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Marc Almodóvar y Ricard Gonzàlez / Directa
Catalunya, España / Viernes 28 de enero de 2022
Las muertes de personas racializadas bajo custodia policial en el Estado español se cuentan por decenas en la última década, todas ellas marcadas por la impunidad de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad
La muerte de George Floyd el 19 de mayo de 2020 en un barrio de Minneapolis provocó un goteo constante en nuestros medios de noticias relacionadas con el racismo en Estados Unidos. Activistas antirracistas catalanes, sin embargo, criticaban la hipocresía de denunciar el racismo a tantos kilómetros de distancia y seguir haciendo los ojos grandes a los casos similares que había habido en nuestra casa. Nombres como los de Yassir el-Younoussi, Aramais Manukian, Idrissa Diallo o Mustapha el-Marrakchi fueron recordados en las protestas en los Países Catalanes que siguieron la muerte del estadounidense.
El 5 de noviembre Issa Munkaila, un ciudadano de origen marbiano, murió tras recibir el impacto de cuatro balas en las calles del barrio madrileño de San Cristóbal. Al menos dos rasgos más impactaron un coche y una pared de un edificio. La Policía Nacional española aseguró que sus agentes se habían visto obligados a disparar porque el hombre se habría abrazado sobre ellos con un cuchillo que no ha aparecido por ningún sitio. Las filmaciones domésticas no parecen tampoco justificar la proporción de la medida. Vecinas denunciaron a las agencias de noticias que los cuerpos policiales hacía tiempo que hacían la vida imposible al ya difunto.
El de Issa es, probablemente, el último caso registrado de muerte de una persona racializada a manos de cuerpos policiales en el Estado. Pero hay muchos otros. Desde las muertes de Samba Fofana, Marouane Abouobaida o Jonathan Sizalima en los Centros de Internamiento de Extranjeros a la de Mame Mbaye o Mor Sillya tras batidas policiales contra la venta ambulante en Madrid y Salou.
El-Hadji Ndiaye fue detenido en las calles de Pamplona el 25 de octubre de 2016, brutalmente reducido y apaleado frente a él de los peatones. Poco tiempo después moría en la comisaría central de la calle Chinchilla. Su muerte se ha convertido en un punto de inflexión para la comunidad africana de la ciudad. «Fue un choque, ahora sabemos que para estos policías nosotros no valemos nada», afirma Beltxa, miembro de Africa United Navarra.
Lahcem el-Younoussi, padre de Yassir, (el Vendrell) considera que sólo se hace justicia para los más ricos. | Foto: Marc Almodóvar / Directa.
Un estudio de 2013 de la Universitat de València analizaba las paradas policiales por perfil étnico y detectaba que la probabilidad de que una persona blanca fuera parada en la calle para proceder a una identificación era diez veces menor que la de una persona roma, o siete veces menor que una persona magrebí. Activistas y expertos señalan que estas paradas suponen la entrada en el ciclo de la discriminación del Estado y la prueba de la existencia de un racismo institucional contra las personas extranjeras o racializadas. Un hecho avalado por numerosos datos y estudios. «No es casualidad que a un servicio de atención y denuncia de casos de violencia institucional como el que tenemos en Irídia, el 43% de los casos sean de personas migrantes y racializadas. Además, hay una tendencia al alza», remarca desde la entidad el abogado Andrés García Berrio. Los activistas denuncian que la ley de extranjería avala estas prácticas, ya que clasifica a la población por origen, sitúa a miles de personas en los márgenes y «determina qué cuerpos pertenecen a esta sociedad y cuáles no», según denuncia la investigadora Ainhoa Nadia Douhaibi. La máxima expresión de este sistema se encontraría en la existencia de los CIE.
Información con cuentagotas
Las muertes bajo custodia no son un hecho excepcional en el Estado español. Las de personas racializadas, tampoco. Su cuantificación exacta es, sin embargo, muy difícil de determinar. En una respuesta parlamentaria registrada en febrero de 2020 al diputado de EH Bildu Jon Inarritu, el gobierno reconoció la muerte bajo custodia de 62 personas en los últimos diez años. Los datos no recogían el perfil racial de las personas muertas y eran ambiguos en las descripciones, pero un mínimo análisis de los mismos revelaba ser bastante incompletos. Por un lado, no recogían las muertes bajo custodia de cuerpos policiales, como los Mossos d’Esquadra, que no dependen directamente del Ministerio del Interior, ni tampoco parecían recoger aquellas que no habían sucedido exactamente dentro de dependencias policiales. Esto provocaba que las muertes de Iassir en la comisaría de El Vendrell en 2013 o la del joven sirio fallecido en la comisaría de Les Corts en enero de 2019 o incluso la de Mustapha el-Marrakchi, fallecido en el Hospital Sant Joan de Déu de Manresa en 2011 durante una detención policial, no figurasen. Tampoco figuraban los manteros Mame Mbaye o Mor Sillya, muertos en el marco de batidas policiales. El experto en casos de tortura y represión, Jorge del Cura, aclara que se hace difícil saber el auténtico alcance, ya que tampoco se aclaran los criterios de recuento de los pocos datos aportados hasta ahora por el Estado.
Pero más allá del posible abuso o discriminación, la mayoría de casos se encuentran también marcados por el común denominador de la impunidad. No se tiene conocimiento de ninguna sentencia penal contra ninguno de los policías o funcionarios del estado involucrados en la muerte de estas personas. En la mayoría de los casos los archivos de las causas fueron casi automáticos, a menudo vinculados a la desaparición de pruebas materiales clave como pueden ser las grabaciones de las cámaras de seguridad. En otros casos, pese a los agujeros a la explicación oficial de los hechos. «Que los mismos cuerpos investigados deban ser los garantes de la custodia de las pruebas procesales y los encargados de la investigación nos sitúa en esta situación perniciosa», afirma la abogada Laia Serra.
Beau-D, uno de los mejores amigos de El-Hadji Ndiaye, se siente muy dolido por la cobertura mediática de la muerte de su amigo | Foto: Marc Almodóvar / Directa.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció en un informe reciente la falta de un circuito cerrado de grabaciones en la comisaría de Algesires donde, en 2020 y en un intervalo de cinco meses, se produjeron dos supuestos suicidios de personas racializadas. La publicación de las impactantes imágenes de la contención del menor Iliyas el-Tahiri en un centro de justicia juvenil de Almería en el verano de 2019 permitieron que el caso se reabriera tras su primer archivo fulminante. Pero recientemente la fiscalía ha vuelto a pedir su archivo, porque cree que no se puede pedir responsabilidad penal a los investigados, amenazando la continuidad de la causa. Pese al escándalo que provocó la muerte, y de que ésta ayudó a revisar los protocolos vigentes de contención, la práctica de ligar menores en las camas se duplicó en los centros de menores andaluces tras la muerte de Iliyas.
Según los expertos, una combinación de vulnerabilidad documental, sumada al desconocimiento legal o la falta de recursos puede explicar en parte la falta de éxito de muchas de estas demandas. «Hay que hacer unos esfuerzos enormes para que se investiguen. Y claro, partimos de la base de que son individuos particulares solos, con pocos recursos los que están intentando luchar contra todo un aparato tan poderoso como es el Estado», recuerda el abogado Nabil Meknessi. Pero también subrayan una tradición de encubrimiento institucional. La abogada navarra Amaia Izko, que ha defendido a varios activistas de la izquierda abertzale, habla de un «largo historial» de encubrimiento de torturas en comisarías y cárceles, así como de muertos bajo custodia.
El reconocimiento oficial
En noviembre de 2020, el Ministerio de Presidencia español resolvió favorablemente la demanda de responsabilidad patrimonial formulada por la familia de Samba Martine, una ciudadana congolesa muerta en 2011 en el CIE de Aluche de Madrid por falta de atención médica. El estado reconocía una cadena de negligencias, que denominaba «deficiencias burocráticas», y se comprometía a indemnizar a sus familiares, pero sin que ninguno de los funcionarios implicados que le habían negado la asistencia médica asumía responsabilidades penales por aquella fatal omisión de auxilio. La resolución llegaba tras el archivo de la causa penal, la posterior absolución una vez reabierta y un intento de comisión rogatoria al Paraguay por uno de los médicos implicados y después de que el caso se convirtiera en un símbolo entre los activistas madrileños. Un tímido precedente que todavía es una simbólica anécdota en el mar de silencio de la impunidad por las muertes racializadas bajo custodia del estado.
* Marc Almodóvar y Ricard Gonzàlez son los directores del documental ‘Nuestros George Floyd’. Las fotografías del reportaje son fotogramas extraídos del documental.
Imagen de portada: Cinco trabajadores de seguridad realizan la reducción mortal del joven Iliyas el-Tahiri en el CMI Tierras de Oria de Almería, en junio de 2019.
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