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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Domingo 13 de enero de 2019
- Ordenó también investigar posible responsabilidad penal de funcionarios de PGR por irregularidades en investigación del caso Ayotzinapa
El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dejó sin efectos la resolución dictada por la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que consideraba faltas leves las irregularidades cometidas por distintos funcionarios de la PGR durante la investigación del caso Ayotzinapa, exonerando en los hechos a diversos funcionarios, informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En su sentencia, dentro del juicio de amparo identificado bajo el número 195/2017, el Juez ordenó que se emita una nueva resolución que sí sea exhaustiva, pronunciándose entre otras cosas sobre la posible “trascendencia penal” de algunas de las conductas cometidas por servidores públicos de la PGR.
Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien estuvo a cargo de las diligencias realizadas en el Río San Juan en abril de 2016. | Foto: Político.
En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dio a conocer graves irregularidades respecto de diligencias practicadas en el Río San Juan -donde, según se reportó, se hallaron los fragmentos óseos que a la postre se identificó pertenecían al normalista Alexander Mora Venancio-, por lo cual la Visitaduría General de la PGR inició una investigación de control interno.
Esta investigación no llegó a buen puerto, pues el titular de la Vistaduría fue apartado de su puesto. Posteriormente, dicho funcionario, revelaría haber recibido presiones para disminuir el alcance de su resolución. En este contexto, la nueva titular de la Visitaduría auspició otra resolución que diluyó la responsabilidad de los funcionarios. Ante esta determinación, las familias de los normalistas presentaron una demanda de amparo indirecto aduciendo violados sus derechos a la verdad y al acceso a la justicia.
El Centro Prodh recordó que la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló en su momento que, a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, se produjo un viraje “lamentable” que significó una oportunidad perdida para efectivamente atender las serias violaciones cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa.
En este contexto es que el 12 de diciembre de 2018 se publicó la resolución que otorgó el amparo a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, misma que les fue notificada en días recientes. De tal cuenta que, dijo el Centro Prodh, se sienta un precedente positivo con una sentencia que reconoce el interés jurídico de las víctimas indirectas en este tipo de procedimientos por su impacto en el derecho a la verdad; que considera que la resolución de la Visitaduría no fue exhaustiva ni congruente, y advierte que omitió pronunciarse sobre la trascendencia penal que pudieron llegar a tener las conductas documentadas dada su gravedad. En consecuencia, la Visitaduría General de la PGR deberá emitir una nueva resolución para subsanar las fallas y omisiones cometidas.
Foto: SomosMass99.
El Centro Prodh dijo también que «para las y los familiares de los normalistas desaparecidos, esta sentencia representa una oportunidad para que la nueva Administración Federal revise integral y exhaustivamente las actuaciones de los funcionarios involucrados en la irregular investigación del Caso Ayotzinapa, sin ningún condicionamiento jurídico previo. En este sentido, la sentencia llega en un momento oportuno, siendo inminente la instalación de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, pues puede ser un elemento relevante para romper los pactos de impunidad que han impedido acceder a la verdad».
Foto de portada: SomosMass99.
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