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NO TODO ESTÁ PERDIDO
Agustín Galo Samario
La violencia que azota a todos los estados de la República volvió ayer a alcanzar cotas muy altas con el asesinato de dos periodistas más, los de Filadelfo Sánchez Sarmiento en Oaxaca y de Juan Mendoza Delgado en Veracruz. Con el de Gerardo Nieto Álvarez, director del semanario El Tábano, son tres los que pierden la vida de forma violenta en tan sólo una semana
En el sexenio pasado hubo periodos en que las agresiones contra los comunicadores se centraban en el norte del país, luego en el sur, en el este y el oeste. Oleadas de violencia que iban de un lugar a otro y que convirtieron a México como uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo.
Si bien Veracruz y Oaxaca son identificados por las organizaciones civiles como las entidades donde más ataques se registran contra la libertad de expresión, el caso de Guanajuato con las agresiones contra Karla Silva en septiembre pasado y el homicidio de Gerardo Nieto en Comonfort revelan que ya no hay región segura para los informadores. Ya sea porque son víctimas de la delincuencia común u organizada, o porque han caído a manos de funcionarios convertidos en criminales.
El Estado, se supone, tiene el poder para aplicar la ley, hacer justicia y garantizar la seguridad en un país que se quiere democrático. La paradoja es que nada de eso parece estar en la agenda de prioridades de quienes encabezan las instituciones, toda vez que en la gran mayoría de los casos de ataques a periodistas la norma imperante es la impunidad.
Ya no es solamente que los atentados contra los derechos a libertad de expresión y a informar socaven los cimientos de algunas ciudades o estados. No, el país entero ha entrado en una crisis tal de legalidad que los comunicadores están en riesgo de caer, en cualquier momento y lugar, ante el terror y las balas de los criminales.
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