Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. / Miércoles 15 de julio de 2015
El decreto presidencial por el que se expropian 37 hectáreas de bosque en San Francisco Xochicuautla, publicado el pasado 9 de julio, dice que “la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción” de la autopista, eso es “una gran mentira”, asegura José Luis Fernández portavoz de los pobladores afectados.
- No “permitiremos que se consume el despojo”, aseguran los pobladores de San Francisco Xochicuautla.
En entrevista con Aristegui Noticias, el vocero asegura que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) actúa conforme a derecho, debe detenerse la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
Informó que observadores de la CNDH recolectaron información en el bosque de Xochicuautla los días 13 y 14 de julio, preparando la emisión de medidas cautelares y una recomendación que “si se hace conforme a derecho, ese proyecto se tiene que detener. Si no se hace así entonces va a ser clara la parcialidad del ombudsman hacia el Presidente de la República ”, afirmó.
José Luis Fernández explicó que la única consulta que se ha hecho en la comunidad fue en 2007 y ha sido ignorada. En ese año, cuando Constructora Teya, filial de Grupo Higa, obtuvo la concesión, los pobladores de la comunidad ubicada en el municipio mexiquense de Lerma realizaron asambleas por usos y costumbres, “y dijimos que no tajantemente”, precisó.
- El proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan pone en riesgo a la comunidad, además de afectar lugares sagrados para la cultura otomí.
Según Desinformémonos, la comunidad de Xochicuautla a través del Consejo Supremo Indígena Otomí, designó al Centro de Derechos, la tarea de interponer un contra acuerdo desde los derechos indígenas contemplados en los tratados nacionales e internacionales, es decir que se intentará revertir el decreto expropiatorio emitido el pasado nueve de julio por el presidente de México, Enrique Peña Nieto que declaró de utilidad pública 37-93-86 hectáreas de agostadero de uso común para la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan.
“Nuestra intención es poder llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SPJN) y a las instancias internacionales, porque desde hace ocho años los tribunales le han dado la razón a la comunidad pero la justicia no llega”, detalló Antonio Lara Duque del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
Cuando la comunidad se enteró de la expropiación de sus tierras por parte de Peña Nieto, se sorprendió y se sintió lastimada después de ocho años de luchar por detener el proyecto carretero. “Más que el decreto en sí mismo, esto es un insulto para la inteligencia de la comunidad, porque dice el decreto que se hicieron consultas lo cual es totalmente falso”, asegura el defensor.
- La autopista dañará 600 mil metros cuadrados de bosque, afectando la producción de 250 millones de litros de agua por año.
Según el documento oficial, “los días 5, 8, 9, 10 y 12 de junio se llevaron a cabo diversas asambleas con los representantes de la Comunidad San Francisco Xochicuautla y su Barrio La Concepción, con objeto de realizar las consultas que conforme a derecho se requerían por tratarse de una comunidad indígena. Como resultado de ello, la comunidad consultada se pronunció por aprobar la construcción y operación de la Autopista”.
Desde hace casi un mes la comunidad indígena ha estado sitiada por trabajadores de la empresa Autovan, custodiados de manera permanente por Policías Estatales, personal del Gobierno Estatal y Policía Ministerial, quienes se empeñan en construir la vía rápida.
El próximo fin de semana los padres de familia y compañeros de los normalistas desaparecidos, así como otros pueblos indígenas arribarán a Xochicuautla para solidarizarse con los otomíes y exigirle al gobierno de Peña Nieto que no imponga megaproyectos que atentan contra los derechos ancestrales de los indígenas.
En tanto, el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra de Xochicuautla denunció que el pasado 23 de junio arribó a la comunidad maquinaria pesada acompañada de la fuerza policiaca para destruir cientos de metros de cultivos, casas, lugares sagrados y bosque, por lo que los pobladores instalaron un Campamento de la Paz y la Digna Resistencia, con el acompañamiento de defensores de derechos humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil.
Con información de AristeguiNoticias y Desinformémonos
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