SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 22 de julio de 2020
- La estrategia de seguridad pública basada en la militarización ha sumido al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos, sostuvieron
- Se necesita un modelo de seguridad ciudadana que apueste por el fortalecimiento de las instituciones civiles y la construcción de paz, añadieron
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) múltiples amparos en contra del Acuerdo militarista publicado el 11 de mayo con el que la Presidencia de la República faculta a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública hasta 2024, informó este día la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
«El Acuerdo viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Estos requisitos buscan limitar la arbitrariedad, violencia, y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública».
Foto: Deutsche Welle.
Entre las organizaciones que buscan el amparo de la justicia federal se encuentran, además de la CMDPDH, la Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y EQUIS Justicia para las Mujeres.
A través de un comunicado, la CMDPDH recordó que a lo largo de los 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados. La evidencia acumulada indica que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Para las organizaciones, añadió, la militarización de la seguridad pública no sólo no resuelve el problema de violencia, sino que debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho una defensa y a la justicia. Por ello, consideran que el Acuerdo compromete a la sociedad mexicana a vivir bajo un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.
Por estas razones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitó al Poder Judicial de la Federación que ordene al Ejecutivo federal emitir un nuevo Acuerdo que incluya: 1) Los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria; 2) el informe previo ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; 3) los detalles del plan de retorno de la Fuerzas Armadas permanentes a los cuarteles una vez terminado el período señalado en el Acuerdo; y finalmente, 4) la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional –incluyendo su estructura, capacidades, e implantación territorial–. Lo anterior dadas las alarmantes cifras de muertes de civiles a manos de elementos del Ejército y la impunidad que las acompaña. Por ejemplo, de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3,900 muertes a manos de militares. A pesar de ello, de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso».
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) ve con preocupación la presencia y operación de las Fuerzas Armadas en un contexto en el que no hay una normatividad que permita controlar, monitorear, evaluar, y corregir sus acciones. En particular, le preocupa que a raíz del Pacto migratorio entre EEUU y México, el gobierno ordenó la militarización de las tareas de vigilancia, control migratorio, y la formulación e implantación de políticas represivas contra las personas migrantes en la protección de la línea fronteriza.
La FJEDD ha documentado que las primeras intervenciones en los casos de masacres de personas migrantes en el país fueron de elementos de las Fuerzas Armadas, quienes no llevaron a cabo un trabajo adecuado en la recuperación de la evidencia y en la preservación del lugar de los hechos. Lo anterior perjudicó las investigaciones y el debido proceso. En ese sentido, considera que las Fuerzas Armadas no deben intervenir en tareas de investigación ni de control migratorio, ya que son facultades que no les corresponden.
En su comunicado, la CMDPDH hace énfasis en que desde el inicio de la llamada Guerra contra las drogas y la consecuente expansión de la intervención militar, se dispararon los homicidios de mujeres, particularmente los perpetrados en el espacio público y con armas de fuego. De acuerdo con los Registros de Defunciones por Homicidio del INEGI, entre 2007 y 2018, la tasa de homicidios de mujeres con arma de fuego en la vía pública aumentó en un 500%. «Este incremento no se debe sólo al crimen organizado, sino a la estrategia de militarización de la seguridad pública. El Acuerdo emitido el pasado 11 de mayo, al incumplir con el mandato constitucional, abre la puerta a que esta terrible realidad siga afectando las vidas de las mujeres».
Imagen: CMDPDH.
Además, la estrategia basada en la militarización de la seguridad pública empleada por las administraciones anteriores sumió al país en una espiral de violencia y en una crisis de violaciones graves a los derechos humanos que ha provocado que las y los defensores de los derechos humanos sean una de las poblaciones vulnerables más afectadas.
«La operación regular de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública provoca un efecto amedrentador que inhibe el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, el derecho de asociación, el derecho a la protesta, y el derecho al acceso a la información. A través del tiempo, se ha acreditado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública genera mayor violencia y represión en contra de las voces que discrepan de sus acciones, razón por la cual existen afectaciones graves en perjuicio de las organizaciones que trabajamos por la protección, defensa, y promoción de los derechos humanos de las personas».
Foto de portada: NotiAmérica.
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