ONG y especialistas rechazan fracking y lineamientos de Conagua

SOMOSMASS99

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 26 de julio de 2017

Expertos y organizaciones civiles rechazaron, por violatorios de la ley y de tratados internacionales, el fracking y los lineamientos elaborados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con los que el gobierno de la República pretende autorizar el uso de aguas nacionales para la fracturación hidráulica, una practica «devastadora» e irreparable para el medio ambiente, todo con el fin de beneficiar a las empresas.

«Lo que estamos observando en todas las prácticas que realiza el gobierno y para facilitar la entrada de las empresas petroleras, es darles todas las facilidades violando los derechos más elementales», sostuvieron Rogel de la Rosa y Rosa Esther Peña, de la Alianza Mexicana contra el Fracking. «De por sí se violan todos los derechos, el derecho humano al agua, el derecho a un ambiente sano, el derecho al territorio», además del derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, en el artículo 2 de la Constitución, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos y Cultura Indígenas y en la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos vinculantes para México, precisaron.

A partir de la reforma energética, el gobierno federal ha buscado cambiar el marco regulatorio del agua, primero con la llamada Ley Korenfeld y ahora con estos Lineamientos para la Protección y Conservación de Aguas Nacionales en Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, elaborados por la Cofemer, con los cuales buscan dar certeza jurídica a las empresas participantes en el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019.

Foto: Pixabay.

Rogel de la Rosa también explicó que las entidades amenazadas por el fracking son Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, toda la huasteca potosina, la huasteca hidalguense, 22 municipios de la sierra norte de Puebla, 44 municipios del centro y norte de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas, principalmente la zona zoque.

Los representantes de la AMCF consideraron que no es posible regular, mitigar y remediar los daños causados por el fracking: Hay que prohibirlo, y lograr una ley de aguas centrado en los derechos humanos y la sustentabilidad, que resulte de un genuino proceso democrático participativo.

Estos lineamientos, añadieron, son una simulación para pretender proteger el ambiente y las personas cuando existe evidencia suficiente que muestra al fracking como una técnica experimental e inherentemente insegura y devastadora para el ambiente y, por lo tanto, imposible de regular. Razón por la cual van en aumento los lugares en el mundo donde ha sido prohibida, con base en el principio precautorio. Además, la documentación científica en el tema va creciendo, demostrando los impactos negativos al agua, al aire, a la salud, a la economía local y las
comunidades, y con ello, la vulneración de los derechos humanos y a la vida misma.

Además, los lineamientos son inoperables. «Si la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es actualmente incapaz de inspeccionar las descargas a los ríos de industria y municipios, ¿cómo vigilará el cumplimiento de estos lineamientos?». Lo mismo aplica para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA), creada con la Reforma Energética que, además de limitados recursos, cuenta con una autonomía limitada. Hay que destacar que la corrupción y la impunidad que reinan en las instituciones acentúan esa inoperabilidad.

En este contexto, la AMCF exigió que se detenga la simulación de que estos lineamientos puedan proteger a la población y al ambiente, y se prohíba el uso de la técnica del fracking en todo el territorio nacional.

«Esa es la manera en que el Estado nos protege»

Helena Cotler Dávalos, especialista en gestión integral de cuencas del Centro GEO del Conacyt, explicó que la próxima publicación de los Lineamientos para la Protección y Conservación de Aguas Nacionales en Actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales causa mucha preocupación porque desde hace dos años, de acuerdo con la Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés), el fracking impacta de manera irremediable e irrecuperable la calidad del agua.

La EPA revisó todas las comunidades en Estados Unidos que habían sido afectadas y mencionó más de 200 contaminantes de los que ni siquiera se conocía el impacto que podrían generar en la salud de las personas y en los ecosistemas, por lo cual al encontrar las graves afectaciones que el fracking tiene en agua, suelos y en poblaciones muchos países, sobre todo europeos, han impedido esta actividad.

Dijo que hay mucha información científica generada en el extranjero y en nuestro país que obligaría a que el gobierno mexicano implementara el principio precautorio establecido en nuestras leyes, pero vemos que el mismo Ejecutivo federal está incumpliendo ese principio.

Resulta preocupante que México tenga una Ley de Aguas Nacionales desde hace 30 años y una normatividad para las descargas desde hace 26 años, pero que la Conagua, de «manera muy conservadora» apenas mencione que el 70 por ciento de nuestros ríos están contaminados. «Lo que se está viendo, por el tipo de contaminantes, es que (la mayoría de las descargas) proviene de descargas industriales y descargas mineras».

Hasta 2004, la Profepa había notificado dos mil 507 percances ambientales y 43 emergencias por actividad minera. De modo que «lo que se ve es que tenemos una normatividad absolutamente laxa, una supervisión muy deficiente y una inexistente autoridad que ha incumplido la ley. Entonces, tenemos ríos como el Atoyac, Lerma, El Salto, con sustancias químicas tóxicas para la vida. Lo que estamos viendo es que nuestras leyes y nuestras autoridades no son suficientes para contener las actividades industriales.

Foto: Alianza Mexicana contra el Fracking.

«Es esta misma normatividad, así de laxa, la que en estos lineamientos se plantea. Si ustedes leen los lineamientos, dicen (que) ante cualquier problema se van a ejercer sanciones administrativas. Eso es todo, esa es la manera en que el Estado nos está protegiendo. Es decir, vamos a tirar sustancias químicas peligrosas para la vida, pero si pasa algo (solamente) hay sanciones administrativas».

Cotler Dávalos hizo énfasis en que la ley es tan laxa que no va a poder impedir la contaminación de los cuerpos de agua, las poblaciones locales ni las poblaciones a cientos de kilómetros de distancia de donde se practique el fracking, porque esos contaminantes van a recorrer los ríos. «Son contaminantes que no se van a diluir, van a persistir durante mucho tiempo en esos cuerpos de agua y, entonces, no solamente es la contaminación de la población alrededor, sino la contaminación a lo largo de todo el cuerpo de agua.

Con estos lineamientos, contrarios al artículo 4 constitucional y con el fracking, «que significaría la contaminación irreparable de los cuerpos de agua», lograr el derecho humano al agua va a ser imposible». El Ejecutivo federal tiene que concentrarse en generar una Ley General de Agua que incorpore el derecho humano al agua antes que en lineamientos que jurídicamente van a estar por sobre la misma Ley de Aguas Nacionales y que nos lleva en un sentido totalmente opuesto. «Sí, estamos totalmente en contra de que estos lineamientos aparezcan y totalmente en contra de esta actividad».

Julio César Cervantes, de la Central Campesina Cardenista y del Campo es de Todxs, describió
el impacto del fracking en las comunidades agrícolas del Valle de San Fernando en Tamaulipas, en
donde la entrada de esta técnica ha sido acompañada por la violencia, la contaminación y la
migración. Su organización considera el fracking como una amenaza a la seguridad y la soberanía
alimentaria del país.

«A kilómetros de profundidad»

Carlos Vargas Cabrera, hidrogeólogo, director del Centro para la Sustentabilidad Incalli
Ixcahuicopa de la UAM y miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todxs, Agua para la Vida, explicó a su vez que la fracturación hidráulica, según los propios Lineamientos propuestos por la Conagua, implica la perforación de miles de pozos a profundidades de varios kilómetros, desde donde se realizan perforaciones horizontales en todas direcciones, con una extensión de 1.5 kilómetros cada uno, cubriendo un área subterránea de siete millones de metros cúbicos.

Para cada pozo, cuya vida útil será de 10 a 15 días, se inyecta hasta 28 millones de litros de agua mezclada con arena y cientos de sustancias altamente tóxicas, para romper las estructuras geológicas y extraer bolsas de gas o petróleo.

Según el propio informe de la Conagua a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer):
“Esta tecnología implica el riesgo de acentuar el uso competitivo por el agua (…) especialmente en las cuencas donde su disponibilidad es escasa o nula, así como el riesgo de que los aditivos químicos del fluido de la fracturación hidráulica, los gases liberados durante su aplicación o la inapropiada disposición del efluente, así como el inadecuado manejo de lodos que brotan del pozo, contaminen el agua de corrientes, acuíferos y cuerpos de agua”.

Vargas señaló que la ruptura y contaminación de formaciones geológicas afectará los flujos de aguas subterráneas a lo largo de grandes regiones del país irremediablemente. Además, el
Lineamiento permitiría que la empresa petrolera declare el descubrimiento de nuevos “acuíferos
hidráulicamente independientes a los oficialmente reconocidos por la Comisión”, aun en zonas de
veda o sin disponibilidad—siendo un concepto fuera del marco legal de la actual Ley de Aguas
Nacionales.

Pedro Moctezuma Barragán, Coordinador del Programa de Investigación Sierra Nevada de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que países como Francia, Austria, la República Checa e Irlanda, así como regiones enteras de España, Italia, y ciudades como Berlín y Nueva York, han prohibido el fracking por los daños a la salud y al medio ambiente. Las universidades han jugado un papel vital en estos procesos, al proveer a la población información objetiva sobre los riesgos y el impacto de esta tecnología.