ONG’s exigen juicio justo para Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez; se criminaliza a defensores, denuncian

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 10 de junio de 2019

 

Más de cien organizaciones dedicadas a la defensa de derechos humanos, universidades, activistas y académicos exigieron un juicio justo para Irineo Mujica y Cristóbal Sánchez, cuya detención el miércoles 5 de junio, sostuvieron, es una forma de criminalización de las personas defensoras y que atenta contra el derecho a defender derechos.

«Sumado a las detenciones de los defensores, nos preocupa que a partir de los recientes acuerdos alcanzados por el gobierno mexicano con Estados Unidos, se anunció el envío de elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio, priorizando la Frontera Sur, con la finalidad de ‘reducir la migración irregular’, avanzando así en una agenda de militarización en la frontera sur y de criminalización de las personas migrantes y de quienes les defienden y acompañan», añadieron.

En conferencia de prensa frente a la Fiscalía General de la República (FGR) en Tapachula, Chiapas, Gina Garibo, coordinadora de Pueblos Sin Fronteras, organización a la que pertenece Irineo Mujica, sostuvo que la detención de su compañero y de Cristóbal Sánchez, del Colectivo de Cultura Migrante, es parte de una campaña de criminalización contra las personas defensoras de migrantes emprendida por los gobiernos de México y Estados Unido.

En México, inició en noviembre del año pasado luego de que un grupo de migrantes centroamericanos intentó cruzar en Tijuana la frontera con Estados Unidos y elementos de la Patrulla Fronteriza lo impidieron lanzándoles gases lacrimógenos.

Entonces se filtró «una lista» supuestamente elaborada por las autoridades en la que aparecen activistas, periodistas, abogados y «casi todos» los integrantes de Pueblo Sin Fronteras. Luego, «el 15 de enero de 2019, el actual comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, hizo alusión a que Pueblo Sin Fronteras era una organización que mentía, que lucraba y que engañaba a las personas migrantes. Después, justamente el 28 de febrero, en Washington, la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo precisamente que Pueblo Sin Fronteras era una organización criminal, que se encargaba de reclutar a personas migrantes desde Centroamérica. Una total mentira.

«¿Qué es lo que ha desatado todo esto? Dos declaraciones de autoridades de tan alto nivel, de forma tan irresponsable, ha causado que muchos de los miembros de Pueblo Sin Fronteras tengamos amenazas de muerte, amenazas de diferente tipo. No sé si recuerden, hace algunos meses el compañero Irineo Mujica sufrió un atentado en su casa, intentaron quemar su casa y su auto por la labor de defensa que hace, porque tiene el valor de alzar la voz en contra de las injusticias y tiene el valor de levantar la voz cuando las autoridades están violando los derechos de las personas», recordó Gina Garibo.

Añadió que la campaña de criminalización contra personas defensoras también se da al interior de Estados Unidos, toda vez que el activista Scott Warren, de la organización No Más Muertes, está siendo juzgado sólo por dar agua y ayuda humanitaria a migrantes, y corre el peligro de ser condenado a 20 años de prisión. «A eso es a lo que nos enfrentamos cualquier persona que se atreva a defender los derechos de otra persona en situación de vulnerabilidad, a defender a personas migrantes (…) Lo único que les quiero decir, aquí enfrente de la FGR, es que exigimos justicia para Cristóbal, justicia para Irineo, y que cada uno de sus procedimientos legales se lleven con estricto apego a la norma». Aunque parece que «el mandato es dar una lección a cualquier defensor que se atreva a acompañar y mostrar solidaridad. Básicamente la ayuda humanitaria está siendo criminalizada, el caminar, el ser solidario está siendo criminalizado y eso es una completa aberración para la humanidad entera».

Al mismo tiempo, decenas de organizaciones, colectivos, activistas y académicos firmaron un comunicado conjunto en el que sin mencionarlo le exigen n al gobierno de Andrés Manuel López Obrador detener la criminalización de personas defensoras de derechos humanos, en general, y en particular la de Cristóbal Sánchez e Irineo Mujica como defensores de migrantes, para quienes piden garantías de un debido proceso, la presunción de inocencia y que su juicio se lleve a cabo con respeto a los derechos humanos y con todas las garantías procesales.

Recluidos en Tapachula, Chiapas, Sánchez y Mujica son acusados por las autoridades federales de tráfico de personas, incluidos niñas y niños. Ambos fuueron detenidos «de manera arbitraria» el 5 de junio, en el contexto de las negociaciones políticas y comerciales entre Estados Unidos y México, uno en la capital del país y otro en Sonora.

Recordaron Cristóbal Sánchez es un defensor de derechos humanos que ha trabajado en temas migratorios durante los últimos 15 años. Fundó el Colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas brindando ayuda humanitaria. Ha colaborado con el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como realizando trabajo de campo para un proyecto de la Universidad de Columbia, Nueva York. Mientras que Irineo Mujica es miembro de Pueblo Sin Fronteras, «organización que ha sido sistemáticamente criminalizada» por su labor de acompañamiento a diferentes caravanas migrantes.

Al dar a conocer que este martes 12 de junio a las 8am se llevará a cabo la audiencia de vinculación, las organizaciones firmantes pidieron que, de comprobarse la no existencia de pruebas idóneas y suficientes en contra de Cristóbal e Irineo por los delitos que injustamente se les imputan, el Juez debería dictar auto de libertad por falta de elementos.

Exigieron a la Fiscalía General de la República que garantice un juicio justo, con atención al debido proceso y con respeto a los derechos humanos, respeto a la presunción de inocencia y que se garantice que no se usarán las instituciones de procuración de justicia para fabricar pruebas y criminalizar a defensores.

«La privación de la libertad de ambos defensores, representa una forma de criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos de las personas migrantes, lo que atenta contra el derecho a defender derechos, resultando aún más preocupante en un contexto tan complejo como el que enfrenta la migración en el país», afirmaron.

Entre las personas, académicos y organizaciones firmantes del comunicado se encuentran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, que agrupa a una docena de organizaciones defensoras de derechos humanos; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, integrada por 87 organizaciones de 23 estados; la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Casa de Acogida y Formación para Mujeres y Familias Migrantes; Global Exchange; Red de Mujeres del Bajío; Sin Fronteras; y el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena A.C.

También, el Programa de Asuntos Migratorios y Maestría en Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México – Tijuana; Programa de Asuntos Migratorios del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social – ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla; y las y los académicos Carolina Robledo Sivestre, Carolina Corral Paredes y May-ek Querales Mendoza del CIESAS –GIASF; Alfredo Limas, observatorio de violencia social y de género, UACJ; Martha García Ortega, Guadalupe Ortiz y Enrique Coraza de los Santos de Ecosur; Federico Campbell Peña, La Hora del Migrante; y María García, de la Coalición Binacional vs Trump, entre varios más.

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Foto de portada: Facebook Pueblo Sin Fronteras.