Estudiantes
Agustín Galo Samario
El asesinato y desaparición en Iguala, Guerrero, de más de 40 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Bustos de Ayotzinapa, no es un caso en el que solamente podría estar involucrado el crimen organizado que compra a autoridades municipales, como lo pretende hacer creer Carlos Navarrete Ruiz, presidente del PRD. Tampoco, un delito que únicamente amerite la intervención del gabinete de seguridad del gobierno federal para encontrar a los culpables y hacer justicia a los desaparecidos, los muertos y a sus familiares, como lo expuso ayer el presidente Enrique Peña Nieto.
Los hechos que han estremecido nuevamente al país entero tiene que ver también con las políticas implementadas por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, en concordancia con las que ha puesto en marcha el gobierno federal en el sexenio pasado para las escuelas públicas del país y sobre todo para las normales rurales, las más combativas y contestatarias ante lo que parecen ser intentos institucionales de desaparecerlas.
Sin embargo, ante la gravedad del ataque contra los estudiantes normalistas al dirigente nacional del PRD le resulta oportuno afirmar que “ante una crisis del Estado mexicano en materia de seguridad” lo que se necesita es la participación de instituciones de los tres niveles de gobierno en “una ofensiva efectiva” contra “los grupos delictivos” que “han recuperado territorios”. Y no sólo eso, sino que dijo estar dispuesto a que Aguirre Rivero renuncie a la gubernatura, como lo exigen los estudiantes guerrerenses y sus familiares, pero únicamente si hacen lo mismo los gobernadores del Estado de México y Tamaulipas, donde han ocurrido hechos de violencia similares.
A Carlos Navarrete, en cambio, le es muy conveniente olvidar que el problema no es nuevo, que el 12 de diciembre de 2011 elementos de la policía estatal mataron a tiros a dos estudiantes de la normal rural que protestaban en la Autopista del Sol. Ocasión en la que pedían a Aguirre Rivero el cumplimiento de un pliego petitorio que incluía la demanda de recursos para la reparación de su escuela y solventar los gastos de alimentación en el internado. Y tampoco recuerda que desde el año pasado se presentaron denuncias contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez -de la corriente Nueva Izquierda y quien hoy está prófugo-, por presuntamente haber asesinado a su compañero perredista Arturo Hernández Cardona. Prefiere decir que ya se inició el proceso para su expulsión del PRD porque “falló como presidente y perredista”.
Por su parte, el gobierno de la República aparentemente está en su papel al expresar que su indignación y pesar por las víctimas y sus familiares, para luego informar que mantendrá colaboración estrecha con las autoridades de Guerrero con el fin de esclarecer los hechos. No obstante, no parece haber la voluntad de nombrar a un comisionado especial, como se hizo en Michoacán, como ameritaría lo sucedido en ese estado.
Más nos valdría advertir que la crisis por la que atraviesa el país se puede agravar hasta llegar a niveles inmanejables. Y solamente porque la violencia ya no sólo es entre criminales, sino que todo indica que se trata de funcionarios, acaso coludidos con delincuentes, que deciden atacar mortalmente a dirigentes de organizaciones de derechos humanos, activistas, manifestantes y, ahora, estudiantes.
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