Redacción SomosMass99
Guanajuato, Gto. Jueves 18 de junio de 2015
- En el caso del defensor comunitario se han dado una cadena de violaciones a la debida diligencia y a sus derechos humanos.
Hace un año que a Marco Antonio Suástegui Muño, fue detenido arbitrariamente. Al defensor comunitario de Guerrero se le imputan delitos que no cometió, el Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan denuncia que los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Acapulco, deben resolver las tres apelaciones pendientes sin mayor dilación. Exigen que se le ponga en libertad de manera inmediata.
Marco Antonio Suástegi, es miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota, el 17 de junio de 2014 fue detenido de manera arbitraria en Acapulco, Guerrero. Se le acusa de ataques a las vías de comunicación, despojo, lesiones simples, lesiones agravadas y robo.
Cabe recordar que el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota ha encabezado por más de once años una lucha en contra de la imposición, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros actores estatales, de un proyecto hidroeléctrico legal, ambiental y socialmente inviable en las inmediaciones de Acapulco. Los campesinos y ejidatarios, acompañados por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” han recibido 5 decisiones favorables en contra de la construcción de la presa por parte de Tribunales Agrarios, reconociendo que son los comuneros, ejidatarios y avecindados unidos en el CECOP, quienes tienen la razón legal y la legitimidad social para decidir sobre el uso de sus tierras. Sin embargo, año con año, el gobierno federal aporta en su presupuesto federal, un monto para la CFE para la construcción de dicha presa.
Un rosario de violaciones
Los defensores del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan que acompañan al líder comunitario señalan a través de un comunicado que en este caso se registraron una serie de violaciones al debido proceso y a la defensa adecuada, tanto así que la Fiscalía General del Estado logró consolidar y consignar – en tiempo récord – cinco averiguaciones previas por los delitos referidos.
- Con la detención de Marco Antonio se evidencia la criminalización del derecho a la protesta.
Tres de esos expedientes se encuentran ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), pero esta instancia ha dilatado las decisiones sobre los recursos de apelación sin fundamento alguno; ejemplo de ello es que las audiencias de vista están programadas hasta agosto y septiembre.
En el largo camino por la justicia, Marco Antonio Suástegui ha recibido la protección de la justicia federal en dos juicios de amparo interpuestos. Se trata del amparo 1034/2014 contra el auto de formal prisión que evidenció las violaciones al debido proceso, entre ellas que al momento de tomar la declaración de Marco Antonio en ningún momento se le permitió contar con un abogado de su confianza, no se le permitió comunicación con su familia, no se le permitió reconocer su autoadcripción a un pueblo indígena y además nunca se le informó de los delitos de que se le acusaban; además su derecho a un debido proceso también se vio agraviado cuando su declaración no fue recabada dentro del plazo, sino hasta seis días después.
Otras de las irregularidades en el proceso penal iniciado contra Marco Antonio, quedaron evidenciadas en el amparo contra traslado 649/2014, en el cual se demostró la ilegalidad del traslado de Marco Antonio al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) número 04 Noreste ubicado en Tepic, Nayarit, debido a que el traslado no fue justificado dentro del proceso jurídico por las autoridades estatales que así lo solicitaron; violándose así las garantías a la legalidad, su derecho a una defensa adecuada y a un trato igualitario ante la ley. A pesar de la decisión del Poder Judicial de la Federación, el Ejecutivo estatal demoró sin fundamento el traslado del integrante del CECOP a Guerrero, lo que evidenció – una vez más – el trasfondo de la criminalización en el proceso contra el defensor.
Una inconsistencia más es la carencia de pruebas existente en la causa penal, de modo que no se corrobora legalmente que Marco Antonio cometió los delitos que se le imputan.
- A Marco Antonio Suástegui no se le permitió contar con un abogado de su confianza, ni comunicarse con su familia, entre muchas otras irregularidades.
Todas estas violaciones procesales debilitan la causa penal, el auto de formal prisión dictado en su contra no se sostiene y además Marco Antonio ha aportado un cúmulo de pruebas que demuestran de manera contundente su inocencia.
El grupo defensor destaca el contexto de criminalización de personas defensoras en Guerrero y el uso político del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para tal efecto. Por ello, señalan, a un año de la detención arbitraria de Marco Antonio, desde Tlachinollan instamos a los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado a que a la brevedad valoren con imparcialidad las pruebas ofrecidas en los recursos de apelación contra los autos de formal prisión dictados contra Marco Antonio Suástegui, y resuelvan la libertad inmediata del defensor comunitario.
Tlachinollan reitera que continuará con la defensa de Marco Antonio Suástegui y no dejará de denunciar junto al CECOP, el carácter político de la persecución penal y la arbitrariedad de su encarcelamiento, apelando a la solidaridad de la sociedad civil u la comunidad internacional para seguir denunciando la inviabilidad legal, ambiental y social del Proyecto Hidroeléctrico La Parota y la legitimidad de la lucha de las y los integrantes del CECOP.
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