Marchan en defensa de implicados en matanza de Tlatlaya
Redacción SomosMass99 / Agencias
México, D.F. / Octubre de 2014
- La Organización Nacional Humanista por el Progreso Social convocó a la manifestación para pedir un trato justo a los elementos involucrados en el caso Tlatlaya.
Familiares y simpatizantes de militares salieron en defensa de los ocho implicados en la matanza de Tlatlaya. Por primera vez salieron a manifestar públicamente su apoyo, con pancartas y playeras con la leyenda #Yosoy26, el hashtag que identifica al movimiento en apoyo a los 25 militares involucrados en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México el pasado 30 de junio.
“Son personas que tienen familias”, que trabajan en condiciones difíciles y no merecen ser criminalizados, dice Magdalena, la madre de un teniente adscrito en Morelos.
La marcha partió de la catedral metropolitana hacia la residencia oficial de Los Pinos, participaron unas 150 personas. El acto concluyó con la entrega de un pliego petitorio de nueve puntos y la recepción de éste con la promesa de establecer una mesa de negociación, por parte de la oficina de atención ciudadana de la Presidencia de la República.
De acuerdo información del periódico La Jornada, Cinco integrantes de la organización Humanista por el Progreso Social y de la Asociación Civil General Jesús Gutiérrez Rebollo dialogaron con personal de Presidencia de la República y entregaron un documento que, entre otras cosas, solicitaron la creación de un marco jurídico que regule la participación de las fuerzas armadas en tareas urbanas como son las de seguridad pública y la lucha contra el narcotráfico o, en su defecto, que se les permita a los integrantes de las fuerzas armadas regresar a sus cuarteles.
Asimismo, pidieron la creación de un “comité ciudadano que vigile el correcto funcionamiento de la dirección general de Derechos Humanos perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual ha sido totalmente omisa en sus funciones y no ha emitido recomendación alguna en favor de los derechos humanos del debido proceso, en favor de ningún elemento militar, figura que no ha cumplido con la intención para la que fue creada por ser una dirección, que al pertenecer a la Sedena, claramente es una institución de consigna”.
- La manifestación llegó Los Pinos, ahí César Gutiérrez, especialista en derecho militar, dijo que espera que este “grito” sea atendido a tiempo.
En tercer lugar se le pide al Presidente de la República “la revisión del asunto del general Ricardo Martínez Perea, el cual fue procesado y sentenciado con base a un anónimo y a orden expresa del ex presidente Vicente Fox Quezada. Está pendiente el desahogo del incidente extraordinario de reconocimiento de inocencia presentado ante el pleno del Supremo Tribunal Militar”.
Cuarto, se solicita que los miembros de las fuerzas armadas mexicanas no sean violentados en sus derechos humanos más elementales al ser prejuzgados y ser despojados de toda prestación económica y de seguridad social al ser señalados presuntos responsables de algún delito.
Como quinta petición está la solicitud de “creación de un comité ciudadano de vigilancia, con juristas especializados en derecho militar, que supervise la correcta aplicación de las leyes castrenses, ya que el fuero de guerra únicamente es una justicia de mando, que se utiliza de forma autoritaria en perjuicio de los derechos humanos y procesales de los elementos de las fuerzas armadas”.
También se pide que se resguarde a las familias del personal de las fuerzas armadas que participen en la lucha contra el narcotráfico para que no sean objeto de represalias por parte de los grupos del crimen organizado.
El séptimo punto del pliego petitorio solicita que los militares o marinos que realicen funciones de seguridad pública perciban la prestación de aguinaldo que reciben los policías.
De igual manera se solicita la revisión del trabajo que realiza el personal de la policía ministerial Federal Militar, “puesto que del actuar de dichos elementos se desprende que someten a torturas al personal militar al que investigan, emitiendo la CNDH más de 96 recomendaciones sin que hasta el momento exista sanción alguna por dichas denuncias”.
- Exigen “la creación de un marco jurídico que regule la participación de las Fuerzas Armadas” en las tareas de seguridad pública.
Como noveno punto “se solicita que el personal militar involucrado por el caso Tlatlaya se le juzgue conforme a derecho y se deje de violentar la presunción de inocencia que opera en su favor, toda vez que hasta el momento ha existido un clima de linchamiento hacia el Ejército Mexicano y a los miembros de dicha institución, de los cuales, si son culpables, se les castigue de la forma que las leyes contemplan dentro del marco jurídico”.
Los manifestantes pidieron que no se violenten los derechos procesales de aquellos militares que se ven involucrados en procesos penales por realizar funciones de seguridad pública y de lucha contra el narcotráfico.
Finalmente, solicitaron la creación de una mesa de diálogo para que se pueden revisar más de cien causas penales en contra de elementos militares, en la que según los manifestantes, se han violentado sus derechos humanos y procesales.
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