SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 16 de enero de 2017
Más de 200 organizaciones que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra, al que se sumaron organismos defensores de migrantes y jornaleros agrícolas, activistas, académicos y periodistas, además de distintos actores de San Luis Potosí, pidieron al gobernador de ese estado, Juan Manuel Carreras López, ejercer la facultad legal que le otorga la Constitución y presente una controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior por los riesgos que implica contra el Estado de democrático de derecho en México.
Los peticionarios argumentaron que la ley no sólo es inconstitucional, sino que ataca directamente al federalismo al dejar abierta la posibilidad de que el presidente de la República despliegue a las fuerzas federales, incluidas las Fuerzas Armadas, de forma unilateral y por tiempo indefinido, sin supervisión o contrapeso de ningún otro poder constitucional, en cualquier parte del territorio nacional.
A través de una carta, le hacen ver a Carreras López que «los problemas de constitucionalidad de la Ley son conocidos: autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública e investigación penal en contravención directa del artículo 21 constitucional; utiliza conceptos ambiguos que permiten usar la fuerza del Estado en forma arbitraria; permite a las fuerzas armadas actuar sin subordinarse a las autoridades civiles; anula los mecanismos de control y de rendición de cuentas más elementales; pone en riesgo el ejercicio del derecho a la protesta social; viola principios fundamentales del derecho a la transparencia y acceso a la información; entre muchos otros».
Los firmantes estiman que la Ley de Seguridad Interior también es «inconvencional», por ser contraria a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano. En específico, porque la Ley invade la competencia de estados y municipios en tareas que la Constitución Política de los Estados Unidos les ha encomendado expresamente, como la seguridad pública.
Al pedirle que presente la controversia constitucional, el colectivo #SeguridadSinGuerra le ofreció al gobernador el apoyo técnico que pudiera requerir. «En los momentos en que se pone en juego la democracia de nuestro país, las voces y las acciones de personas comprometidas con los valores democráticos no solamente son importantes, sino que se vuelven fundamentales para la preservación y construcción del Estado de derecho», afirmaron.
Al final de su misiva, señalaron que nuestro país necesita consolidar medidas estructurales que realmente garanticen la seguridad y la justicia. Normalizar una situación de excepcionalidad no es el camino. «Esperamos que pueda Usted ser un referente de congruencia democrática para otros gobernadores, en uno de los momentos en que el país más lo necesita».
Foto: Sedena.
Entre los firmantes de la petición se encuentran el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés); Comuna Artística Revolucionaria (San Luis Potosí); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM) integrada por familiares de personas desaparecidas en todo México; Migrantes Organizados, AC. De Aguascalientes; Servicios de Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Observatorio Mesoamericano (San Luis Potosí); la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organismos civiles de 23 estados del país); y el Colectivo Migraciones para las Américas, entre otros más.
También, los activistas Alberto Athié, Mariclaire Acosta, María Elena Morera y Michael Chamberlin, además del periodista Julio Hernández López y el académico Sergio Aguayo, entre otros.
Fotograma de portada: Youtube.
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