Periodistas de Guerrero exigen seguridad y garantías a su labor

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Redacción / SomosMass99

Chilpancingo, Gro. / Martes 22 de mayo de 2018

 

Al menos un centenar de periodistas guerrerenses marcharon este día para exigir al gobierno del estado respeto y garantías a su labor. A la vez, pidieron la intervención del Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, «ante las graves condiciones que se viven en Guerrero» para el desarrollo de la actividad periodística.

El periodista Dassaev Téllez informó que la protesta se dio luego de que la noche del domingo supuestos policías comunitarios de Petaquillas detuvieron y amenazaron con colocarles grilletes al reportero de la agencia IRZA, Fabián Trejo, y al corresponsal de Milenio Televisión, Pablo Maldonado, cuando cubrían un accidente vehicular en la carretera federal Chilpancingo-Acapulco, pese a que solicitaron ayuda de los elementos de Protección Civil y de la Policía Estatal presentes en el lugar.

A la vez, Jesús Saavedra Lezama, también comunicador, leyó una carta dirigida a Jan Jarab en la que los periodistas de la entidad denuncian que las acciones emprendidas por el gobierno del priista Héctor Astudillo Flores para garantizar la seguridad y castigar los crímenes en Guerrero, entidad «colapsada por la narcoviolencia, la impunidad y corrupción institucional», contradicen las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y la seguridad de los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Recordaron que el 23 de junio de 2017, Astudillo Flores designó como coordinadora ejecutiva del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a María Elena Jaimes Martínez, «señalada por familiares de personas desaparecidas por tener presuntos nexos con la delincuencia». Mientras que, a la vez, Rigoberta Román Orea fue nombrada fiscal especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, sin contar con «certificación en el nuevo sistema de justicia penal» ni haber aprobado los exámenes de control y confianza, al igual que 300 peritos, agentes del Ministerio Público local y policías ministeriales «que laboran de manera ilegal» y que «están incurriendo en delitos federales al no estar facultados para integrar carpetas de investigación».

En junio de 2017, añadieron en su misiva, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana, que encabeza Edison Lanza, emitió un comunicado en el que celebró el acuerdo de la OEA para poner en práctica estrategias y recursos que terminen con la impunidad en los crímenes contra periodistas. Las recomendaciones de la OEA, durante su cuadragésimo séptimo periodo de sesiones, celebrado en Cancún, Quintana Roo, «plantean la creación de fiscalías especializadas independientes, la adopción de protocolos y métodos de investigación y enjuiciamientos específicos», así como información continua de los operadores judiciales en materia de libertad de expresión y seguridad de periodistas. Y plantea, además, que la actividad periodística debe ejercerse libre de amenazas, agresiones físicas o psicológicas u otros actos de hostigamiento.

Como ejemplos de cómo se violan esas recomendaciones y de la situación de impunidad que prevalece en Guerrero, citaron casos como los asesinatos de Francisco Pacheco Beltrán el 25 de abril de 2016 en Taxco de Alarcón, «cuya indagatoria duerme el sueño de los justos y ha obligado a la familia del periodistas a abandonar esa ciudad», y el de Cecilio Pineda Birto, cometido el 2 de marzo de 2017 en Ciudad Altamirano, quien horas antes de su muerte había denunciado la colusión de grupos del narcotráfico con autoridades.

También, la denuncia penal presentada por la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda EScobar, quien el 1 de junio de 2017 fue amenazada por dar cobertura al asesinato de la doctora Adela Rivas Orbe, y que a once meses de distancia la Fiscalía General del Estado no ha hecho nada por avanzar en la investigación para detener y consignar a los responsables. Lo mismo ocurre en el caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero, Marcela de Jesús Natalia, quien el 4 de junio de 2017 sufrió un atentado en la cabecera municipal de Ometepec cuando salía de trabajar.

«Delito que no se castiga es una clara invitación a que se siga cometiendo, pues los agresores son sabedores de que no serán castigados. Esa es la tónica de la justicia y la persecución del delito en Guerrero (…) Hacemos un llamado a la sociedad para que no nos dejen solas y solos en este esfuerzo, al gobierno para que cumpla con su obligación constitucional de garantizar la libre expresión, el derecho a la información y la protección de los periodistas, y a los candidatos a la presidencia de la República a que fijen una postura frente a las agresiones a periodistas y expliquen sus propuestas para erradicarlas».

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Foto de portada: Dassaev Téllez.