Agustín Galo Samario / SomosMass99
Lunes 27 de abril de 2015
A pesar de casos como el de Karla Janeth Silva Guerrero, agredida en septiembre por publicar información crítica sobre el gobierno municipal de Silao, la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas sigue detenida en el Congreso del Estado de Guanajuato. Los diputados tienen ante sí la gran oportunidad de crear una norma que haga la diferencia a nivel nacional, pero aun si no lo hacen en el tiempo que falta para que termine la actual legislatura, “los periodistas vamos a insistir en ello”.
Éstas últimas fueron las palabras de la periodista Verónica Espinosa durante el panel Hacia una Ley Integral de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, organizado por la Universidad Iberoamericana León, donde el padre Alejandro Solalinde Guerra, defensor de los derechos de los migrantes, dijo que son las mujeres periodistas las que más valentía han tenido y “a las que peor les va” cuando se han atrevido a denunciar casos de corrupción en un régimen autoritario con “versión a la transparencia”, que utiliza el miedo “para someternos” y que “convierte al disidente en enemigo del Estado”.
Una de las conclusiones a las que se llegó fue que se debe aprovechar la experiencia obtenida de la aplicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promulgada en 2011, y de su Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Más aún, ante la ausencia en el evento -realizado el viernes- de diputados de todas las fracciones parlamentarias, del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el priista Felipe de Jesús Orozco García, y del titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), Gustavo Rodríguez Junquera, otra conclusión, dicha entre líneas, fue que la responsabilidad de presionar para crear el nuevo ordenamiento queda en manos de los propios comunicadores. El único diputado que asistió fue el panista Javier González Saavedra, que al final se comprometió a impulsar el trabajo legislativo.
Entre los panelistas participantes estuvieron, además de Verónica Espinosa, el académico y activista Raymundo Sandoval y los defensores de derechos humanos Édgar Cortez y el padre Alejandro Solalinde Guerra. Fue Sandoval, precisamente, el que recordó que a raíz del caso de Karla Silva los periodistas se unieron para exigir a los legisladores una ley que proteja a los comunicadores y que garantice el derecho a la libertad de expresión.
Al hacer un recuento de la trayectoria que ha tenido la iniciativa en el Congreso del Estado, comentó que la propuesta presentada inicialmente en junio de 2014 por la diputada del PRD, Guadalupe Torres Rea, hoy candidata a legisladora federal, consiste básicamente en una copia de la ley creada por el Congreso de la Unión en 2011. Pero desde hace dos meses no se discute, de tal cuenta que ante casos como el de Karla Silva urge que se legisle para dar protección a defensores de los derechos humanos y a periodistas.
Verónica Espinosa dijo que la agresión sufrida por Karla Janeth Silva Guerrero sigue impune a siete meses de ocurrida, pues a pesar de que el atentado unió a los periodistas del estado y presionaron a los diputados para que crearan una norma que los proteja, la falta de esa ley se observa hoy en el hecho de que el acusado de ordenar el ataque –el ex director operativo de la Policía de Silao, Nicasio Aguirre Guerrero- sigue prófugo, mientras el alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola simuló acatar la recomendación del ombudsman Rodríguez Junquera al pedir una disculpa a la corresponsal de El Heraldo de León en un acto en el que la periodista no estuvo presente. Todo ello, sin que la PDHG se haya pronunciado al respecto.

La agresión a Karla Silva, muestra la falta de una ley que proteja a periodistas en Guanajuato.
Édgar Cortez, miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas (MFPDyP), consideró que la creación de la ley y de ese organismo es ya importante. Pero se han dado cuenta que no cuentan con los especialistas para hacer frente a un problema que ha crecido, por lo cual se han dado a la tarea de formar a su propio personal para poder llevar a cabo las medidas de protección que se deben ofrecer a través del mecanismo: evacuación, reubicación personal, resguardo y medios necesarios de subsistencia como vivienda, alimentación y salud.
Las responsabilidades a cargo del mecanismo se dan en un contexto donde las cifras de los riesgos para los comunicadores y defensores de derechos humanos muestran la magnitud del problema: la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos para Todos y Todas da cuenta de que de 2001 a 2013 se registraron 409 agresiones y 27 asesinatos de defensores, mientras que en el informe Estado de Censura de la organización Artículo 19 se contabilizan 326 ataques en 2014 y 86 periodistas asesinados de 2000 a 2015.
Si bien tiene uno de los objetivo de la ley es la cooperación entre los estados y la federación para implementar medidas preventivas y de protección urgentes, el problema es que la información de los convenios firmados entre las autoridades de ambos niveles de gobierno no baja a los funcionarios que las deben poner en marcha. Además en el Consejo Consultivo del mecanismo hay un problema de inestabilidad por los constantes cambios de representantes por parte de las instituciones de gobierno, contrario a los de las organizaciones de la sociedad civil que en dos años y medio son los únicos que permanecen.
Como ocurrió con Karla Silva, los integrantes del mecanismo comprobaron que, de los casos que le llegaron el año pasado, “los agresores eran autoridades municipales e incluso varios responsables de la comunicación social”.
Cortez recomendó tomar en cuenta todos esos aspectos en el proceso legislativo que se lleva a cabo en Guanajuato, además de realizar consultas al interior del estado, en las regiones, para recoger las problemáticas locales.
Ya para terminar, en la sesión de preguntas y respuestas, comentó que los periodistas se encuentran en una situación complicada porque a veces ni siquiera son apoyados por las empresas para las que trabajan: “Muchos medios de comunicación han perdido su vocación, se han convertido en un conglomerado donde su mayor preocupación es ver dónde hay mayores ganancias”.

Para el padre Alejandro Solalinde, las mujeres periodistas han sido las más valientes al denunciar la corrupción y a las que peor les va.
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