SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Tegucigalpa, Honduras/ Washington, EEUU / Miércoles 28 de noviembre de 2018
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron este día su preocupación por la exclusión de la representación legal de las víctimas por el asesinato de la defensora Berta Cáceres y las «demoras injustificadas» en el proceso que se lleva a cabo en este país.
Foto: COPINH.
Ante el próximo fallo del caso de Berta Cáceres, la OACNUDH y la CIDH explicaron que «el 19 de octubre la acusación privada presentó un recurso de recusación contra el tribunal que conoce del caso, lo cual fue interpretado por el tribunal como abandono del proceso y nombró al Ministerio Público como representante de las víctimas»; además de que a lo largo del proceso judicial se ha producido la demora de la tramitación de otros tres recursos de amparo que hasta la fecha continúan pendientes de resolución.
«Estos recursos de amparo corresponden, además de la recusación del tribunal, la incorporación del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) como víctima, la exclusión de la acusación privada por abandono de proceso y la incorporación de una de las víctimas como acusación privada».
De tal cuenta, ante el anuncio de la próxima emisión del fallo por parte del Tribunal de Sentencia, la OACNUDH y la CIDH sostuvieron que la exclusión en la fase del juicio oral y público de la acusación privada socava significativamente el derecho de las víctimas a un acceso efectivo y equitativo a la justicia así como su derecho a la verdad.
«Esta exclusión, además, tiene efectos concretos en la evacuación de los medios probatorios, que habrían sido propuestos por la acusación privada y cuya finalidad probatoria no puede ser orientada por la misma. Como lo ha señalado la Relatoría sobre sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, ‘la persecución penal sólo es efectiva si las víctimas y sus familias son efectivamente involucrados en el proceso’ y esa participación pone de manifiesto y afianza el derecho a la verdad».
En relación con la demora en la tramitación de los recursos de amparo, recuerdan que estos se constituyen como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos, entre ellos el debido proceso y el derecho a un recurso judicial efectivo, reconocidos en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y por ello el retardo en la resolución de dicha acción disminuye la efectividad de su función de protección, sobre todo ante hechos irreparables y el deber de debida diligencia que corresponde al Estado en relación a este tipo de enjuiciamientos.
«A este respecto, es oportuno resaltar lo señalado por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el sentido de que un aspecto importante de la imparcialidad del órgano de justicia es su carácter expeditivo y por ello ha señalado que las demoras que no pueden justificarse por la complejidad del caso o el comportamiento de las partes no son compatibles con el principio de una vista imparcial.
Foto: SemMéxico.
«La justicia para las víctimas será efectiva e integral cuando se judicialice y responsabilice a todos los autores materiales e intelectuales del crimen. En ese sentido la Corte Interamericana, ha expresado que “es un derecho internacional y deber general de los Estados garantizar el cumplimiento de la obligación de investigar el caso ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva para poder judicializar a los verdaderos responsables de vulneraciones a derechos humanos”.
«Finalmente, la OACNUDH y CIDH advierten que es imperativo, que el sistema de justicia pueda garantizar el absoluto cumplimiento de las garantías del debido proceso y la protección judicial efectiva en este primer juicio por el asesinato de la defensora Berta Cáceres. Para ello, la impartición de justicia en un caso tan paradigmático, enmarcada en los principios de transparencia y acceso a la información, es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y sus resoluciones, para la búsqueda de justicia de su familia, así como para la salvaguarda de la labor de las personas defensoras en Honduras».
Foto de portada: COPINH.
Comparte en Facebook
Twittéalo
