ONU emite recomendaciones a México sobre DDHH y contra la impunidad

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 20 de octubre de 2016

 

Luego de reunirse con una representación del gobierno de México en sus oficinas de Nueva York, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió 14 recomendaciones como resultado de su visita a nuestro país en octubre de 2015, entre las que sobresalen el establecimiento de un consejo asesor en derechos humanos integrado por expertos y combate  a la impunidad; crear una institución forense autónoma, independiente y con recursos suficientes; establecer un registro de personas secuestradas, y otro de todas las detenciones.

Al Hussein recomienda fortalecer los esfuerzos para asegurar que todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente por una oficina especializada de alto nivel de la Procuraduría General de la República. Esta Oficina debería estar dirigida por un/a reconocido/a experto/a en materia de derechos humanos y el combate a la impunidad, y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.

Además, tomar todas las medidas necesarias para garantizar el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales, incluyendo aquellos de administración y procuración de justicia e instituciones de derechos humanos, y la de las personas que los encabecen. Investigar a fondo cualquier acto de presión política y corrupción y separar a los servidores públicos de sus funciones en caso de ser encontrados culpables.

En cuanto a los ordenamientos legales, pide una ley nacional sobre el uso de la fuerza pública en concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación; reformar el Código de Justicia Militar y otras normas relevantes con la finalidad de que la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones de derechos humanos cometidas contra los militares, y exhorta a las autoridades civiles a «cumplir plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de las fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando».

En materia de seguridad pública, «promover un enfoque de seguridad ciudadana en la seguridad pública con mayores medidas para asegurar que las políticas de seguridad pública y las instituciones que las ejecutan cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos y garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas».

Respecto de los instrumentos internacionales, pide promover la firma y ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño; y reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada; firmar y ratificar todos los tratados interamericanos de derechos humanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que están pendientes de ratificación.

También, asegurar y monitorear la implementación, tanto a nivel local como nacional, de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos fortaleciendo los mecanismos inter-institucionales de alto nivel creados para este propósito y el sistema nacional de estadística en derechos humanos. Ambos deben incluir mecanismos adecuados de participación de la sociedad civil y los sujetos de derechos.

En cuanto a grupos sociales, recomienda garantizar que los pueblos indígenas sean consultados de manera adecuada cuando se planeen o tomen medidas que afecten sus derechos, particularmente en el contexto de proyectos de desarrollo, de corporaciones nacionales y transnacionales, apegándose a los estándares internacionales de derechos humanos; e incorporar aún más la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas sobre mujeres, particularmente aquellas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres, asegurando la asignación de recursos necesarios para su completa implementación.

La respuesta

La oficina del Alto Comisionado de la ONU informó que en la reunión en Nueva York participaron Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Eber Betanzos Torres, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; y Jan Jarab, Representante en México de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

Su respuesta fue que «en general las recomendaciones formuladas serán consideradas y atendidas, como ya se consideran otras recomendaciones de otros mecanismos de derechos humanos que han sido formuladas a México». Sin embargo, la representación del gobierno mexicano advirtió que «algunas de las recomendaciones dependen en gran medida de las acciones de los poderes Judicial o Legislativo, o bien los estados. El carácter federal de nuestro país implica que el seguimiento corresponderá a actores más allá del Poder Ejecutivo, si bien en general las recomendaciones se aprecian constructivas y, en general, atendibles».

Foto de portada: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.