Municipio de Mérida viola DDHH de trabajadoras sexuales: ONG

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 13 de agosto de 2020

 

Mediante diversos operativos realizados por la Policía Municipal de Mérida, trabajadoras sexuales del Centro Histórico han denunciado la comisión de violaciones a sus derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, persecución, extorsión, amenazas, hostigamiento, robo e incluso actos que podrían ser considerados como tortura, informó la organización civil Equipo Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos.

A través de un comunicado, Equipo Indignación relató que el 10 de agosto la Policía Municipal de Mérida detuvo de manera arbitraria a ocho trabajadoras sexuales que laboraban por el rumbo de San Cristóbal, en el centro de la ciudad de Mérida. El argumento utilizado por la policía fue que “no estaban guardando la distancia y por cometer disturbios». Posterior a su detención y traslado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde fueron privadas de su libertad, les quitaron la ropa, les tomaron fotos, las grabaron, además de que, a una de ellas, una policía le introdujo un dedo. Todo mientras recibían burlas de los elementos policíacos. Y aunado a la detención ilegal y de recibir tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las trabajadoras detenidas les robaron dinero.

Añadió que un operativo similar fue realizado ayer 12 de agosto por la Policía Municipal, que detuvo a siete trabajadoras sexuales más en las inmediaciones del mismo Parque de San Cristóbal. Según testimonios de una de ellas, que logró escapar y refugiarse en un supermercado, este tipo de operativos se han dado casi a diario. Las trabajadoras denunciaron que la policía las persigue, las insulta, les dice “pinches putonas”, “que se dediquen a otra cosa”, las extorsiona y las detienen bajo el argumento de estar cometiendo disturbios.

«La política de persecución hacia el trabajo sexual ha sido parte de la apuesta de la actual administración encabezada por Renán Barrera Concha. En ese sentido, es preciso recordar que el día 14 de septiembre de 2019, el cabildo aprobó diversas reformas a disposiciones del Reglamento de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Mérida, donde se incorporaron prohibiciones que representan una restricción a derechos humanos de las trabajadoras sexuales».

En específico, la fracción VI del artículo 15, relativo al título III de las infracciones a la dignidad de las personas, establece la prohibición de ejercer el trabajo sexual en la vía pública. «Esta prohibición representa una criminalización y estigmatización de las personas trabajadoras sexuales situación que ha sido ya considerada contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, debido a que se viola frontalmente la perspectiva garantista que reconoce como fundamental el principio de dignidad y garantiza el de no regresividad y progresividad de forma transversal para los derechos. Dicho reglamento ha sido impugnado ante los Tribunales Federales por diversos colectivos de trabajadoras sexuales», sostuvo Equipó Indignación.

Los operativos denunciados por las trabajadoras sexuales, así como el citado Reglamento, violan la Constitución Federal y la de Yucatán que establecen la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las personas que integran los grupos de atención prioritaria, situación que implica, entre otros, el derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada por su condición, así como el derecho a la no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas de su condición.

En este sentido, agregó la organización, el trabajo sexual debe ser entendido como un trabajo no asalariado. Por ello no puede ser calificado simplemente desde un punto de vista moral, pues actualmente se ejerce dentro de un contexto de discriminación, violencia, inseguridad, abuso, falta de oportunidades y acceso a derechos.

«Las personas que ejercen el trabajo sexual sufren violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa al reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. De este modo, resulta alarmante y contrario a los derechos más elementales que el municipio de Mérida haya desatado una política de persecución en contra de quienes ejercen este trabajo, situación que se ve agravada por la crisis económica que se deriva de la actual pandemia y de la falta de oportunidades laborales para quienes se dedican a esta labor.

«También conviene recordar que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado que en México la vulneración de los derechos que experimentan las personas trabajadoras sexuales no se limitan sólo a su actividad, sino a las discriminaciones que previamente se acumulan sobre ellas al pertenecer a poblaciones específicas», reiteró la organización.

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Imagen de portada (ilustrativa): Palacio municipal de Mérida, Yucatán. | Foto: Mérida de Yucatán.