ONU declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo

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Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Lunes 10 de diciembre de 2019

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas declaró al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo Rivas sucedida en Piedras Negras, Coahuila, en julio de 2013, y señala que los hechos se dieron en el marco de un «contexto generalizado de violaciones a los derechos humanos».

I(dh)eas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, organización defensora de derechos humanos que presentó el caso ante el Comité de la ONU, señaló que esta es la tercera ocasión en el año que ese órgano de protección de derechos humanos determina que las autoridades del Estado mexicano son responsables de actos de desaparición forzada. Los otros dos han sido los de Christian Téllez y Jesús Israel Moreno, también presentados por la organización.

«Desde I(dh)eas recordamos al Estado mexicano que tiene 180 días para cumplir esta decisión y hacemos un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que reconozca públicamente una verdadera voluntad para cumplir las decisiones de la ONU e implemente un mecanismo eficaz y de alto nivel para ello», añadió a través de un comunicado.

Víctor Manuel Guajardo Rivas fue desaparecido en Piedras Negras, Coahuila, el 10 de julio de 2013, después de que agentes del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y del Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM), ambos de la Policía de Elite del estado de Coahuila, entraran violentamente en su casa y se lo llevaran detenido presuntamente por pertenecer al cártel de los Zetas.

María Hortensia Rivas Rodríguez madre de Víctor relató en 2016 a I(dh)eas que elementos de ambos grupos intresaron a su casa por la fuerza y sin ninguna orden de aprehensión o presentación, torturaron a su hijo en presencia de su esposa Midiam Iricelda Valdez Cantú e hijos, y se lo llevaron en la madrugada a bordo de una camioneta con el logotipo del grupo policiaco, pero sin placas.

María Hortensia dijo esa vez que decidió emprender una búsqueda completamente sola ante la falta de autoridad para realizar la búsqueda:

“En el 2013, en mi desesperación por encontrar a mi hijo Víctor, yo sola me salía por las noches y las madrugadas enteras a buscarlo, sin rumbo definido. Manejaba por las carreteras solas y oscuras y me metía hasta por las brechas porque se sabía que allí han dejado muchos cuerpos o que allí mismo torturan a muchos hombres hasta matarlos. Sé que en esa oscuridad se mueve la delincuencia organizada y que son sus territorios de noche, que ni una patrulla atraviesa por allí. Sabía desde entonces lo peligroso que es pero no me importa porque tengo que encontrarlo. Ahora tengo más precauciones pero si tengo que volver hacerlo, lo haré”.

A más de seis años de distancia de la desaparición de Víctor Manuel, su madre sostiene que el hecho de señalar que el gobierno mexicano es el responsable de la desaparición de su hijo sólo es el principio. «Busqué por años la colaboración eficaz del gobierno en la búsqueda de mi hijo Víctor, exigó un diálogo que permitiera saber dónde está. Sigo exigiendo justicia. La inseguridad que se vive en el país es producto de gobiernos que nos dieron la espalda. Es un claro ejemplo de incumplimiento de sus funciones constitucionales».

María Hortensia Rivas sostiene la fotografía de Víctor Manuel.

Para Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU «da alivio a una madre que se encuentra buscando a su hijo» desde hace muchos años. «Sin embargo, quiero señalar que el litigio del Estado en su defensa ante los órganos internacionales de este y otros casos que hemos presentado, se ha basado en descalificar la versión de las familias, utilizando argucias jurídicas que pretenden justificar el actuar de funcionarios negligentes, omisos e incluso partícipes en las desapariciones».

El dictamen del Comité de la ONU, respecto de la comunicación 2766/2016, fue notificado el 29 de noviembre y con ello declaró la desaparición forzada de Víctor Manuel Guajardo y la consecuente violación por parte del Estado mexicano de varios de los derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité consideró que habían transcurrido más de seis años desde la desaparición de Víctor Manuel sin que las investigaciones ni los procesos en contra de los perpetradores de la desaparición hubieran avanzado significativamente y sin que el Estado mexicano hubiera justificado la omisión, negligencia e impunidad. Asimismo, estableció que la desaparición de Víctor Manuel ocurrió en un contexto general de violaciones de derechos humanos y desapariciones forzadas cometidas por militares y policías en el estado de Coahuila.

Sostuvo, también, que los hechos son claramente una conducta de desaparición forzada de personas que no pudo ser desvirtuada por el Estado mexicano. Mencionó: «Uno de los elementos característicos de la desaparición forzada de personas es precisamente la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte y el paradero de la persona» y que los Estados «deben establecer procedimientos eficaces para investigar a fondo los casos de desapariciones forzadas, tomando en cuenta los elementos característicos de este tipo de delito, como la negativa de las autoridades a reconocer la detención».

Añadió que el Estado mexicano, representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no proporcionó «una explicación suficiente y concreta para rebatir las afirmaciones de los autores», por lo cual estableció que los hechos constituyen una desaparición forzada.

Otros de los derechos violados por el Estado mexicano en este caso, protegidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, son los derechos a la vida, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la libertad y a la seguridad personales, y el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por ende, la violación del Estado mexicano a los artículos 6, 7, 9 y 16 del Pacto.

«Ante esta situación exhortamos a las más altas autoridades del Gobierno Federal a revisar esta actitud, dar cumplimiento efectivo a los dictámenes de la ONU y con ello enviar, por lo menos, un mensaje de alivio y solidaridad a los familiares de las víctimas de las desapariciones», dijo I(dh)eas.