SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 12 de agosto de 2018
A cuatro años de los hechos, un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) esclarecer «de inmediato el caso» Tlatlaya, «investigar la cadena de mando» del Ejército involucrada en la «ilegal» orden de «abatir delincuentes en horas de oscuridad» y fincar responsabilidades, informó este domingo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Conferencia de prensa en el Centro Prodh en 2015, al cumplirse un año del caso Tlatlaya. | Foto: Rubén Espinosa (+) / Cuartoscuro / Archivo.
La resolución del Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Erik Zabalgoitia Novales, se dio al determinar que la PGR «no ha realizado una investigación exhaustiva, adecuada y efectiva del caso Tlatlaya», esto en respuesta a un recurso interpuesto por la víctima y sobreviviente Clara Gómez González.
«La sentencia, dictada el 25 de mayo de 2018, indica que las autoridades deben -de manera ininterrumpida y con celeridad- realizar diligencias pendientes, analizar pruebas para identificar a los probables responsables tanto materiales como por cadena de mando, investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad y a quienes intervinieron en su emisión, respetar el derecho de la víctima a coadyuvar activamente en el caso y programar cronológicamente las diligencias, pudiendo llegar al ejercicio de la acción penal», precisó el Centro Prodh.
El 30 de junio de 2014, de acuerdo con la versión del Ejército, 22 delincuentes fueron abatidos en un enfrentamiento con militares en una bodega en Tlatlaya, Estado de México. Meses después, reportajes de la prensa internacional empezaron a dar cuenta de otra versión. La revista Esquire y la agencia The Associated Press dieron a conocer el testimonio de un sobreviviente, quien relató que los militares entraron a la bodega y ejecutaron a casi todas las personas que se encontraban en su interior.
Foto: Archivo.
Después se empezaron a conocer más detalles y, al cumplirse un año, el Centro Prodh publicó un recuento de los hechos ocurridos esa fecha a partir de la información que obtuvo al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes. En uno de los documentos a los que tuvo acceso, perteneciente al sumario abierto por la justicia castrense que investigaba el caso, se leen las instrucciones precisas que tenía la patrulla que operó aquella noche en Tlatlaya: «“Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El testimonio de Clara Gómez González, la testigo sobreviviente, y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de esas muertes fue resultado de ejecuciones arbitrarias cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables.
En principio fueron detenidos siete militares. Pero en octubre de 2015 un juez federal liberó a cuatro y en mayo de 2016 otro juez, también federal, ordenó la liberación de los otros tres. Los primeros, porque la PGR no explicó correctamente los hechos de que se les acusada, y los últimos porque fueron desestimados los elementos de prueba que aportó la misma dependencia.
Aunado a ello, «obviando estándares nacionales e internacionales sobre jurisdicción militar», la Sedena inició una averiguación previa y en marzo de 2016, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.
Diligencias sin realizar
El Centro Prodh informó ahora que al analizar el juicio de amparo 545/2017, el juez Zabalgoitia Novales «reconoció que la investigación defectuosa de la PGR ha violado los derechos de la víctima a la adecuada impartición de justicia y a ejercer la coadyuuvancia, contemplados en los artículos constitucionales 17 y 20, apartado B.
«La reciente decisión del juez se basa en que no se llevaron a cabo diversas diligencias anteriormente ordenadas; que algunas de las que sí se realizaron no son pertinentes ni idóneas; que no se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados; y que no se ordenó recabar nuevas pruebas ni fortalecer la acción penal. Además, las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad».
El Centro Prodh recordó que debido a la «fallida» investigación de la PGR, a la fecha no hay ninguna persona rindiendo cuentas ante la justicia al no haber ofrecido las pruebas suficientes para señalar individualmente a los responsables, a pesar de que la propia CNDH acreditó que entre 12 y 15 de las víctimas fueron ejecutadas arbitrariamente; que no se ha establecido con precisión el número de víctimas de ejecución y que no se ha castigado a nadie por la alteración de la escena del crimen. «Esta falta de debida diligencia es una de las múltiples formas que toma el inaceptable encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos en México».
Para Clara Gómez y sus representantes, el hecho de que el Poder Judicial tenga que ordenar a la PGR que realice una investigación de forma adecuada tras cuatro años de una de las violaciones a derechos humanos más emblemáticas del sexenio es ilustrativo de los riesgos de la Ley de Seguridad Iinterior, que dota de mayores facultades a la Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sin que haya contrapesos ni salvaguardas extraordinarias.
«La falta de rendición de cuentas de los elementos militares y el abuso de la fuerza han sido una constante desde el inicio de la Guerra contra el Narcotráfico. Para cerrar una etapa que ha causado inconmensurables pérdidas y dolor a centenares de miles de familias en México, es indispensable hacer un cambio del paradigma de seguridad, pero también procurar justicia pronta en los casos concretos que han puesto rostro a la grave crisis de derechos humanos en México».
Imagen de portada: Bodega en Tlatlaya donde sucedieron los hechos del 30 de junio de 2014. | Foto: desInformémonos.
Comparte en Facebook
Twittéalo
