Sin protección
Agustín Galo Samario
Desde hace décadas, pero particularmente desde el inicio del nuevo siglo proliferan los casos que evidencian que en México y Guanajuato es cosa común la violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Infantes y adolescentes, principalmente los de bajos recursos y deficiente nivel educativo, son cooptados por la delincuencia organizada y común; víctimas de trata, comercio sexual, trabajos forzados y feminicidios; embarazos no deseados y violencia sexual dentro del ámbito escolar y familiar.
En este contexto y con motivo del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos de los Niños, mañana jueves la Red por los Derechos de la Infancia en México presentará, ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Informe Alternativo sobre la Situación de Garantía de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en nuestro país.
El documento da cuenta de la falta de un sistema integral para garantizar los derechos de la infancia, y de forma por demás cruda señala con datos duros los riesgos en que se encuentran los menores de edad, sin instituciones o leyes que los protejan de forma efectiva.
El retrato que hace de la violencia sexual y el feminicidio, por ejemplo, demuestra qué tan relacionados están esos delitos con la falta de información sobre derechos sexuales y reproductivos, el restringido acceso a métodos anticonceptivos y el aumento de los embarazos prematuros.
En Guanajuato, un estado en el que los grupos ultraconservadores no han dudado en quemar libros de texto y en señalar a funcionarios de ser presuntamente abortistas, se han constituido con el beneplácito de algunas autoridades –que incluso los alientan- en obstáculo infranqueable para que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean respetados.
Hasta el momento, de los 42 feminicidios ocurridos en lo que va del año tres corresponden a jovencitas menores de 16 años. La realidad es contundente y mucho más cruel que cualquier cifra, pues se trata de una infancia que no cuenta con legislaciones ni instituciones que les garanticen nada.
Como lo recomienda la Red por los Derechos de la Infancia en México, la alternativa es que nuestros legisladores y gobiernos instituyan un sistema integral para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Porque la vida se nos va de un segundo a otro, y a nuestros infantes cada vez más de forma violenta.
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