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Alfonso Díaz Rey*
Viernes 13 de noviembre de 2020
En la escuela, pero sobre todo a través de la propaganda que despliega la clase dominante, se nos impone el concepto de democracia como el acto de acudir a las urnas cada tres y cada seis años para «elegir» autoridades municipales, estatales o federales. Esta «democracia» es la que conviene al sistema económico, político y social dominante y, por tanto, la promueve.
En la inmensa mayoría de los casos depositamos un voto por alguien que en realidad no conocemos, seleccionado como candidato por un partido político que promete resolver nuestros problemas y, pasada la elección, estos empeoran cada vez más.
Lo común es que después de la elección se olviden las promesas, se presenten, nuevamente, los añejos vicios, abusos en el ejercicio del poder, corrupción, ausencia de la ciudadanía y el pueblo en general en las decisiones de gobierno; todo ello sin perder de vista el siguiente ciclo electoral, la renovación de promesas y la solicitud de nuestros votos, con miras a ganar de nuevo la elección y continuar con el control del gobierno.
No faltan llamados a la unidad de los diferentes sectores sociales para enfrentar problemas generados por el propio sistema, problemas cuyo costo siempre se transfiere a la mayoría de la población, los trabajadores. El objetivo de esa «unidad» es preservar el estado de cosas que permita a la clase dominante continuar en el poder.
Sucede así porque en el contexto de control político e ideológico sobre la sociedad, casi la totalidad de los partidos obedecen a intereses de grupos, generalmente subordinados al estrato social, económica y políticamente dominante, y se conducen bajo las reglas elaboradas por el sistema; su objetivo es «ganar» elecciones, lo cual asegura que independientemente del partido ganador, el poder real continúe en manos de los mismos: la oligarquía.
El hecho de que el pueblo sea ajeno a la postulación de los candidatos que conformarán las diferentes instancias de gobierno conduce a que, en el ejercicio de sus funciones, los ganadores de una elección obedezcan a intereses de quien o quienes decidieron sus candidaturas, no los del pueblo.
Así ha transcurrido la vida política en nuestro país y nos han impuesto la idea de que eso es democracia; que es posible mejorarla, pero dentro de las reglas establecidas.
Si con esas reglas nuestro país no ha logrado resolver los más graves y añejos problemas es claro que algo falla en esta «democracia», en la que solamente un estrato muy pequeño de la sociedad ha participado de sus beneficios y la gran mayoría, la que con su trabajo genera la riqueza, vive en condiciones cada vez más precarias.
Imaginemos lo que sería del país si se constituyera un partido político con las personas más capaces, honestas y comprometidas con las mejores causas, y en lugar de objetivos electorales, sin postular ni elegir a los candidatos a representación popular, pretendiera, mediante la elaboración, análisis y discusión democrática de programas sociales, económicos y políticos, convertirse en guía de la sociedad; partido en el que en su seno, libre y democráticamente, se plantearan y dirimieran las diferencias, siempre en busca de lo mejor para la nación.
Que el pueblo, mediante nuevas reglas, organizado, informado y sin campañas electorales ni financiamientos, con la participación libre y democrática de los ciudadanos y sus diferentes organizaciones y estratos, se encargara de la selección y postulación de candidatos a puestos de elección, escogidos estos entre las personas con mayor prestigio, cualidades y méritos para el desempeño de las responsabilidades y funciones inherentes a tales puestos. Ello garantizaría la representación más amplia y democrática. De igual manera, el mismo pueblo tendría la facultad de revocar el mandato de quien o quienes, sin atenuantes de peso, incumplieran.
Un gobierno emanado de tal proceso seguramente velaría por los intereses de la mayoría y tendería a la eliminación de desigualdades sociales, a una mayor armonía en las relaciones al interior de la sociedad y de esta con su entorno, a la superación y mejora cultural, educativa, política, económica y, en general, de las condiciones de vida y trabajo de la población.
Lo anterior podrá parecer una utopía, sin embargo no es algo imposible. Requiere conciencia, convicción, organización, mucha crítica y autocrítica, y no poco esfuerzo. Como pueblo, de nuestra capacidad para alcanzarla depende la definición de una vía propia al desarrollo y el logro de nuestra real y definitiva independencia.
* Alfonso Díaz Rey es miembro del Frente Regional Ciudadano en Defensa de la Soberanía, en Salamanca, Guanajuato.
Foto de portada: Nación 321.
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