A revisión
Agustín Galo Samario
La desaparición de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, ha traído consecuencias que ya cobran facturas. Al revelar hasta dónde ha llegado la corrupción al interior del Partido de la Revolución Democrática, con Nueva Izquierda como corriente hegemónica, hoy es tal su desprestigio y falta de credibilidad que es difícil prever qué destino tendrá en las elecciones del próximo año el que alguna vez fue la organización partidista más importante de la izquierda en México.
Pero el caso de los estudiantes guerrerenses no sólo ha puesto a temblar a ese instituto político y a sus gobiernos. En Guanajuato, por lo menos, todos los partidos empiezan a ponerse de acuerdo para que a ninguno le pase lo mismo de ahora en adelante.
En días pasados, durante la reunión en la que dirigentes del PRI, PAN, PRD y PANAL -con excepción de Morena- se comprometieron a trabajar para que haya cancha pareja para todos y blindar el proceso electoral que se avecina, surgió el tema de Iguala y su ex alcalde José Luis Abarca. No es que se le haya mencionado con su nombre completo, pero sí como referencia de lo que no quieren que vuelva a ocurrir.
Eso, en principio, representa una buena señal. Evitar que el crimen organizado se inmiscuya en los comicios e infiltre a los partidos políticos es una urgente necesidad. Porque para nadie es un secreto que al cabo de anteriores elecciones a por lo menos un alcalde que estaba por asumir funciones lo “pasearon” los delincuentes para pedirle colaboración. Hasta ahí llega el comentario que se hace off the record, sin abundar en qué resultó de aquello.
Así las cosas, y con el ejemplo guerrerense a primera mano, los partidos parecen estar dispuestos a que las autoridades revisen el pasado y presente de quienes van a ser sus candidatos en el 2015. Una parte de la tarea la realizará el instituto electoral del estado, que se ha comprometido a llevar a cabo una fiscalización exhaustiva del financiamiento de las campañas políticas. La otra, al parecer, correrá a cargo de autoridades estatales y federales que participan en las reuniones de seguridad y procuración de justicia de la región Centro-Occidente, que se realizan cada dos semanas.
El objetivo es que en la próxima cita electoral los partidos postulen candidatos sin mancha. Lo que falta saber es cómo lograrán el objetivo, toda vez que serán cerca de mil aspirantes a cargos municipales, diputaciones locales y federales. Pero sobre todo, qué tipo de antecedentes se tomarán en cuenta para negarle a algún aspirante la postulación. ¿Los que hayan sido inhabilitados alguna vez como funcionarios, aunque sea por horas o meses, podrán ser candidatos? ¿O sólo aquellos a los que se les descubran nexos con la delincuencia? Si se trata de sanear la vida pública, no estaría mal de verdad ser rigurosos. Pero habrá que ver.
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