OSC: reforma a Ley de Víctimas, acuerdo político «para que nada cambie»

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Miércoles 26 de octubre de 2016

 

Más de 40 organizaciones y defensores de derechos humanos del país denunciaron que la reforma a la Ley General de Víctimas, aprobada este martes en comisiones legislativas del Senado de la República, no modifica la esencia del problema que impide por completo a las víctimas el ejercicio de derechos, representa un retroceso democrático, pues se trata de un acuerdo político, y resulta «notoriamente insuficiente» frente a la profunda crisis de derechos humanos y de revictimización que atraviesa México.

Legisladores en el Senado de la República. | Foto: Adolfo Vladimir / Cuartoscuro.

Las y los senadores integrantes de las comisiones de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos que avalaron el dictamen «apoyaron un acuerdo político -tal como lo manifestaron en la sesión-«, que no reconoce plenamente a las víctimas de desplazamiento forzado, para 2017 deja sin presupuesto fijo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y, por «única ocasión», permite al presidente de la República designar al titular de ese organismo, lo cual llevará a un perfil sin legitimidad, sostienen, entre otros, I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Artículo 19 y colectivos de víctimas como Solecito-Veracruz y Familiares en Búsqueda.

A principios de este mes, las mismas organizaciones y activistas de derechos humanos demandaron al Senado de la República aseguraran que la reforma a la Ley General de Víctimas estableciera un rediseño de la CEAV con el fin de que contara con una estructura que realmente funcione, con mecanismos de control y supervisión sobre su gestión, en la que participen las víctimas y expertos en materia de derechos humanos, y que los senadores sean los que nombren a la persona que encabece la Comisión Ejecutiva, por un periodo de cinco años como se había propuesto previamente.

Sin embargo, en la sesión del martes, los y las integrantes de las comisiones referidas del Senado de la República aprobaron que la CEAV tenga una junta de gobierno, integrada por cuatro secretarios de Estado, y que el presidente de la República designe, por única vez, al titular de ese organismo no por un periodo de cinco años sino de tres. La iniciativa fue aprobada pese a las críticas del senador Armando Ríos Piter, quien sostuvo que no se debería incluir a representantes del Estado, y a las dudas de la senadora Marcela Torres Peimbert respecto de los Principios de París, que marcan que debe tener independencia y autonomía de gestión, según reportó el periódico La Jornada.

Foto: Fernando Carranza / Cuartoscuro.

Este día las organizaciones y activistas de derechos humanos emitieron un pronunciamiento en el que consideran que con el dictamen aprobado «el poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie». A continuación el texto íntegro:

 

Reforma a la Ley de Atención a Víctimas, acuerdo político que desampara a las víctimas

Ciudad de México, a 26 de octubre de 2016.- La reforma a la Ley General de Víctimas avalada por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos el martes 25 de octubre, es notoriamente insuficiente frente a la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a derechos humanos y revictimización que atraviesa México.

Si bien la reforma se propone reducir en parte la estructura y los procesos burocráticos que impedían por completo el ejercicio de derechos por parte de las víctimas, es sumamente preocupante que el texto aprobado no modifique la esencia del problema y siga tratando las necesidades de las víctimas como un asunto político. En particular por los puntos a continuación:

1. Las Comisiones del Senado que avalaron el dictamen apoyaron un acuerdo político –tal como lo manifestaron en la sesión– para que el Presidente designe al titular del organismo (una primera vez por un periodo de tres años). Esta decisión, además de ser un retroceso al modelo democrático, llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles que hemos acompañado el proceso de reforma. Adicionalmente es preocupante que no se incluyó la cláusula propuesta por diversos colectivos de víctimas y organizaciones, de excluir en el proceso de selección como candidatos/as a quienes han venido desempeñando cargos de comisionados y comisionadas, toda vez que éstos han demostrado durante más de tres años y con suficiente evidencia no estar a la altura de la tragedia que vive México.

2. La CEAV es un órgano operado políticamente por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la reforma consolida esta condición porque tendrá a la cabeza una Junta presidida por la misma Secretaría y conformada en su mayoría por autoridades (cuatro secretarios de Estado y el presidente de la CEAV, designado por el Ejecutivo Federal), sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la materia, lo cual deja a éstos sin la suficiente capacidad para vigilar y monitorear su funcionamiento y proponer acciones que favorezcan la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la Ley.

3. Las víctimas de desplazamiento interno forzado no están plenamente reconocidas en la reforma. No sólo hubo una negativa expresa para incluir la definición de este fenómeno y su característica de forzado en el articulado aprobado, sino que persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctimas de este fenómeno a nivel estatal y federal.

4. Pese a que insistimos en incluir un proceso abierto, democrático y participativo en la construcción del reglamento interno de funcionamiento, esta solicitud fue, igualmente, desconocida. La participación en este proceso se sustenta por el conocimiento que tienen los colectivos y organizaciones de las necesidades de mejoras internas en cuanto a la estructura, los perfiles de sus empleados, el proceso de contratación y la revisión de los modelos de atención integral que han sido aprobados por el pleno saliente, entre otras consideraciones.

5. El Fondo de Atención a Víctimas ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año sino que será la Secretaría de Hacienda quien asigne los recursos “siempre y cuando” haya menos de un porcentaje determinado. Además, se limita a que víctimas recurran a peritos independientes o internacionales sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado.

Las consideraciones expresadas, minimizan el objetivo de la reforma aprobada. El poder Legislativo cambiará todo para que nada, en la materia y a favor de las víctimas, cambie. De hecho, es un retroceso respecto a los controles que la Ley vigente tiene respecto a la designación y estructura. Las víctimas, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto merecen más que esto y la crisis de derechos humanos instalada en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea sólo otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida. Llamamos con urgencia al Pleno del Senado de la República y a la Cámara de Diputados a atender los puntos antes señalados.