Ataques a periodistas
Agustín Galo Samario
Poco a poco, como si no quisiera quedarse a la zaga, Guanajuato ha entrado ya a la lista de los estados en que se atenta contra la labor de los periodistas y aun contra su integridad física. Hace menos de dos semanas, el lunes 25 de agosto, el director del portal de noticias Crónica Guanajuato, Mario Armas, fue agredido por un funcionario del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) sólo porque le preguntó qué hacía en horario de trabajo y en un vehículo oficial en las instalaciones del Partido Acción Nacional en León. El caso ameritó que Alfredo Ling Altamirano, dirigente de ese partido en la demarcación, enviara un oficio el mismo día a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas (STyRC), donde su titular Isabel Tinoco Torres, abrió de inmediato la investigación COMSOC/06/AGO/2014.
Hasta el momento no se conoce qué avances tienen las indagatorias de la STyRC, pero mientras esperamos ya sucedió una nueva agresión contra otra comunicadora. La tarde de este jueves la reportera de El Heraldo en la ciudad de Silao, Karla Silva, fue atacada en las propias oficinas de ese periódico por tres hombres que la buscaron durante toda la mañana. Los agresores también golpearon a la secretaria y causaron daños en equipos de cómputo y en las instalaciones.
Desde mediados del sexenio de Vicente Fox el derecho a la libertad de expresión se ha visto mermado. Se hizo crisis durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa y, ya con el regreso del PRI a la presidencia de la República, los atentados contra la prensa no parecen disminuir. Al contrario, los asesinatos y ataques contra periodistas y medios, sucedidos en buena parte del país reflejan que estamos en un momento sumamente difícil para la crítica y la investigación periodísticas.
Contradictoriamente, ahora hay más instrumentos legales e instituciones creadas para velar por los derechos a la libertad de expresión e información, y a la vez para garantizar la protección de los periodistas. Desde el 2012 se promulgó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; años antes, en 2005 la Comisión Nacional de Derechos Humanos creó la Quinta Visitaduría General, adscrita al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos; y al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, cuya obligación es brindar atención a víctimas, sistematizar la información contenida en las averiguaciones previas y procesos, promover una cultura de respeto a los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.
No obstante todo ello, los ataques contra los informadores no sólo continúan sino que aumentan y se extienden ahora a estados como Guanajuato. Pareciera que se legisló, se crearon programas y áreas completas dentro de las instituciones para justificar las afirmaciones de que se hace algo. Un discurso muy conveniente para gobernantes y políticos, pero nada concreto ni efectivo para los periodistas.
Que en Guanajuato se empiecen a dar este tipo de agresiones es la peor de las noticias. Las autoridades estatales tienen la responsabilidad de investigar a fondo y no sólo encontrar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques a Mario Armas y Karla Silva. No hacerlo, ya lo sabemos, alentará la impunidad y la multiplicación de los ataques.
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