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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 30 de noviembre de 2016
Más de cien víctimas, expertos y organizaciones civiles exigieron una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, y que el Senado de la Republica convoque a un debate abierto, amplio e informado, pues la aprobación apresurada de una Fiscalía que «no responda adecuadamente a los desafíos de transitar hacia un nuevo modelo penal acusatorio que requiere consolidarse, puede significar para México la consolidación de la impunidad».
- Participantes en el seminario internacional La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la República. | Foto: RedTDT
Así se expresaron los participantes en el seminario internacional La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la República. Expertos de nuestro país e internacionales en derechos humanos, víctimas, académicos y organizaciones de la sociedad civil regionales y nacionales, reconocieron, en principio, que las iniciativas presentadas en los días recientes por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y algunos partidos políticos son «un paso positivo, pero no suficiente».
El posicionamiento, difundido a través de un comunicado de prensa, se dio luego de que Peña Nieto envió una iniciativa de ley al Senado para que el titular de la Procuraduría General de la República no sea nombrado en automático nuevo Fiscal General de la República, y de que las bancadas del PAN y PRD presentaron propuestas para una reforma constitucional y otra a leyes secundarias para definir la estructura, las atribuciones y la duración del periodo en el cargo del nuevo fiscal general.
Al cabo de dos días de debates, los participantes en el seminario internacional consideraron que esas iniciativas abren la posibilidad de que el Senado de la República revise la actual redacción del articulo 102 constitucional, para que incorpore expresamente las garantías de meritocracia, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en la selección del Fiscal General de la República.
Pidieron que esa revisión considere igualmente la modificación del artículo 19 transitorio con el fin de que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos.
- En primer plano, Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, donde se discute el diseño de la Fiscalía General de la República y el procedimiento para el nombramiento del nuevo fiscal general. | Foto: Moisés Pablo /Cuartoscuro.
«El primer Fiscal debe ser elegido mediante un proceso público, transparente y participativo para ser capaz de conducir estratégicamente la Fiscalía y de resistir presiones de todo tipo, sobre todo presiones políticas, y debe también tener la capacidad de recuperar la confianza ciudadana en la institución.
«Por otro lado, el Senado debe iniciar un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una Fiscalía que sirva. El primer paso para ello es abtenerse de aprobar leyes secundarias sobre la Fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada, técnica y participativa».
Advirtieron que «la aprobación apresurada de una nueva regulación que no atienda a la complejidad de los componentes de una Fiscalía moderna, que no recoja los avances y lecciones de las experiencias comparadas internacionales, y que no responda adecuadamente a los desafíos de transitar hacia un nuevo modelo penal acusatorio que requiere consolidarse, puede significar para México la consolidación de la impunidad».
Consideraron que son seis aspectos mínimos que deben ser tomados en cuenta para las discusiones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República: autonomía funcional y presupuestal y servicio civil de carrera para todos los funcionarios; modelo organizativo y de gestión adecuada; bases para que el Fiscal establezca una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de investigación orientado a la realidad; flexibilidad de coordinación y comunicación; esquemas de eficiencia que permitan superar la burocracia, lentitud y descoordinación y que se adecue a la implementación de un sistema acusatorio; el establecimiento de competencia federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad; especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan una efectiva participación de las víctimas; mecanismos de control adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil y academia; y autonomía de servicios periciales.
- Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.
«Es obligación del Senado y de la Cámara de Diputados garantizar que la discusión pública sobre el modelo de la Fiscalía sea seria, creíble, técnica e informada. Los cambios superficiales tendrían un alto costo político y consecuencias muy dificiles de revertir en términos de impunidad».
Entre otros, el posicionamiento lo firmaron Mario Santiago, Alejandra Nuño, Froylán Rolando Hernandez Peña, Guadalupe Barrena, Iván García y Jorge Javier Romero Vadillo; la RedTDT, que agrupa a 80 organizaciones civiles de 21 estados de la República, y al Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Artículo 19 Oficina la México y Centroamérica, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Análisis e Investigación, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro De Derechos Humanos Paso Del Norte, Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Foto de portada: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.
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