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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 30 de agosto de 2019
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador el gobierno de la República decidió aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales, lo que constituye un cambio radical en la postura de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El anuncio del subsecretario Encinas Rodríguez se da en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada que se celebra este día y responde a una petición realizada por organizaciones defensoras de derechos humanos por lo menos desde el año 2014, con el propósito de que México reconociera lo establecido en el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Tal articulado señala en su punto 1, a la letra, que «cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración».
En la conferencia de prensa realizada hoy en Palacio Nacional, Encinas Rodríguez dijo: «El presidente ha instruido aceptar la competencia del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas para recibir y examinar comunicaciones individuales. Para ello se ha instruido a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar dicha aceptación a partir del día de hoy, 30 de agosto de 2019, esto en congruencia con la suscripción que ya hizo el gobierno mexicano de la Comisión Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en 2007, así como las recomendaciones que emitió ya Naciones Unidas en materia de derechos humanos en marzo de 2019, con lo cual se da un paso muy importante en el conocimiento de las competencias de este comité».
Tendedero de protesta por las desapariciones frente a Palacio Nacional en diciembre de 2014. | Foto: Armando Monroy / Cuartoscuro / Archivo.
Esto supone, a su vez, el reconocimiento expreso del actual gobierno de la República de que las instituciones del Estado mexicano están involucradas en desapariciones forzadas de personas en el territorio nacional en distintos periodos de tiempo, en particular desde que el ahora expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra contra el narcotráfico en 2006 y se dio inicio a una crisis generalizada de violaciones a los derechos humanos, como lo han denunciado decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Esta fue, de acuerdo con Encinas Rodríguez, la segunda de las instrucciones dictadas por el presidente López Obrador. Las otras son «el compromiso absoluto» del gobierno federal con la búsqueda de personas desaparecidas como una prioridad por ser una «grave violación de los derechos humanos», bajo el principio de que esa búsqueda será en vida; girar una invitación para que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU realice una visita oficial al país en el segundo semestre de 2020, como respuesta a una solicitud que el propio Comité presentó desde 2013 y que «recurrentemente el gobierno anterior se negó a dar, evidentemente buscando no solamente invisibilizar este problema, sino tratar de ocultar realmente la magnitud de la tragedia que se tenía»; atender las decisiones internacionales relacionadas a casos de desaparición para avanzar en la construcción de soluciones amistosas, particularmente a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores; establecer convenios de colaboración científica, por ejemplo el que se suscribió hoy mismo con Conacyt y sus centros de geomática para atender el desarrollo de programas regionales de búsqueda; presentar a la brevedad una iniciativa legislativa para hacer efectivo el Mecanismo Extraordinario Forense; y comisionar a la Unidad de Búsqueda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Comisión Nacional de Búsqueda para respaldar todas las tareas de búsqueda de personas en el país.
Los estados
Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
Antes de la intervención de Alejandro Encinas, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, informó que de finales de 2006 a la fecha se ha contabilizado un total de tres mil 24 fosas clandestinas en todo el país y que los estados con mayor número son Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco. Además, las entidades que han tenido un repunte son Nuevo León, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. A ello, añadió, se tiene registrado en el mismo periodo un aproximado de cuatro mil 874 cuerpos. «Son datos dinámicos que seguimos corroborando y seguimos trabajando con las instituciones y las familias», aseguró.
Fotos de portada e interiores: Presidencia de la República.
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