Oposición retrógrada

SOMOSMASS99

 

Alfonso Díaz Rey*

Viernes 12 de junio de 2020

 

En memoria de Jesús Escamilla, internacionalista, compañero y amigo.

 

En cualquier sociedad es imposible que se dé gusto a todos y cada uno de sus miembros, de ahí que es normal la constitución y presencia de individuos o grupos con posiciones opuestas a quienes tienen responsabilidades de dirección o administración en esa sociedad.

El indicador del grado de aceptación de una administración o dirección en una sociedad es la apreciación de la mayoría de sus miembros, en relación a sus condiciones anteriores. Sin embargo, cuando un sector minoritario experimenta una reducción en sus privilegios, por la pérdida parcial o total del poder que acostumbraba ejercer, no duda en acudir a todo tipo de acciones para retornar a su anterior condición.

En nuestro país, durante prácticamente toda su historia, el estrato social económicamente dominante ha ejercido, directa o indirectamente, el poder político. Si en algunos momentos y en ciertas regiones no ha ocurrido así, como durante las revoluciones de Independencia, de Reforma y la de 1910-1917, y la administración de Lázaro Cárdenas, lo cierto es que, pasados esos momentos, ese grupo ha recuperado el poder y los privilegios que le acarrea tal condición. El pueblo, por otra parte, también ha retornado a su anterior situación de dominado, excluido y explotado.

Tras seis administraciones federales de recrudecimiento de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población, del gobierno de Miguel de la Madrid al de Enrique Peña Nieto, el hartazgo llegó a tal límite que en la elección presidencial del 1 de julio de 2018 el pueblo se volcó en las urnas en favor del perseverante candidato en cuya oferta política destacaba, además de la atención privilegiada a los desposeídos y excluidos del estado de cosas imperante, la lucha contra la corrupción, un mal que había echado raíces y era sinónimo del quehacer político.

El voto popular fue tan abrumador que impidió la realización del fraude electoral, que en las dos elecciones anteriores había sido el mecanismo para evitar el ascenso de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República.

Cuando se conoció la tendencia del voto ese 1 de julio, adquirió mayor fuerza la campaña contra el ganador de la elección, campaña que llevaba poco más de 12 años, que arreciaba en tiempos electorales y pasados estos se diluía, como si trataran de desaparecerlo políticamente.

Aún antes de entrar en funciones, por el hecho de que el partido que lo postuló había logrado mayoría en ambas cámaras, el presidente electo era calificado, por «analistas expertos», de antidemocrático y promotor de una dictadura.

La campaña contra el actual gobierno federal se ha agudizado. Sus promotores siguen al pie de la letra las directrices del imperio norteamericano y la derecha internacional para desestabilizar gobiernos que se desvíen de los designios del gran capital y empieza a tomar tintes de los llamados «golpes blandos».

Conviene aclarar que, por lo hasta ahora realizado, el gobierno de López Obrador no es anticapitalista. Se ha manifestado antineoliberal y llevado a cabo medidas y acciones en favor de los más necesitados, utilizando recursos provenientes de la recuperación de lo que anteriormente se sustraía y dilapidaba, prácticamente se hurtaba, vía mecanismos de corrupción, lo que necesariamente afectó poderosos intereses económicos de no pocos miembros y aliados de los regímenes neoliberales.

La condición de desastre en que los neoliberales y la derecha dejaron al país es de tal magnitud que sus efectos permanecerán por un largo tiempo. Un claro ejemplo es el sistema público de salud que, desatendido y desmantelado para favorecer al sector privado y a los monopolios de la industria farmacéutica, quedo prácticamente desarmado para atender de la manera más eficiente y eficaz la actual pandemia.

Y así como el sector de la salud: el resto de la seguridad social, el energético, el alimentario, el educativo, el de transportes, el laboral, el judicial, la seguridad pública y, de manera casi general, el país entero, el cual quedó devastado tras las administraciones neoliberales. La excepción fue la alta burguesía y el grupo hegemónico de la clase dominante: la oligarquía.

Pues bien, de los efectos que aún persisten del destrozo neoliberal se valen la derecha, oligarquía incluida, y sus vasallos para presentarlos como las consecuencias del actual gobierno de la República y armar sus campañas de mentira y denostación con el claro objetivo de desestabilizarlo.

Para ello cuentan con un importante número de medios de información y difusión, que son de su propiedad o están a su servicio, y de ciertos «personajes» resentidos porque fueron retirados del presupuesto, como resultado de medidas contra la corrupción.

También cuentan con el apoyo y asesoría de las fuerzas más recalcitrantes de la derecha internacional, igualmente mentirosas y con mayor desfachatez, quienes de alguna manera se beneficiaban de la anterior situación.

Como en los tiempos de la Guerra Fría, acusan al gobierno actual y, especialmente, al presidente, de socialista o comunista y presentan al tipo de régimen y sociedad que promueven y defienden como «libre y democrática». Ocultan que esa sociedad y ese régimen son, junto con ellos, los responsables directos de la devastación de este país.

Así como anteriormente en las manifestaciones públicas infiltraban provocadores y los utilizaban para desacreditar a las personas y organizaciones que protestaban, ahora ese lumpen, a quien también desprecian, es empleado para aparentar un desmedido descontento y desesperación social ante el gobierno actual y, en parte debido a la impreparación, impericia y vicios de los cuerpos policiacos y otros que debieran vigilar y procurar el orden público, crear situaciones de violencia y represión para alentar el odio y enardecer a los manifestantes, incrementar su número, mantenerlos en las calles y manipularlos para el logro de su objetivo.

Sin embargo, quienes están al frente de esta «oposición» son ampliamente conocidos y no precisamente por su rectitud y honestidad, sino por mentirosos, corruptos y por actitudes que rayan en el fascismo, al igual que sus «asesores» extranjeros, lo que los hace más peligrosos; porque con tal de recuperar su poder y privilegios son capaces de urdir y llevar a cabo acciones que implicarían un elevado costo.

Los defensores del capitalismo en su más agresiva versión, el neoliberalismo, pretenden la recuperación total del poder para la oligarquía. Tras sus falsas promesas y el más absoluto cinismo, lo único que pueden ofrecer es un retorno al pasado, en el que regresaríamos a condiciones de vida y trabajo peores a las que existían antes de su derrota electoral de julio de 2018, el país entero sería entregado al capital financiero local e internacional y el pueblo continuaría excluido y subordinado a los designios e intereses de la oligarquía.

Se puede, y se debe, ser crítico con quienes nos gobiernan. No obstante cuando la finalidad es destruir, la crítica puede derivar en terrorismo verbal o mediático; sin embargo, cuando se utiliza para dar a conocer y promover propuestas que transformen una realidad que es adversa al pueblo y mejoren las condiciones de vida de la mayoría, se convierte en una práctica fundamental y necesaria para impulsar y defender la democracia.

En momentos como el actual, en los que es esencial evitar el retorno al pasado reciente, adquiere importancia la necesidad de contar con una teoría que explique el porqué de la situación del país, la forma, vías y etapas para superarla y las fuerzas sociales capaces de lograrlo, además del despliegue de una lucha ideológica que proporcione una visión y comprensión propias de nuestra realidad, para poder transformarla en favor del pueblo.

---

* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.

Imagen de portada: Javier Lozano, político poblano exsenador de la República, reconocido como parte de la ultraderecha y por sus posturas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena. | Foto: Senado de la República.