las familias y la sociedad tengan acceso a la investigación. No obstante, «a la fecha los familiares siguen esperando que la CNDH cumpla y les entregue las copias del expediente de queja CNDH/5/2010/4688/Q en el que este organismo investigó la muerte de sus seres queridos».

Relataron que las víctimas han debido emprender sendos litigios para tener acceso a la investigación penal de la PGR. Y tal como sucede con la CNDH, la información que se les ha proporcionado es escasa, pese a existe ya un Mecanismo de Apoyo Exterior para facilitar la comunicación con víctimas de delitos cometidos en territorio mexicano, que radican en el extranjero. «Las autoridades mexicanas no han acudido a sus países de origen a darles una explicación sobre los avances o líneas de investigación que se siguen en torno al caso».

«Tratándose de graves violaciones a derechos humanos o crímenes de lesa humanidad -como en los casos de las masacres de San Fernando 2010, San Fernando 2011 y Cadereyta 2012-, esclarecer públicamente la verdad no sólo es un derecho de las víctimas, sino que acceder a esta información constituye un derecho humano de toda la sociedad que debe ser resguardado», afirmaron las organizaciones.

Fundación para la Justicia y Artículo 19 informaron que debieron promover dos amparos ante las negativas para tener acceso a las averiguaciones previas de estas tres masacres de migrantes. Actualmente, ambos amparos se encuentran listados para su discusión en el Pleno de la Corte con los folios 661/2014 y 453/2015, respectivamente. «Los ministros y las ministras de la SCJN tienen el deber jurídico de garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad de las víctimas, sus familiares y la sociedad. Las entregas que se realicen deben garantizar el pleno acceso a la información de las averiguaciones previas».

Puntualizaron que el pasado 3 de agosto, la Fundación para la Justicia, por orden del Poder Judicial, recibió las copias de la versión pública elaborada por la PGR y pudo comprobar que «17 de los 19 tomos que integran la investigación del caso Cadereyta ejemplifican la simulación y la burla con la que el Estado mexicano pretende garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho a la verdad».

Ambas organizaciones exigieron que la PGR abra las investigaciones que ha realizado en torno a las tres masacres de migrantes, toda vez que «la masacre de las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando ya ha sido calificada como una violación grave a derechos humanos por parte de la CNDH y de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) no puede invocarse reserva en torno a violaciones graves a derechos humanos».

Demandaron que la entrega de esa información se realice en términos que garanticen efectivamente el derecho a la información y no en las condiciones de opacidad como se pueden observar en las fotografías del expediente de Cadereyta, donde el texto y las imágenes fueron ocultadas.

«Las víctimas y la sociedad tienen depositada su confianza en el Poder Judicial, pues los ministros y las ministras de la SCJN decidirán si habrá acceso a las investigaciones de las tres masacres. El sentido en el que falle la Corte determinará criterios para saber si tenemos que esperar más de siete años para conocer la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos», dijeron Fundación para la Justicia y Artículo 19.

En este orden, desde el miércoles se realizaron varios actos para exigir justicia para las víctimas de la masacre de San Fernando. En el Museo de la Memoria y la Tolerancia se llevó a cabo el foro InMemoriam 72, y este día familiares se manifestaron frente a las instalaciones de la PGR en Paseo de la Reforma para demandar la identificación de todos los cuerpos y que se les dé acceso a los expedientes de las investigaciones.

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Imagen de portada: Aspecto de la manifestación de familiares de las víctimas de San Fernando frente a la PGR. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.