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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 25 de mayo de 2016
Más de 500 organizaciones de la sociedad civil (OSC) llamaron a la Organización de Estados Americanos (OEA), al gobierno de México y a los del resto de América a asumir su obligación de garantizar el funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y brindar apoyo económico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana anunció que prescindirá del 40 por ciento de su personal y suspenderá sus próximas audiencias públicas y misiones debido a la reducción de sus presupuestos por falta de fondos.
En un posicionamiento hecho llegar a los medios de comunicación y difundido a través de sus propias plataformas, las OSC afirmaron que la CIDH ha sido y es una institución fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos de los más de 950 millones de habitantes del continente americano. En sus más de 50 años de historia, la CIDH se ha convertido en un referente fundamental en todo el continente para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y ha contribuido de forma decisiva a situar los derechos de las personas en centro del debate político y social.
El papel de la Comisión ha sido fundamental para romper el muro de silencio con el que las dictaduras del Cono Sur ocultaron las decenas de miles de desapariciones forzadas, para señalar la violencia contra las mujeres como una problemática de derechos humanos con causas estructurales que debe ser abordada por los estados o impulsar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
La labor de la CIDH ha contribuido a salvar vidas, lograr justicia para las víctimas, evitar que se consumen graves abusos y proteger a personas y organizaciones en situación de riesgo, como periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La Comisión también ha contribuido a sensibilizar a la opinión pública y a facilitar herramientas que han servido a las organizaciones locales, víctimas y Estados para avanzar en el respeto a los derechos humanos.
La Comisión ha sido además un ejemplo de innovación en materia de derechos humanos, buscando maneras de hacer más efectiva la protección a los derechos humanos. El último ejemplo de esa búsqueda de nuevos mecanismos se ha dado en México, dónde a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se señalaron con precisión algunos de los principales problemas que aquejan a la procuración de justicia en México, al tiempo que proponía acciones concretas no sólo para abordar el caso de Ayotzinapa, sino para combatir la impunidad generalizada.
A pesar de sus limitados recursos, la CIDH ha logrado a través de su prestigio, independencia, y compromiso con los derechos humanos, convertir la presión pública en una herramienta útil en defensa de los derechos humanos.
La reducción de la de por si saturada capacidad de procesar quejas individuales por violaciones de derechos humanos, afectará especialmente a las personas más vulnerables de la región, que ante la violación de sus derechos en sus propios países, y la falta de respuesta de las autoridades regionales, recurren a la Comisión como la última garante de unos derechos que nunca debieron haber sido violados.
Frente a esta situación, los países miembros de la OEA deben garantizar la viabilidad de la CIDH a largo plazo, realizando las aportaciones económicas necesarias.
Ante la situación de derechos humanos que se vive en México y la falta de respuesta por parte de las autoridades nacionales, muchas personas han recurrido a la CIDH como una última puerta de esperanza. Así de las 2164 peticiones recibidas por la CIDH en 2015, el 39% procedía de México (849), siendo el país del que se enviaron más peticiones a la CIDH, con más del doble que el segundo país (Colombia, con 419). Desde el año 2012, el país que más peticiones ha enviado a la CIDH cada año ha sido México, creciendo estas un 97% en este periodo. Esta situación también amerita que México realice un esfuerzo financiero proporcional al servicio que este organismo internacional realiza para la defensa de los derechos humanos en el país.
México ha sido de los pocos países de la región que ha realizado aportaciones voluntarias a la CIDH. Sin embargo, es necesario que México continúe y amplíe esta política. Por ello, las organizaciones firmantes exigen al gobierno mexicano que además de expresar su compromiso con las instituciones internacionales de derechos humanos, asuma el liderazgo regional apoyando a la CIDH e instando a otros países de la región a hacerlo. Además, México debe dar los pasos necesarios para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de la Comisión Interamericana y la adecuación de sus recursos a los nuevos retos en materia de derechos humanos, para lo cual debería liderar la integración de un grupo de trabajo con otros países de la región y otros agentes relevantes.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo de Guanajuato, Greenpeace México, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Instituto para la Seguridad y la Democracia, La 72 Hogar Refugio Para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, entre otras organizaciones de todo el país.
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