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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Lunes 1 de octubre de 2018
- A 50 años de la masacre de Tlatelolco, cometida en 1968, gran parte de la sociedad mexicana desconoce a plenitud que sucedieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, señala la CMDPDH.
- Se ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana, por no incluir las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80.
- Poder Judicial resolverá si la SEP está obligada a incluir la guerra sucia en los programas educativos
A 50 años de la masacre de Tlatelolco, el Estado mexicano no ha garantizado verdad, justicia y reparación integral del daño a miles de víctimas del periodo histórico conocido como la Guerra Sucia, caracterizado por represión estatal y violaciones sistemáticas de derechos humanos, sostuvieron hoy expertos y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
Como parte de dicha omisión, añadieron, hasta el día de hoy no existen políticas de memoria para reivindicar a las víctimas y sus familiares. De igual manera, no hay contenidos educativos «que permitan vislibilizar las atrocidades cometidas por el Estado mexicano» y que debieran formar parte de políticas de reconocimiento, no-repetición, memoria y verdad.
Tanquetas del Ejército en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. | Foto: Blog Diana López Santiago.
«En este marco, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha violado el derecho a la verdad de la sociedad mexicana en su conjunto por no incluir en sus programas educativos la enseñanza de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en México durante la Guerra Sucia de los años 60, 70 y 80. En virtud de ello, las organizaciones firmantes hemos presentado una demanda de amparo para exigir a la Justicia Federal que subsane esta omisión histórica», toda vez que «el reconocimiento de las atrocidades cometidas por el Estado es fundamental en toda sociedad democrática».
A través de un posicionamiento público, las organizaciones Equipo Indignación, Artículo 19, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Carlos Luis Escoffié Duarte, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, señalaron que a 50 años de la masacre de Tlatelolco, cometida el 2 de octubre de 1968, gran parte de la sociedad mexicana desconoce las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por parte del Estado mexicano durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado.
«En el marco de la llamada Guerra Fría, México, al igual que el resto de América Latina, fue escenario de represión estatal a todo tipo de disidencia y movimientos sociales, desde censura y encarcelamientos políticos, hasta masacres, torturas y desapariciones forzadas.
«La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un capítulo que se enmarca en una estrategia de represión estatal y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos a la vida, la libertad e integridad personales que ocurrieron durante la Guerra Sucia. Casos en contextos urbanos (como la Matanza del Jueves de Corpus ‘El Halconazo’), así como en áreas rurales (como la Operación Telaraña y la Operación “Vuelos a Oaxaca”), constituyeron ese período de represión estatal que ha sido reconocido y analizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero. Oficialmente, se reconocen al menos 771 desapariciones forzadas durante ese contexto».
Los ex presidentes Luis Echeverría Álvarez y Gustavo Díaz Ordaz. | Foto: De10.
Puntualizaron que la crisis de violaciones a derechos humanos que hoy día vive México debe entenderse a la luz de la ausencia de verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos durante la Guerra Sucia. Además de que tras la transición electoral del año 2000, el Estado mexicano no generó una transición institucional que permitiera la abolición de prácticas represivas, ni ofreció una justicia transicional a las víctimas. De hecho, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado se cerró en 2007 sin lograr el acceso a la justicia y sin construir una narrativa sobre qué ocurrió y por qué razones.
«El Estado Mexicano lleva 50 años dando el mensaje de que graves crímenes en contra de los derechos humanos pueden cometerse sin consecuencia de ningún tipo», añadieron. De tal cuenta que el primer paso para revertir ese mensaje y comenzar a abordar medidas de no repetición es garantizar que la sociedad en su conjunto conozca los hechos de lo ocurrido y que éstos no pueden quedar impunes.
Recordaron que en 2016 el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) creado para investigar la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, incluyó entre sus recomendaciones precisamente la de garantizar el derecho a la verdad por los crímenes de la Guerra Sucia.
«Las víctimas y sus familiares de la Guerra Sucia no son víctimas del pasado. Son personas agraviadas por el Estado que forma parte de nuestra sociedad y que siguen esperando justicia. Los crímenes no han prescrito legal, moral, ni históricamente. Atender la memoria de este período es el primer paso para formular propuestas para una transición efectiva ante la violencia de la actual guerra contra el narcotráfico y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de ambos períodos».
Estudiantes de la UNAM durante una manifestación en Ciudad Universitaria (1968). | Foto: Watch and Think.
Respecto del recurso presentado contra las omisiones de la SEP, señalaron que el Juzgado Séptimo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dentro del juicio de amparo 1014/2018, tiene la oportunidad de emitir una sentencia histórica que reivindique a las víctimas y que permita ir construyendo una nueva relación entre la sociedad en su conjunto y el período de represión estatal y violaciones de derechos humanos conocido como la Guerra Sucia.
Y explicaron que en dicha demanda de amparo se planteó que, conforme a la Constitución Federal, la educación tiene como una de sus principales metas la formación en derechos humanos y los valores democráticos. De modo que «cuando han ocurrido graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país, ese mandato implica garantizar, además, el derecho a la verdad de la sociedad, el cual es un derecho humano reconocido en el ámbito internacional».
Imagen de portada: Elementos del Ejército mexicano en el Zócalo de la Ciudad de México durante una manifestación estudiantil en 2018. | Foto: Watch and Think.
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