SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Oaxaca, Oax. / Domingo 10 de julio de 2016
La mañana del 19 de junio en Nochixtlán, durante el operativo de desalojo implementado por las policías Federal y Estatal de Oaxaca en la autopista México-Oaxaca, se habrían registrado diversas violaciones a los derechos humanos, como a la vida, la salud, la integridad física y a la libertad; de los niños y de las mujeres; y, posiblemente, torturas y malos tratos. Además, las corporaciones que participaron en esas acciones habrían incurrido en el uso excesivo de la fuerza y cometido detenciones arbitrarias.
Así se consigna en el Informe Preliminar sobre Violaciones de Derechos Humanos, 19 de Junio en Oaxaca, realizado por cinco organizaciones civiles respecto de lo ocurrido ese día en el marco del conflicto por la implementación de la reforma educativa del gobierno federal. El documento presentado por el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Ojo de Agua, Luna del Sur y Fundar, Centro de Análisis e Información, da cuenta de la investigación y documentación llevadas a cabo a través de entrevistas «a personas testigas y víctimas de los hechos represivos» y de los «embates derivados de las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal, al enviar un operativo para limpiar vialidades».
Explican que ese trabajo «responde a la necesidad de dar a conocer la cronología de hechos y violaciones a derechos humanos ocurridos en diversas zonas de la región de Valles Centrales» en Oaxaca, específicamente en: Nochixtlán, Hacienda Blanca, Viguera, San Pablo Huitzo y San Francisco Telixtlahuaca, pero aclara que se omitieron datos personales «por la seguridad de quienes informaron», provenientes de los ligares señalados y de San Lorenzo Etla y San Jacinto Amilpas.
Luego de consignar la cronología de los hechos, informan que en Nochixtlán documentaron numerosos casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, ataques a los derechos a la vida, la salud y a la integridad física, y la existencia de evidencias de la utilización de armas de fuego.
De entre los entrevistados, un testigo apunta: «Ellos venían echando gas lacrimógeno y venían aventando piedras, o sea no era únicamente el gas sino que venían aventando piedras a pegarnos”. Otro subraya: “Seguían las detonaciones, eran detonaciones muy constantes, y luego se identifican las detonaciones de arma de fuego”, y otro aclara: “Los policías que venían adelante son los que estaban tirando gas y ya al otro lado de la carretera, ahí estaban los que estaban tirando balazos”.
El informe destaca las primeras versiones oficiales en el sentido de que en el operativo «no se habían usado armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad», a pesar de que «las fotos en redes mostraron a policías de la gendarmería y estatales usando sus armas contra manifestantes».
Respecto de las detenciones arbitrarias, el documento consigna que el ejemplo más significativo fue la detención de 18 personas en el Panteón Municipal mientras cavaban la tumba de un familiar. Un testigo relata: «Eran como 8:30 de la mañana cuando estábamos escarbando el pozo cuando empezaron a tirar el gas. Nosotros nos salimos porque no se aguantaba el ardor de los ojos. Cuando nosotros nos salimos, entró la federal de este lado, entraron los que llevan cascos, toletes, no distinguí el letrero. Ellos se brincaron el panteón, no tenían por qué brincarse ahí porque no estábamos haciendo otra cosa. Cuando entraron dijeron, todos con las manos en la cabeza y en dos filas, agarraron a todos”.
El reporte señala: «Dichas personas fueron entregadas aproximadamente a las 9 de la mañana a la policía estatal y puestas a disposición del ministerio público en el cuartel de la policía estatal en Santa María Coyotepec, en la madrugada del día 20. Durante su detención no se les permitió comunicarse, realizar sus necesidades elementales y se les mantuvo en posiciones forzadas, que podrían ser constitutivos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes».
A causa del violento operativo policial y el uso desmedido de la fuerza pública, se añade, perdieron la vida ocho personas. Siete 7 ese día y una más el siguiente a consecuencia de las heridas causadas. Un testimonio indica lo siguiente: «El difunto llevó por nombre Yalid Jiménez Santiago. Él cayó al frente. Según versiones de los que estaban al frente, es que cuando empezó el rafagueo de armas todos se tiraron al piso y él quiso, hasta donde sé, esconderse, irse hacia los árboles que están a la orilla de la carretera, entonces como iba solo corriendo por eso lo agarraron y casi le apuntaron, por eso. Dicen que recibió tres balazos, uno en la pierna, uno en el abdomen y en el brazo. Entonces eso quiere decir de que ellos venían prácticamente a matar, pues a eso venían esos policías, a eso vinieron”.
Crisis generalizada
Las organizaciones que elaboran el informe comentan que lo ocurrido el 19 de junio se da en el contexto de la profunda crisis en derechos humanos por la que atraviesa México, según lo han señalado en distintas ocasiones organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU-DH, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, o el Relator Especial para Libertad de Expresión, entre otros.
«Todos ellos destacan lo sistemático de las violaciones de DDHH, lo exacerbado del uso de la fuerza pública y la impunidad. Aun cuando se transita a un nuevo sistema de justicia penal (adversarial), el mismo se encuentra muy cuestionado ante la falta de capacitación del personal, la falta de infraestructura y de peritos especializados.
«En medio de un clima de protestas convocadas por la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), el 10 de septiembre de 2013 Enrique Peña Nieto promulgó una reforma al Artículo 3o y 73 constitucionales, que da pie a las modificaciones del tema educativo. El gobierno federal impuso un paquete de leyes que, a decir de la CNTE, son una estrategia de privatizar la educación, estandarizarla de modo que sea igual para todos, sin apertura para los pueblos donde se gesta una enseñanza ancestral, con sus formas propias.
«La Reforma Educativa ha sido fuertemente cuestionada por su énfasis en la evaluación de las y los docentes y cuestiones administrativas, sin que hasta ahora se sepa cual es la mejoría en la educación de nuestro país. Por ello, en varios estados de México, como, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco, entre otros, se han realizado diversas protestas para denunciar las irregularidades de estas leyes pues contravienen derechos otorgados por la misma constitución.
«En Oaxaca esta lucha también se han unido las madres y padres de familia, organizaciones sociales, intelectuales, músicos, artistas y pobladores. Esto sucede a diez años de la crisis político-social del 2006, que resultó en un sinfín de violaciones a derechos humanos que aún permanecen en la impunidad».
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