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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Viernes 29 de abril de 2022
- Denuncian red de protección y complicidad de autoridades locales en Oaxaca en torno al juez federal
- Por violencia y abuso de poder, juez federal pone en riesgo la vida de Luvia Altamirano y de su hijo, aseguran
Las autoridades encargadas de impartir justicia en el estado de Oaxaca no han velado por los derechos de la señora Luvia Altamirano Raymundo y su hijo de cinco años, en un proceso judicial por violencia familiar plagado de irregularidades que evidencia una red de complicidad y violencia institucional favorable a los intereses del demandado Fidel Gallegos Figueroa, juez Segundo de Distrito en el estado de Oaxaca y exesposo de la señora Altamirano.
En conferencia de prensa, las integrantes de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, Yésica Sánchez, abogada e integrante del equipo directivo de la organización feminista, así como Ariela Ruiz y María de Lourdes López, de la Unidad Jurídica de la misma institución, señalaron y responsabilizaron al juez Fidel Gallegos Figueroa del grave daño emocional, psicológico y físico causado a Luvia Altamirano y a su hijo, así como por el riesgo que corren sus vidas.
Las abogadas precisaron que la connivencia patriarcal y machista ejercida por las y los servidores públicos mediante el influyentismo del juez Gallegos, convierte a Luvia en una potencial víctima de feminicidio al hacerla objeto de una destructiva cadena de hostigamiento, arbitrariedad, negligencia y omisión en un proceso judicial que la revictimiza y atenta contra su derecho a una vida libre de violencia.
Las tres juristas hicieron un enérgico llamado a las autoridades encargadas de impartir justicia para que protejan los derechos de Luvia Altamirano y su hijo. Demandaron al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), Arturo Peimbert Calvo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Eduardo Pinacho Sánchez, y a los Consejos de la Judicatura (Local y Federal), revisar el actuar de los servidores públicos que tienen a su cargo la atención de los casos en los que la ciudadanía es violentada, para que se priorice la protección a las víctimas y se evite que sean hostigadas, violentadas y amenazadas, como sucede con Luvia Altamirano.
La historia
La integrantes de la organización feminista relataron, a través de un comunicado, que luego de trece años de vivir con su pareja, Luvia Altamirano Raymundo «no aguantó más la violencia física, económica y psicológica de la que era objeto por parte de su entonces esposo», el juez Fidel Gallegos Figueroa. Salió de la relación para pedir la intervención de las autoridades, demandando la separación de su esposo del domicilio conyugal, la guarda y custodia de su hijo, así como la pensión alimenticia.
«Estas situaciones provocaron la ira de Fidel Gallegos, quien la ha seguido y perseguido para causarle daño, amenazándola con destruirla, quitarle todo y lo que más le duela: su hijo. Por esta circunstancia la señora Altamirano se encuentra en grave riesgo en su integridad y su vida: ‘Mi mayor reclamo es Justicia. Desde el 19 de abril de 2020 a la fecha llevo clamando justicia y nadie me escucha, a pesar de que exhibo pruebas ante la violencia emocional, económica, patrimonial, física, que he vivido de parte del juez Fidel Gallegos”, señaló Luvia Altamirano al narrar su caso ante los medios de comunicación.
El actuar de servidoras y servidores y públicos
Desde el puesto que ocupa, dijeron en la conferencia, «el juez Fidel Gallegos favorece sus propios intereses para que el proceso judicial se encuentre lleno de trabas, violencia machista, económica, psicológica, institucional y del Estado, obstaculizando el acceso a la justicia a la señora Luvia Altamirano. Es de destacarse que en su la lógica de intimidación y ataques Gallegos Figueroa ha denunciado a la familia de su exesposa e incluso a las personas que como profesionistas la han apoyado en búsqueda de justicia.
«La juez Cuarto de lo Familiar, Joanna Vasconcelos Sánchez pone en evidencia su parcialidad y complicidad al tratar con celeridad las promociones presentadas por el juez Gallegos Figueroa. En el expediente de este caso llegan las notificaciones diariamente, e incluso muchas veces dos o tres veces al día, algo totalmente inusual en los juzgados, que se caracterizan por la demora de sus trámites».
Las activistas sostuvieron que esta situación se agrava con de parcialidad y el actuar sesgado de la juzgadora, por lo siguiente:
«El 19 de abril del presente año, se notificó a Luvia que la Juez Vasconcelos había ordenado suspender en perjuicio de Luvia la patria potestad que tenía de su menor hijo, determinación que la juez basó en sospechas a capricho de los intereses del demandado, bajo una aparente protección al niño. La juez Vasconcelos además decidió que se registrara las veces que se checa el expediente y las actuaciones que se revisan, obligando tanto a Luvia como a las abogadas que la acompañan en su defensa a firmar. Si se niegan a hacerlo, las aperciben o las multan. El pasado lunes 25 de abril, le fue notificado a Luvia que la Juez Cuarto de lo Familiar determinó suspender las convivencias presenciales que tenía con su hijo, y ordenó que ahora solo podrán ser virtuales, violando con ello sus propias determinaciones para obedecer a los intereses del demandado Fidel Gallegos Figueroa.
«En una lógica fast track, funcionarios de la Fiscalía General del Estado han acumulado y acordado el no ejercicio de la acción penal en 16 carpetas de investigación, respecto a la demanda interpuesta por Luvia Altamirano.
Las diversas denuncias que Luvia ha presentado ante la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género han sido atraídas por la Vicefiscalía General de Control Regional -sin justificación alguna y con el argumento de que son ‘órdenes superiores’-. Las resoluciones dictadas respecto a estas denuncias establecen el no ejercicio de la acción penal, favoreciendo con ello al denunciado Fidel Gallegos Figueroa».
Las abogadas estimaron que ante los hechos mencionados se puede determinar que en en este caso las autoridades encargadas de impartir justicia no han velado por el interés superior del menor ni han protegido a Luvia Altamirano, «violando reiteradamente sus derechos humanos de audiencia y debido proceso legal, seguridad jurídica, acceso a la justicia, igualdad ante la ley, derecho de acceso a la información, derecho a la verdad, y su derecho a una vida libre de violencia.
Fotos de portada e interiores: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
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