SOMOSMASS99
Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 12 de octubre de 2017
Más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC), activistas y académicos pidieron este día al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abordar el tema de la crisis de derechos humanos y de impunidad en México durante las reuniones que sostiene desde hoy con Enrique Peña Nieto en la visita oficial de dos días que realiza a nuestro país, y abogar para que el presidente mexicano cumpla con las 14 recomendaciones que le hizo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en especial la creación de un consejo asesor para investigar actos de corrupción e impunidad.
También le solicitan su apoyo para un mecanismo internacional, independiente e imparcial, que colabore con el Estado mexicano en el establecimiento de instituciones de procuración y administración de justicia; promover en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un diálogo respecto de la «preocupante situación de violaciones a los derechos humanos en México; manifestar ante Peña Nieto la importancia que tienen las víctimas, las personas defensoras y la sociedad civil en la construcción de un Estado de derecho mediante «amplios, efectivos y transparentes espacios de consulta»; y promover la implementación en nuestro país de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, de acuerdo a las observaciones hechas por el Grupo de Trabajo de la ONU.
En el último punto, solicitan a Trudeau revisar la eficacia de los lineamientos y compromisos adquiridos por el Estado canadiense en materia de respeto a los derechos humanos en sus actividades empresariales y operaciones en el exterior, para, en un proceso de debida diligencia, identificar, prevenir, mitigar y remediar los impactos negatigos en derechos humanos en todos los sectores, particularmente en el extractivo, en razón de que la mayoría de las empresas mineras que operan en México son canadienses.
«Como es probable que usted sepa, durante los últimos 10 años, México sufre niveles alarmantes de violencia e impunidad. El despliegue de miles de elementos militares para realizar labores de seguridad pública en el marco de la guerra contra las drogas ha fomentado la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes atroces dado que las Fuerzas Armadas no se han limitado únicamente a actuar como apoyo a las autoridades civiles, sino a realizar tareas que corresponden exclusivamente a las policías», explican las OSC a Trudeau a través de una carta pública.
De su primera reunión del día de hoy, que se desarrolló de manera privada, Peña Nieto y Trudeau dijeron en conferencia de prensa que México y Canadá estrecharon lazos en materia económica y que, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, confían en lograr un acuerdo que beneficie a los tres países que lo integran, sin referirse en absoluto al tema de los derechos humanos.
En este sentido, la carta de las OSC que dirigieron al primer ministro canadiense señala que los saldos de la estrategia de seguridad puesta en marcha en México han sido devastadores, puesto que según datos de la Procuraduría General de la República indican que desde 2006 se contabilizan cinco mil 910 averiguaciones previas por tortura y las fiscalías de los estados al menos seis mil 262 sin que hasta el momento se hayan registrado más que ocho sentencias condenatorias. Y mientras el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 150 mil homicidios intencionales de 2006 a 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido 77 recomendaciones por asesinatos, lo que evidencia hechos extremadamente violentos y atentados contra la vida que han llegado a un «nivel intolerable».
Toda esa violencia, añaden las OSC, ocurre en «un contexto de desapariciones forzadas generalizadas en gran parte del territorio de México», al tiempo que existen serias dificultades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de esos delitos. De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 32 mil 943 personas desaparecieron desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluídas ocho mil 525 mujeres y cinco mil 985 menores de edad, aunque la PGR sólo ha iniciado 598 averiguaciones previas y hasta el momento sólo se han emitido nueve sentencias condenatorias. De manera preocupante, de acuerdo a datos de 19 procuradurías estatales del país, existe un total de mil 075 fosas clandestinas y dos mil 014 cuerpos exhumados de 2007 a 2014. A ello se debe añadir que la violencia e impunidad han propiciado el desplazamiento forzado de al menos 310 mil 527 personas dentro del país.
«Dichas cifras revelan que los atroces hechos ocurridos o sujetos a investigación durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto no son casos aislados, por el contrario, son hechos generalizados que evidencian a instituciones que no quieren o no son capaces de investigar y perseguir estos crímenes».
Además, le expresaron a Trudeau su preocupación porque gran parte de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en México se cometen bajo un contexto de militarización de la seguridad pública, en el que han documentado que en la actuación recurrente de las Fuerzas Armadas mexicanas se dan «el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, seguido de una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas». Si a ello se suma la pretensión de aprobar una Ley de Seguridad de Interior, que tiene como propósito otorgar facultades legales al Ejército para que asuma esas tareas de seguridad pública e, incluso, que puedan suplantar las tareas de las policías y que -el Ejército y la Marina- puedan tener competencias ministeriales y judiciales, se teme que la autoridad civil termine por ceder ante las acciones militares y que «se perpetúe la impunidad de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas».
La misiva también da cuenta de los riesgos para los migrantes en tránsito por el país, problema del que, pese a que no hay cifras oficiales, se han podido documentar al menos tres masacres -«que permanecen en la impunidad»- con cerca de 314 víctimas; de la discriminación y violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas LGBTTTI, indígenas y pueblos en defensa de sus territorios ancestrales, además de las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de la actividad empresarial.
Foto: Presidencia de la República.
«Desde que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo se han registrado 38 asesinatos de periodistas, lo anterior, a pesar de que el mandatario anunció oficialmente en mayo de 2017 las ‘Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas y defensores’ (…) Esto demuestra que las acciones anunciadas por el presidente parecen sólo actos de retórica sin indicadores de impacto efectivo. En tanto, 106 personas defensoras han sido asesinadas y 81 desaparecidas, lo que evidencia que las acciones del Estado para promover y proteger la defensa de derechos humanos no han sido efectivas a pesar de los compromisos asumidos». En este sentido, «las agresiones que enfrentan en México las y los periodistas y las personas defensoras, como lo son amenazas, allanamientos, censura, deslegitimación de su trabajo, acoso judicial y espionaje, son un reflejo de la falta de una política integral de protección y prevención a ataques hacia víctimas, personas defensoras y periodistas».
Entre las y los firmantes de la carta se encuentran Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Artículo 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 84 organizaciones de 23 estados de la República y Espacio OSC (integrada por más de 20 organizaciones), además de los activistas y académicos Aram Barra, Alberto Athié Gallo, Alfredo Lecona Martínez, Carlos Cruz Santiago, Carlos Brito, Eliana Garcia y Maite Azuela, entre otros.
Imagen de portada: Enrique Peña Nieto y Justin Trudeau en 2016. | Foto: Presidencia de la República.
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