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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 4 de octubre de 2016
Las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en Atenco y Texcoco, tras concluir el litigio de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han dado un paso trascendental no sólo en su lucha por la justicia sino para impulsar cambios transformadores en el país: han llevado al Estado mexicano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), última autoridad judicial en el sistema regional de derechos humanos.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organizaciones acompañantes de las víctimas, informaron que en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le dio la razón a las denunciantes al encontrar que sufrieron detención ilegal y arbitraria, diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, falta de debido proceso y denegación de justicia. Ante la falta de respuesta de parte de México, el órgano de derechos humanos notificó su decisión de enviarlo al Tribunal interamericano, avanzando hacia una nueva etapa del litigio internacional por el caso.
- Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
“El Estado llevó una estrategia de desgaste, de revictimizarnos, hacernos sentir culpables y producirnos daño sicológico y moral”, explicó en conferencia de prensa Claudia Hernández, una de las denunciantes. “Nuestra dignidad está en alzar la voz y caminar por 10 años para denunciar y no callarnos sobre el miedo, por sus amenazas, sus ofensas”, agregó. “Nuestra dignidad está en probar la responsabilidad de los que plantearon y ejecutaron ese operativo. No somos las violadas de Atenco, somos luchadoras sociales y nuestra lucha continuará para obtener justicia”.
Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, apuntó: que «el caso de las mujeres de Atenco haya llegado al máximo Tribunal de derechos humanos de la región implica, no sólo el reconocimiento de la gravedad de lo ocurrido sino también un llamado de atención de la CIDH, para que el Estado mexicano profundice las investigaciones y se pueda identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables».
A pesar de que el propio Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo el Estado no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
A una década de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006 no hay una sola sentencia condenatoria firme y los procesos penales en curso se limitan al fuero estatal y se desarrollan a partir de acusaciones en contra de cuatro decenas de agentes de bajo rango, sin abordar otras esferas y niveles de responsabilidad, aspectos que para la CIDH comprueban la falta de cumplimiento del Estado de su deber de sancionar a todos los responsables.
Para las mujeres denunciantes, el contundente Informe de Fondo de la CIDH y la llegada de su caso ante la Corte IDH -a pesar de los obstáculos y demoras que pretendió imponer el Estado a lo largo del proceso- significan no sólo logros en su caso, sino una oportunidad para impulsar cambios en nuestro país. Recordamos que las denunciantes llevan años luchando contra la tortura sexual a mujeres. En el año 2014 fundaron la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, que se ha vuelto un espacio de solidaridad para sobrevivientes de esta práctica.
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y de dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al pleno reconocimiento y erradicación de este fenómeno de plena vigencia hoy.
- Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
El análisis de la Corte IDH de ciertos aspectos del operativo policiaco de mayo de 2006 -incluyendo la planeación, realización, supervisión y posterior impunidad en relación con los graves actos ya comprobados ante la CIDH- será esencial en un contexto en que la respuesta gubernamental ante diversas expresiones de oposición social en los últimos años ha sido el uso arbitrario de la fuerza y la tortura por parte de agentes de seguridad sujetos a estructuras de mando, dañando familias, colectivos y comunidades.
El caso Atenco es muestra paradigmática de la impunidad vigente que posibilita la repetición crónica de graves violaciones a derechos humanos. La sentencia de la Corte IDH podrá ser una herramienta importante para combatir estructuras de impunidad a través de la sanción de todas las formas de responsabilidad en un caso concreto, aprovechando el alto grado de documentación de los hechos y el análisis de los órganos del Sistema Interamericano.
Finalmente, la lucha de las mujeres de Atenco podría ser una oportunidad para establecer medidas de no repetición que eviten que este tipo de hechos vuelvan a suceder, como la emisión de una verdadera ley de uso de la fuerza basada en estándares internacionales, el establecimiento de mecanismos de control y supervisión de operaciones policiales y la implementación de instrumentos especializados para la investigación y sanción de la tortura sexual.
* Con información del Centro Prodh y CEJIL
* Foto de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
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