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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 21 de noviembre de 2018
Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Noreste se negó a admitir la demanda de indemnización por tortura contra el Estado mexicano presentada por Norma Mendoza López, quien fue detenida por elementos del Ejército y torturada por miembros de Los Zetas en el penal de Matamoros, Tamaulipas, en 2011, informó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
La organización que aglutina a defensoras de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y México, expresó su preocupación luego de que hace unos días la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa le negó a la víctima la admisión de la demanda, y anunció que ya presentó un nuevo recurso de apelación por la negativa del Estado mexicano de otorgar justicia a Norma Mendoza.
IM-Defensoras recordó que la joven fue internada por militares en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2011 «con el falso argumento» de que había cometido un atentado contra la seguridad de la comunidad. En ningún momento se presentaron pruebas, por lo que obtuvo sentencia absolutoria. Sin embargo, durante su internamiento fue torturada tanto por internos -que fueron señalados como miembros de Los Zetas- como por guardias de seguridad, a tal grado de que la dieron por muerta. Posteriormente, pretendieron llevarla a la morgue. Al darse cuenta de que aún estaba viva, y para ocultar los hechos, se le internó en una clínica privada, pero como las lesiones eran realmente graves tuvieron que trasladarla a un hospital público.
Foto ilustrativa: Pixabay.
Todo había iniciado el 10 de noviembre del penúltimo año del gobierno de Felipe Calderón, quien desde diciembre de 2006 le declaró la guerra al narcotráfico. Procedente de Reynosa, Norma Mendoza se hospedó en un hotel de esa ciudad. Al pasar por la piscina, ocho hombres la invitaron a bañarse con ellos. Los ignoró. Al día siguiente, tres de los mismos hombres, pero ya con sus uniformes de militar, irrumpieron en su habitación, la detuvieron y la acusaron del delito de «atentado contra la comunidad», declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta versión, igual que la tortura y lesiones que sufrió, ha sido relatada por la joven a varios medios de comunicación y reconocida por las autoridades. Norma Mendoza fue certificada por la Procuraduría General de la República (PGR) como víctima de tortura, tras la aplicación del Protocolo de Estambul, guía básica adoptada en el mundo en el año 2000 para la investigación y documentación efectiva de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.
«Las señales físicas de tortura que dejaron en el cuerpo de la víctima, mutilaciones corporales de por vida, y sus efectos psicológicos respectivos fueron confirmados», dijo IM-Defensoras, de modo que al lograr su libertad y estar en condiciones mínimas de salud asumió su propia defensa. Intentó obtener justicia y acceder a los derechos que como víctima debe tener a través de la PGR, la Procuraduría de Tamaulipas, la Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
«Desafortunadamente, ninguna de las autoridades u organismos quiso tomar cartas en el asunto. Hoy, con la negación de la admisión de su demanda con argumentos falaces y tecnicismos fuera de lugar, Norma se prepara para un largo y doloroso camino judicial para obtener justicia; siendo revictimizada cada día, en violación de todos los tratados internacionales que expresamente prohíben tal situación», afirmó IM-Defensoras, que anunció que continuará con la defensa jurídica que la joven requiere.
«Manifestamos nuestra preocupación por la vida y seguridad de la defensora y su familia. Dado que la tortura es una práctica dirigida a castigar, intimidar o coaccionar a la víctima, ya sea cometida por un funcionario público o con su consentimiento o aquiescencia, exigimos a las autoridades considerar su respuesta ante el presente caso. La violencia contra las mujeres ya no es invisible; es un problema de derechos humanos que el Estado mexicano debe resolver de inmediato», exigió la organización.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) nació en 2010 con el fin de dar una respuesta integral y regional al aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Actualmente está conformada por casi 700 mujeres defensoras y es articulada por las organizaciones JASS-Mesoamérica; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca; UDEFEGUA-Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala; La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador); AWID-Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo, FCAM-Fondo Centroamericano de las Mujeres de Guatemala; y Redes Nacionales de Defensoras de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Foto de portada: El Siglo de Torreón.
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