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©Gaudencio Rodríguez Juárez*
Jueves 4 de julio de 2019
“Los niños, niñas y adolescentes que por diversas razones viven sin el cuidado de sus padres o los que están en riesgo de perderlos son los mas expuestos a la pobreza, discriminación y exclusión, factores que, a su vez, pueden hacerlos más vulnerables al abuso, explotación y al abandono”, afirma Heinrich Mueller, secretario General Adjunto para América Latina y el Caribe Aldeas Infantiles SOS Internacional.
Por eso las “Directrices sobre las modalidades alternativos de cuidado de los niños” sugieren que la separación del niño (la palabra también se refiere a las niñas) de su propia familia deber considerarse como medida de último recurso y, en lo posible, ser temporal y por el menor lapso posible.
En consecuencia, ingresarlo a un albergue o casa hogar, debe ser considerada una medida transicional o de emergencia, no una residencia permanente.
De acuerdo a las Directrices, lo anterior sugieres apoyar los esfuerzos para que los niños permanezcan bajo el cuidado de su propia familia o que se reintegren a ella cuando sea prudente o en su defecto, se encuentre otra solución apropiada y permanente, incluidas la adopción y aquellas prácticas de cuidado comunitario, padrinazgo, crianza compartida y otras que en los países de América latina se desarrollan con mucha frecuencia y forman parte de la identidad de nuestra región.
Sin embargo, en nuestro país, miles de niños, niñas y adolescentes viven de manera permanente en instituciones públicas y privadas. Cruzaron sus puertas con pocos meses o años de vida y ahí cumplieron la mayoría de edad sin que nadie hiciera algo por restablecer su derecho a vivir en familia. Todo debido a que la institución sigue siendo considerada como un sistema válido dentro de la idiosincrasia mexicana.
Es un hecho que “la prolongada permanencia de los niños en los centros de internación, teniendo la mayoría familiares”, afirma la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, “constituye un indicador de que no se ha trabajo con las familias ni se han aplicado medidas alternativas a la institucionalización”.
Si para los jóvenes que crecieron en condiciones familiares favorables es difícil conseguir la autonomía e independencia necesaria para integrarse a la vida social y productiva, imagina lo complicado que resulta para los jóvenes sin familia que tiene que dar el salto de la institución donde crecieron a la sociedad donde nadie los espera. Para ellos crecer no es atractivo, sino atemorizante.
Algunos de ellos llegaron a la institución bajo el supuesto de que su estancia sería momentánea, pero el tiempo pasó y el niño creció sin que nadie lo vinculara a nos padres, a una familia, a un hogar.
“Un caso de estancia prolongada por lo general es un caso de estancia breve que ha sido mal manejado”, dijo un funcionario inglés hace más de medio siglo. Y el problema continúa repitiéndose. De estos casos sigue habiendo muchos en nuestro país. ¿Quién hace justicia a estos jóvenes con infancias robadas? ¿Quién se responsabiliza por estos malos manejos? ¿Por qué suceden?
Chantal Saclier del Servicio Social Internacional nos da la respuesta: burocracia, falta de recursos humanos que realicen los trámites correspondientes para proporcionar alternativas familiares, así como ideologías contrarias a la adopción. Saclier señala que esta situación es generalmente el resultado de un desconocimiento o de un no-reconocimiento de las necesidades y de los derechos de estos niños.
Las “Directrices sobre las modalidades alternativos de cuidado de los niños”, acogidas por la ONU en febrero de 2010, nos dan líneas de intervención precisa para evitar la institucionalización y proporcionar una atención a los niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales con perspectiva de derechos. Conocerlas y aplicarlas puede hacer la diferencia para muchas vidas humanas.
* Psicólogo / [email protected]
Foto de portada: Pixabay.
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