Agustín Galo Samario / SomosMass99
Jueves 17 de mayo de 2015
Las mujeres periodistas son agredidas física y psicológicamente, en la mayoría de las veces por parte de funcionarios públicos. Y cuando denuncian, no se les cree y se dan casos en que las autoridades que investigan utilizan elementos de su vida personal para descalificarlas, dijo aquí Lucía Lagunes Huerta, coordinadora general de Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en la presentación del estudio Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal.
El informe, elaborado por Cimac con apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, la embajada de Noruega en México y la Fundación Heinrich Böll, dice en su presentación que documentar las condiciones que enfrentan las mujeres periodistas para hacer su trabajo, reconocer su situación de desigualdad es un paso para romper la impunidad. Es romper el silencio y poner luz donde la oscuridad permea, esa aliada de los poderosos que buscan mantenernos en el anonimato.
“Este Informe es una muestra de que el Estado mexicano aún está en deuda con la libertad de expresión y las periodistas. Porque una institución sin verdadera determinación para proteger a las víctimas, resarcir el daño y caminar en la justicia, no sirve”.

- Lucía Lagunes presentó el estudio sobre las condiciones en las que trabajan las periodistas en México.
Lucía Lagunes explicó que una de las razones que llevaron a Cimac a realizar el estudio es que a pesar de que hace tiempo la ONU reconoció a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, desde siempre las mujeres estaban prácticamente fuera de las listas de agresiones a periodistas. Los únicos eran los hombres, sobre todo desde que inició la guerra contra la delincuencia.
En 2011 iniciaron una investigación profunda para saber por qué las mujeres no aparecían. Descubrieron varias cosas: que el foco de atención se centra en el crimen organizado y que los compañeros hombres son los que cubrían esa fuente; que las mujeres eran asignadas a cultura, educación, salud; que luego ya reportaban temas de migración, feminicidios, política y que, así, salían a la luz pública “los cochupos”, la corrupción; y que a las mujeres se les agrede física y psicológicamente.
Cimac documentó 184 casos de agresiones de 2002 a 2013. El seis por ciento fueron feminicidios; el dos por ciento, desapariciones; el 55 por ciento de las víctimas trabajaba para la prensa escrita, el 30 por ciento para radio y televisión, y el 15 por ciento en medios digitales; el 58 por ciento eran reporteras; el 51 por ciento, tiene o tenía dos o tres hijas o hijos; el 39 por ciento de las agredidas realizaban investigaciones sobre corrupción; el 46 por ciento de ellas cubría o cubre la fuente política; y el 52 por ciento de los victimarios son funcionarios públicos. En el transcurso de estos once años las agresiones contra las periodistas aumentaron dos mil 250 por ciento.
Sin protección
Acaso para no terminar simplemente en cifras, como dice el informe, Lagunes Huerta recordó el caso de una periodista que denunció la agresión en su contra. Pasó que las autoridades que abrieron la investigación le pidieron acceso a su computadora y le robaron sus claves de acceso a correos electrónicos y a redes sociales. Se enteraron que sostenía una relación amorosa y usaron esos datos para acusarla de que le gustaban mucho los hombres. Lo más grave fue que se publicaron en redes montajes en los que parecía tener relaciones sexuales con un funcionario.
“Entonces, lo primero que sucede es que cuando las periodistas denuncian no se les cree. Elementos de la vida personal se usan en su contra; a los hombres no les roban las claves, a las mujeres sí”. “Lo que vemos es que el proceso de justicia (en México) no retoma recomendaciones internacionales para garantizarles a las mujeres el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia. Incluso para el caso de las periodistas, en 2012 el comité de expertas de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU) le recomienda al país que incluya en todas sus instituciones y mecanismos de protección la perspectiva de género”.
Hoy en día hay factores fundamentales para poder visualizar lo que sucede con las mujeres periodistas. El año pasado por primera vez en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA se hizo un capítulo sobre lo que ocurre con las mujeres periodistas en Latinoamérica. Reporteros Sin Fronteras hace hallazgos sobre asesinatos, desapariciones, amenazas y secuestro. “Sin embargo se queda en el dato y no profundiza sobre lo que está ocurriendo con las mujeres periodistas secuestradas, no se sabe si están siendo liberadas, si fueron asesinadas o qué pasó con ellas. Y eso, me parece, al no investigarse vuelve a dejar en un estado de impunidad y de violencia a las propias reporteras”.

La periodista Verónica Espinosa habló de la reciente agresión que recibió del presidente de la Federación Nacional de Esgrima, Jorge Castro Rea.
Naturalización de la violencia
En la presentación del informe participó también la periodista Denisse Hernández, quien se refirió a la frecuencia con que funcionarios públicos tratan a las reporteras “como tontas”. Cuando se dirigen a ellas las llaman niña, chiquita o utilizan términos similares que las degradan. O las acosan veladamente tocándolas o con gentilezas del tipo de: “¿Qué quieres? ¿Te traigo algo?”.
En cuanto al acoso y la forma de enfrentarlo con la intención de prevenir, dijo en la sesión de preguntas del público que “a veces creo que ya ni nos damos cuenta, porque estamos tan inmersas en esta naturalización de la violencia”.
Verónica Cruz Sánchez, directora del centro Las Libres, dijo en su turno que para empezar hay que llamarle a las cosas como son: “Se trata de hombres que agreden a mujeres; de hombres con poder que lo usan para agredir a mujeres; y de hombres con poder que utilizan recursos públicos para agredir a las mujeres. Como sociedad hay que abordar el tema. Incluso en el ámbito académico hay quienes critican a las periodistas y las acusan de hacer activismo como si eso fuera censurable. Hay funcionarios que tienen ganas de agredirnos porque investigamos el uso de recursos públicos. Antes me preguntaban si había casos de agresiones a mujeres periodistas y decía que no, ahora digo que sí. Tenemos que parar esto porque no queremos un Veracruz en Guanajuato”.
Para Lucía Lagunes, lo que hay que reflexionar como gremio no es solamente qué se debe hacer para que en Guanajuato no pase lo que en otros estados, porque lo que pasa aquí ya es muy grave. “La violencia es utilizada para detenernos, para intimidarnos, para meternos miedo. Como me dijo una compañera de otro estado: ‘si pudieron asesinar a Regina Martínez…, si pudieron sacar a Carmen Aristegui, qué no va a pasar conmigo que estoy aquí’. Pero si no naturalizamos esa violencia, vamos a ir combatiéndola. ¿Cuántos casos necesitas aquí en Guanajuato para que sea grave? Uno sólo, ya hay la primera (refiriéndose a Karla Silva Guerrero, corresponsal en Silao de El Heraldo de León). Hay que revisar desde donde hacemos nuestro trabajo, para decidir dónde estoy y dónde quiero estar”.
La periodista Verónica Espinosa, que fungió como moderadora, comentó que cuando funcionarios públicos acosan a las periodistas hay ocasiones que, “en la mirada de los compañeros (se percibe) que lo que acaban entendiendo es que parece que hay una relación especial entre la fuente y la periodista. Y, ¡ah!, (dicen) es que ella está aprovechando para sacar mejor nota. Eso se vuelve, una vez más, un caso en que la vida privada es usada como una herramienta, un elemento en contra del trabajo periodístico de la mujer”.
Antes, también como ejemplo de las agresiones contra mujeres periodistas en Guanajuato, habló de Karla Silva, golpeada en septiembre pasado por ejercer un periodismo crítico y cuyos tres agresores confesos se encuentran libres; prófugo el ex director de Seguridad Pública de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero; e impune y tranquilo en sus oficinas el principal sospechoso, el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola. Mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR persiste en su decisión de no intervenir en el caso.
Otro funcionario agresor
En entrevista, Verónica Espinosa también mencionó la experiencia que vivió el lunes cuando fue agredida por el presidente de la Federación Nacional de Esgrima, Jorge Castro Rea, al solicitarle una entrevista, por la que este jueves presentó una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que quedó asentada bajo el número de expediente 131/2015-A. Llevó como testigos al entrenador cubano Alexander Lorente y a la presidenta de Asociación Estatal de Esgrima de Zacatecas, Ana Leslie Martínez Ponce.
Lorente y Martínez Ponce fueron testigos de la agresión a la periodista en las instalaciones del complejo Galerías donde se desarrolla en campeonato nacional de esgrima. Un evento público, clasificatorio de la olimpiada nacional y, por lo tanto, que recibe recursos públicos de la Conade, presidida por Alfredo Castillo, ex comisionado para seguridad en Michoacán y quien, según la revista Proceso, al llegar a la Comisión Nacional del Deporte amenazó con meter a la cárcel a algún presidente de las federaciones nacionales para hacerlos entrar en orden.
La corresponsal del semanario en Guanajuato relató que Castro Rea quiso reservar el derecho de admisión a las actividades del campeonato nacional y por un conflicto personal que tiene con Lorente, le impidió el acceso. “El entrenador lo denunció a Proceso y a mí me enviaron a cubrir la información. Él fue sacado y de pilón el presidente de la federación me sacó a mí.
“Su actitud fue subiendo de tono hasta llegar a la agresión al arrebatarme de un manazo el celular con el que había tomado algunas fotografías, que además es propiedad de la revista. Se lo pasó a una colaboradora para que las borrara, pero como no pudo, él las borró y luego ya me lo pasó.
“Siempre me identifiqué como periodista, pero su agresión siempre fue dirigida hacia mí a pesar de que ahí estaba el entrenador. A él lo mandó sacar con una tercera persona, nunca lo encaró y a mí sí, todo el tiempo me estuvo confrontando. Me gritó, se negó a darme la entrevista.
“Pero no sólo eso, es más, me dijo que yo quién era, que cómo había entrado, que quién me había autorizado, que yo no debía estar ahí y que me tenía que ir. Me mostró el letrero de la entrada donde decía que la organización se reservaba el acceso, me gritó que el evento era privado, que él podía dejar a quien quisiera y que no quería dejarme entrar. No quería que estuviera ahí y que si no, me iba a mandar sacar. Y lo hizo, ordenó a una colaboradora suya que me sacara. En todo momento me sentí amenazada, pensé que hasta me iba a agredir, porque él estaba sumamente molesto”.
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