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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Martes 18 de septiembre de 2018
- El Acuerdo hace un reconocimiento explícito a los derechos de los pueblos indígenas y a la diversidad cultural de América Latina y de sus pueblos.
Los 27 Relatores Especiales en Derechos Humanos de la ONU llamaron este día a todos los países de Latinoamérica y el Caribe a ratificar, «a la brevedad posible», el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, tratado que incluye por primera vez en el mundo disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos relacionados al medio ambiente.
El Acuerdo de Escazú fue firmado el 4 de marzo de este año en esa ciudad de Costa Rica por México y otros 32 países de la región, y a partir de este 27 de septiembre estará abierto para su ratificación en la Asamblea General de la ONU en su sede de Nueva York. Requiere un mínimo de 11 Estados para entrar en vigor.
Berta Cáceres, defensora indígena de Honduras asesinada en 2016. | Foto: Centro Prodh.
Este tratado es el único vinculante emanado de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y resultado de las negociaciones auspiciadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuya secretaria ejecutiva es la mexicana Alicia Bárcena, mencionada en varias ocasiones para ocupar algún cargo en el gobierno del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
El documento «no sólo garantiza una buena gobernanza y derechos democráticos básicos, sino que también facilita la protección medioambiental y el desarrollo sostenible», señalaron los 27 expertos en una declaración conjunta, en la que destacaron que «hay un énfasis especial en las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad y en las medidas para intentar ayudar a quienes más lo necesitan. Saludamos el enfoque de este tratado en superar las barreras y dificultades que obstaculizan el pleno disfrute de los derechos humanos relativos al medio ambiente, lo que resulta especialmente crucial en América Latina y el Caribe».
El Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, señaló: “Este acuerdo es un importante paso adelante en la protección y salvaguardia de las y los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Al establecer disposiciones vinculantes específicas, los Estados latinoamericanos y caribeños no solo reconocen la grave y preocupante situación a la que se enfrentan los defensores ambientales en países de la región, sino que también están tomando medidas concretas para reafirmar su papel y respetar, proteger y realizar todos sus derechos”.
A la vez que elogiaron el reconocimiento explícito del tratado a los derechos de los pueblos indígenas, así como a la diversidad cultural de América Latina y de sus pueblos, el Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, David R. Boyd, subrayó el artículo 1 del tratado, que reconoce el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano.
Los expertos de la ONU también saludaron las disposiciones en el tratado que buscan garantizar el acceso a la información y a la justicia, en los distintos idiomas utilizados en cada uno de los países, y fomentar la cooperación y participación pública.
“En conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos, el acuerdo regional establece importantes estándares que serán fundamentales a la hora de enfrentar algunos de los desafíos más apremiantes del mundo, tales como el cambio climático, la degradación de la tierra, la contaminación del agua, los desastres naturales y el agotamiento y uso no sostenible de los recursos naturales”, enfatizaron.
Foto: Código H.
Recomendaron a los Estados latinoamericanos y del Caribe adoptar, en sus estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un enfoque que englobe a la sociedad en su conjunto. E insistieron en que un aspecto esencial de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos es garantizar la protección, el respeto y el apoyo a los individuos que plantean preocupaciones respecto al impacto negativo sobre los derechos humanos, incluyendo en el contexto del desarrollo de proyectos que involucran a empresas.
“Este enfoque permitiría que cualquier persona (particularmente aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como las personas de edad) tenga acceso a información oportuna y fidedigna, y así puedan participar de manera significativa en las decisiones que afectan a sus vidas y acceder a procedimientos de resarcimiento de daños y los recursos pertinentes cuando sus derechos sean vulnerados”.
Además de los ya citados, otros de los Relatores Especiales que firmaron el llamado Baskut Tuncak, Relator Especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos; Obiora C. Okafor, Experto independiente sobre los derechos humanos y la solidaridad internacional; Dainius Pūras, Relator Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Victoria Tauli Corpuz, Relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Léo Heller, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento; Hilal Elver, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; y Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Foto de portada: La Bagatela.
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