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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Miércoles 18 de octubre de 2017
- También plantearon propuestas para fortalecer el Estado de derecho en México y en la Unión Europea y para atender la migración, la responsabilidad de las empresas y garantizar la protección de personas defensoras y periodistas
Pese a lamentar que las autoridades mexicanas no reconozcan la urgencia de crear un consejo asesor para la lucha contra la impunidad, como sugirió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cerca de un centenar de organizaciones civiles mexicanas y europeas le recomendaron al gobierno de Enrique Peña Nieto el establecimiento de un mecanismo de cooperación internacional con apoyo de la Unión Europea.
En el marco del Quinto Seminario de Sociedd Civil Unión Europea-México, celebrado recientemente en la Ciudad de México, demandaron además que previo a la negociación del Acuerdo Global entre México y la Unión Europea se realice una evaluación sobre el impacto social y el respeto a los derechos humanos.
Activistas y periodistas se manifiestan ante la PGR contra el espionaje. | Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
Las organizaciones expresaron su preocupación por el incremento de ataques al trabajo de denuncia y derecho a la protesta tanto en México como en la Unión Europea, donde existen métodos cada vez más evidentes para frenar el trabajo con la población migrante, la reducción de presupuestos públicos y hostigamiento institucional a quienes denuncian violaciones a derechos humanos en territorio europeo.
A través de un comunicado, hicieron énfasis en que en México ser una persona defensora de derechos humanos o periodista se ha convertido en profesiones de alto riesgo por los ataques sistemáticos de autoridades y del crimen organizado. Un lamentable ejemplo de ello son las escuchas y espionaje realizado presuntamente por funcionarios públicos, documentado en el informe #GobiernoEspía, así como la persistente desacreditación y campañas de desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos.
Pidieron al Estado mexicano y a los Estados miembros de la Unión Europea «demostrar su compromiso ampliando la protección de derechos humanos de sus habitantes» con la ratificación de los instrumentos internacionales pendientes de adoptar, e implementar las recomendaciones de los mecanismos internacionales que han recibido.
«La calidad democrática y el bienestar de sus habitantes están relacionados directamente con el respeto a los derechos humanos. Tanto la Unión Europea como el Estado Mexicano están obligados a no permitir los retrocesos en sus territorios en materia de derechos humanos e impedir que los intereses empresariales, económicos, fundamentalistas o del crimen organizado debiliten el Estado de Derecho», añadieron.
Por ello recomendaron establecer un mecanismo de cooperación internacional contra la impunidad en México de carácter técnico, financiero y político con un fuerte respaldo de la Unión Europea; armonizar y actualizar las leyes -de México y los Estados miembros de la Unión Europea- con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que han adoptado.
Manifestación de periodistas veracruzanos en marzo de 2017 contra las agresiones contra el gremio y el asesinato del reportero Ricardo Monlui. | Foto: Ilse Huesca / Cuartoscuro.
Las organizaciones lamentaron en particular que las autoridades mexicanas «se negaran explícitamente» a crear un órgano técnico especializado en la lucha contra la impunidad, como lo recomendó la ONU, el cual debería contar con amplio apoyo de la Unión Europea y de expertas y expertos internacionales en la materia.
«Las autoridades expresaron que su negativa se debe a que ya han tomado suficientes medidas al respecto -agregaron-, lo cual demuestra nuevamente la falta de voluntad política para reconocer y combatir la impunidad reinante en el país».
Sobre el tema de migración, solicitaron establecer una mesa de seguimiento en torno a la garantía de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional que se encuentren en tránsito, retorno o destino, así como de aquellas personas mexicanas desplazadas al interior del país.
Las organizaciones resaltaron su preocupación por la práctica generalizada, por parte del Instituto Nacional de Migración, «de detener a personas migrantes y solicitantes de asilo pese a que la detención es contraria a las obligaciones de México en materia de derechos humanos y no estar contemplada en la Constitución Mexicana. En contraste, solicitaron asegurar que las condiciones de recepción de migrantes y solicitantes de asilo permitan el acceso efectivo a los servicios necesarios para garantizar su integridad y seguridad personales en los países receptores. Especialmente se pidió fortalecer en México al Sistema Nacional de Protección Integral de niñas, niños y adolescentes y las Procuradurías de protección del DIF para evitar su detención en estaciones migratorias y la separación familiar, al tiempo de implementar la protección temporal en familias de acogimiento.
En cuanto a la responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos, recomendaron que los Estados miembros de la Unión Europea se involucren de forma propositiva en las negociaciones del nuevo Acuerdo Global; y realizar previamente y difundir públicamente una evaluación de impacto sostenible (ex-ante) en derechos humanos sobre este acuerdo para la modernización y renegociación comercial entre México y la Unión Europea.
Oficiales del Instituto Nacional de Migración, junto con policías municipales, paran y revisan migrantes en el parque Miguel Hidalgo, Tapachula.
Respecto de la situación de las personas defensoras de derechos humanos, se centraron en la importancia de asegurar las garantías para el derecho a la defensa de derechos tanto en la Unión Europea como en México. En particular, para afrontar los graves riesgos a la integridad y la vida que tienen las personas defensoras y periodistas en México, por lo que recomendaron crear un mecanismo de seguimiento y comunicación transparente sobre esas graves violaciones a sus derechos humanos, que incluya la elaboración de un nuevo protocolo de investigación de crímenes cometidos en contra de periodistas por parte de la FEADLE y su articulación efectiva con el Mecanismo de protección federal y las autoridades estatales de acuerdo al actual marco normativo.
Las organizaciones mexicanas y europeas que participaron en el seminario fueron el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Asylum Acces, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, Espacio OSC, Foro para el Desarrollo Sustentable, IRCT, Lekil Kus’ Lejal, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, OXFAM, Plataforma alemana contra la desaparición forzada, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Propuesta Cívica, Red por los Derechos de la Infancia en México REDIM, Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Sin fronteras, World Organisation Against Torture (OMCT) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, que reúne a más de 80 organizaciones de 23 estados de la República.
Foto de portada: Tercero Díaz / Cuartoscuro.
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