«No al trasvase de Río Verde a León», exigen OSC.

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Guadalajara, Jal. / Martes 25 de abril de 2017

 

Organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, del agua y del medio ambiente, de los estados de Guanajuato y Jalisco, rechazaron de forma tajante el trasvase de agua del Río Verde a León, Guanajuato, y llamaron a combatir jurídica y políticamente el convenio para el reparto de agua entre ambas entidades y la Comisión Nacional del Agua firmado en 2005 e, incluso, los decretos presidenciales de 1995 y 1997.

«Apostamos por una gestión integral del agua, en la que no sea vista como una mercancía sino como el sustento de la vida, que respete el ciclo hidrológico», con una visión que incluya territorio y sociedad: la protección de las fuentes de abastecimiento y de las áreas forestales, la recarga de acuíferos, el aprovechamiento de fuentes alternas como la captación de agua de lluvia, el rescate y aprovechamiento de manantiales y del agua residual tratada, además del mantenimiento y optimización de la red de distribución. En concreto, aprovechar «eficiente y equitativamente los recursos locales, sin depender de la extracción y traslado desde lugares lejanos que afectan a otras poblaciones».

El llamado de organizaciones como Acción Colectiva, del estado de Guanajuato, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y el Movimiento Mexicano de Afectado por las Presas y En Defensa de los Ríos (MAPDER), entre otras, está dirigido a los actores políticos de Jalisco que en distintos momentos, principalmente desde marzo, han expresado sus opiniones respecto al tema agua y a la presa El Zapotillo y el acueducto que conduciría el agua del embalse a León.

Aristóteles Sandoval Díaz, gobernador de Jalisco, convocó el 23 de marzo a la Universidad de Guadalajara (UdeG), académicos, organizaciones civiles y autoridades municipales a formar un frente común ante el posible trasvase y privatización del agua de El Zapotillo. Días después, alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara y de la región de Los Altos propusieron que la cortina de la presa sea de 60 metros de altura, no de 80 y menos de 105, quienes a mediados del mes pasado, junto con la UdeG, se pronunciaron contra el acueducto concesionado a la empresa española Abengoa. Sin embargo, Sandoval Díaz rechazó la propuesta de la cortina del embalse pidiéndoles que «no se adelanten» y esperen la conclusión del estudio que elabora la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops)

En ese contexto, los colectivos antes citados y el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el Colectivo de Abogados; el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto, Jalisco; la Plataforma Tómala Ciudad; la Fundación Cuenca Lerma Chapala y Defensores del Bosque del Nixticuil, dijeron a través de un comunicado de prensa: «Para nosotros una gestión integral del agua a la par de una nueva cultura del agua es un discurso serio, con contenidos, por lo que sólo hacer presas no es una gestión integral del agua, que es lo que nos siguen proponiendo las autoridades».

Se dijeron conscientes de que hay una injusticia urbana en el manejo, distribución, acceso y pago del líquido, toda vez que «los sectores más pudientes en aguas y secas -como se dice coloquialmente- riegan sus campos de golf, tiran el agua, la desperdician y para ellos no hay pago de multas ni escasez».

Por ello llamaron a los diferentes actores políticos que se han manifestado a que si «quieren cumplir realmente con lo que han declarado públicamente en días recientes respecto de la presa el Zapotillo, así como el reparto del agua entre Jalisco y Guanajuato (concretamente para la ciudad de León), se deben combatir jurídicamente o por la vía política (acuerdos entre las partes) el Convenio de Coordinación de 2005 que firmaron los Estados de Guanajuato y Jalisco con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), e incluso si se quiere ir al origen del problema tendrían que modificarse los decretos presidenciales de 1995 y 1997 que son los que distribuyen las cantidades de agua entre ambas entidades, así como sus usos».

Explicaron que el derecho humano al agua, conforme al artículo 4 constitucional, es de todos. De modo que las ciudades deben crecer conforme a su capacidad para cuidar y usar de manera sostenible las reservas de agua, porque de seguir así no habrá agua que alcance. «En aras del cumplimiento de este derecho por parte del Estado no debe colisionarse o contrapuntearse con otros derechos humanos, como el derecho de los pueblos a existir y no seguirse sacrificando por los centros urbanos y complejos industriales, que además atentan contra el medio ambiente, por sus impactos ambientales y sociales, razón por la cual Temacapulín, Acasico y Palmarejo merecen vivir».

Reiteraron sus desconfianza en los estudios que realiza la Unops, «dada la cantidad que pagó con dinero público el gobernador de Jalisco,para tener una opinión a modo y con ello darle la vuelta al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que echó abajo el convenio de 2007, quedando vigente el Convenio de 2005, que es para una presa de 80 metros de altura de cortina, altura que también puede ser reducida si hay voluntad real de las partes y una política seria y por supuesto una gestión integral del agua. Por eso también decimos: ¡No al trasvase del agua del río Verde a León!, que el agua se quede en Jalisco».

El Santiago

Las organizaciones invitaron al gobernador Aristóteles Sandoval a realizar una visita conjunta por el río Santiago, «el más contaminado del país», y solicitaron públicamente un informe a autoridades de Jalisco y federales sobre las acciones que han implementado los gobiernos de los dos niveles para detener las descargas de aguas negras y desechos industriales en ese afluente y los cuerpos de agua pertenecientes a la Cuenca del Ahogado.

«A cuatro años de la administración de este gobierno estatal, no hemos tenido la suerte de ver los resultados de sus esfuerzos para remediar esta terrible devastación ambiental, que no sólo afecta a los residentes del municipio de El Salto, sino que está afectando a los habitantes de Tlajomulco, Juanacatlán, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque e Ixtlahuacán de los Membrillos entre otros y demás pueblos de la Barranca de Huentitán. Para nosotros queda en evidencia de que o son muy escasas las acciones para terminar con la contaminación de esta cuenca hídrica o nunca han existido dichas acciones».

Foto de portada: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).