México, de los países más peligrosos del mundo para ambientalistas

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Guanajuato, Gto. / Martes 28 de junio de 2016

 

Del año 2010 al 2015, con 33 asesinatos, México se convirtió en el sexto país del mundo más peligroso para defensores del medio ambiente. Sólo fue superado por Perú (50), Filipinas (88), Colombia (105), Honduras (109) y Brasil (207), según el reporte En Terreno Peligroso, presentado por la organización internacional con sede en Londres, Global Witness, que registra en ese periodo 726 muertes violentas de activistas en 26 países.

En lo que toca al continente americano, nuestro país ocupa el quinto lugar. Durante esos mismos años, presenta menos casos que Brasil, Honduras, Colombia y Perú, pero más que Guatemala (32), Nicaragua (15), Paraguay (13), Argentina (6) y  Venezuela (1).

Respecto al año 2015, Global Witness reporta 185 muertes en 16 países, una de ellas registrada en aguas internacionales. En esa lista, México ocupa el décimo lugar con cuatro casos. Solamente es superado por India (6), Honduras (8), Guatemala (10), RDC Congo (11), Nicaragua (12), Perú (12), Colombia (26), Filipinas (33) y Brasil 50.

Tan sólo el año pasado, en promedio, murieron asesinadas tres personas cada semana. Dato que supone, «con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, además de un aumento del 59 por ciento respecto de 2014. Las graves restricciones que existen implican que, sin duda, la cifra real es aún mayor».

Lo que ha motivado tantos ataques mortales es que las personas víctimas se dedicaban a «defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas», señala la organización, que explica que «entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

«Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive», señaló a través de un comunicado Billy Kyte, encargado de campañas de Global Witness, quien añadió: «Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo. Por cada asesinato que documentamos, hay muchos otros que no se denuncian. Los gobiernos deben intervenir urgentemente para detener esta espiral de violencia».

El informe En terreno peligroso destaca la notable vulnerabilidad de los pueblos indígenas, cuyos débiles derechos sobre la tierra y aislamiento geográfico los convierten en el objetivo habitual del acaparamiento de tierras y recursos. Casi un 40 por ciento de las víctimas de 2015 pertenecía a grupos indígenas.

«El padre y el abuelo de la activista filipina Michelle Campos, por ejemplo, fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a tres mil indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

«Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen», comentó Michelle Campos, de acuerdo a la información difundida por la organización inglesa. «Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron sólo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos», añadió.

Global Witneess exigió también medidas urgentes y significativas para acabar con la creciente oleada de violencia que este año resultó en el asesinato de la reconocida activista Hondureña Berta Cáceres, y exhortó a los gobiernos de los países afectados a aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir violencia, intimidación o amenazas; investigar los delitos, incluyendo a sus «cerebros» corporativos y políticos, aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia; defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades; y solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales.