Uno más
Agustín Galo Samario
Como si se tratara de dosificar, ayer tocó la cuota de aprehensiones por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto del caso de la periodista Karla Janeth Silva Guerrero. El procurador Carlos Zamarripa Aguirre volvió a hacer alarde de eficiencia al anunciar la aprehensión de uno más de los presuntos implicados en la agresión.
El funcionario sabe de lo que habla. Por eso en uno de sus comentarios en las redes sociales dijo que con la detención de José Samuel N. el gobierno de Miguel Márquez reitera su “compromiso con la libertad de expresión”. Es decir, es consciente de que el ataque a la corresponsal en Silao de El Heraldo de León constituye un ataque a ese derecho consagrado en nuestra Carta Magna.
El Artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la facultad de atracción para el Ministerio Público de la Federación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, particularmente cuando “existan indicios de que en el hecho” haya “participado algún funcionario público de los órdenes estatal o municipal”, cuando en la querella “la víctima u ofendido hubiere señalado como probable autor” a un “servidor público” y “la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real”.
Todas estas condiciones se cumplen en el caso de Karla Janeth Silva Guerrero. Tanto, que hasta la propia PGJE ha tenido que brindarle protección para salvaguardar su seguridad. Pero como se desprende de la lógica más elemental, es notorio que la especialización del Ministerio Público del estado es insuficiente para encarar el problema principal de procurar justicia a la periodista. Más aún si nos atenemos al inciso VI del mismo código nacional que dicta que la federación podrá atraer la investigación si “los hechos constitutivos de delito” impactan “de manera trascendente al ejercicio del derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta”, como ha quedado demostrado de manera palpable porque el ataque pone en duda la vigencia de un derecho constitucional y con ello la democracia en Guanajuato.
De modo que no acaban las dudas sobre las indagatorias de la PGJE, por más que se afirme tener tal o cual compromiso con el derecho a la libertad de expresión. Por eso, quizá, la cachaza con que el alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, declara abiertamente que no tiene por qué comparecer ante las autoridades ministeriales. No importa que haya sido señalado desde un inicio como el principal sospechoso de ser el autor intelectual del ataque a la periodista y, mucho menos, que Carlos Zamarripa haya dicho hace ya dos semanas que se le llamaría a declarar.
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