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Global Voices
Lunes 8 de enero de 2018
La libertad de prensa enfrenta crecientes retos en todo el mundo. Sin embargo, en México, el peligro de reportar ha alcanzado niveles alarmantes.
Grupos de poder −desde servidores públicos, corporaciones policiales, hasta líderes de los cárteles de la droga− rutinaria y sistemáticamente intimidan a periodistas y medios con el objetivo de que dejen de investigar la corrupción gubernamental y la violencia relacionada a la delincuencia organizada. Los esfuerzos para silenciar a los medios ocurren usualmente en las sombras, obligando a las víctimas a escoger entre la autocensura, el desplazamiento forzado o a arriesgar sus vidas por hacer su trabajo.
Foto: Héctor Vivas (@hectorvivas) para el Derecho a Informar (@DerechoInformar).
No obstante, algunos reporteros y periodistas ciudadanos continúan cubriendo zonas en conflicto en diferentes regiones del país. De acuerdo a un reporte elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, más de mil fosas clandestinas con 2,014 cadáveres han sido encontradas – un número que es mayor a las cifras oficiales gubernamentales. Los tiroteos entre grupos armados dejan un desgarrador número de muertes. Sólo en los primeros cuatro meses de 2017, México rompió su propia marca de homicidios con 7,727 casos, es decir, 392 más (5.3%) que en 2011, el año más violento del que se tenía registro según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El periodista Javier Valdéz, editor y reportero del medio local Ríodoce, fue ejecutado el 15 de mayo de 2017. Valdéz, quien era mundialmente reconocido como experto en materia de narcotráfico, se convirtió en el sexto periodista ultimado en México desde el inicio de 2017.
Valdéz conocía los riesgos de su trabajo en México pero nunca se rindió. Tampoco lo han hecho muchos de sus colegas:
«Que nos maten a todos si la muerte es la sentencia por reportar este infierno. No al silencio».
Anabel Flores, Ricardo Monlui, Cecilio Pineda, Miroslava Breach, Javier Valdez, Salvador Adame y decenas de otros periodistas asesinados son testimonio de que la más grave de las amenazas constantemente se cumple. Los reporteros son ejecutados en sus casas, camino a sus centros de trabajo, frecuentemente a plena luz del día y con mínimas consecuencias para los atacantes. De acuerdo con lo documentado por Article 19, 107 periodistas (incluyendo a Salvador Adame) han sido privados de la vida en el país desde el año 2000. No es sorpresa, entonces, que México sea catalogado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Mientras algunos periodistas siguen trabajando en estas condiciones, los homicidios y el miedo que estas inspiran han dejado un vacío de información en el país, llevando a algunos comunicadores a evitar dar cobertura a temas peligrosos, reduciendo la posibilidad de que el público se informe sobre corrupción gubernamental, abusos comerciales, violencia relacionada a grupos delincuenciales y a violaciones de derechos humanos.
“No se mata la verdad matando periodistas”. Foto de Article 19.
La corrupción y la impunidad han permeado a cada una de las instancias gubernamentales en México, lo que torna difícil establecer una distinción entre los miembros de la delincuencia organizada y los servidores públicos. En este escenario, no queda claro quién debería estar a cargo de proteger a los periodistas y garantizar su seguridad.
Mientras tanto, desde el principio de su administración, el presidente Peña Nieto ha intentado posicionar a México como una de las mejores opciones para inversiones financieras, así como un ejemplo a seguir en temas de democracia y libertad en Latinoamérica. Insiste en el compromiso de su gobierno para proteger a la prensa. Sin embargo, en múltiples ocasiones, cuando un hecho de corrupción se convierte en un escándalo público, el presidente y su gabinete niegan o ignoran las acusaciones, mientras que quienes exponen los hechos son tildados de mentirosos, sujetos a investigación o despedidos de sus empleos.
Cuando noticias incómodas de la llamada “guerra contra el narco” llegan a los medios de comunicación tradicionales – en gran medida gracias al trabajo de periodistas locales – estos son amenazados tanto por el Gobierno como por la delincuencia organizada. Una declaración hecha por Article 19 en la 35° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, dice:
«Lamentamos que el Gobierno se rehúse a reconocer públicamente, no se diga a condenar, que los ataques contra periodistas sean cometidos por servidores públicos o bajo las órdenes de éstos. Ello incluye a periodistas bajo el mecanismo de protección federal. El Gobierno culpa por los ataques a la delincuencia organizada, sin embargo Article 19 ha identificado conexiones con servidores públicos en 53% de los ataques documentados en 2016».
Una fiscalía que no sirve
El Estado mexicano tiene una oficina dedicada exclusivamente − en teoría − a procurar justicia en los delitos cometidos contra quienes practican el periodismo o buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión dentro de los parámetros de la ley.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) opera bajo la conducción de la Procuraduría General de la República.
Altar en honor a los periodistas mexicanos asesinados. Foto de Article 19.
La FEADLE, no obstante, es una oficina más del vasto entramado burocrático de país que absorbe substanciales recursos públicos y entrega muy poco a cambio. En 2017, el presupuesto asignado fue de aproximadamente un millón de dólares y en 2016 se le asignaron 1.4 millones.
En relación con los siete homicidios cometidos en agravio de periodistas en ese año, ni siquiera una sola persona ha sido aprehendida. El portal Animal Político reportó:
«En algo más de seis años – de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016 – se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.
«Pues bien, de esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O en otras cifras: el 99.7% de las agresiones no ha recibido una sentencia».
Ningún servidor público ha rendido cuentas por la ausencia de justicia en estos asuntos. Ninguna investigación se ha iniciado para determinar las causas del colosal fracaso de la fiscalía al no presentar a los homicidas ante un juez.
Vigilancia ilegal
Los periodistas no sólo se enfrentan a falta de protección, también se encuentran sometidos a una estricta vigilancia por parte del Gobierno. Reportes recientes evidencian que el gobierno ha utilizado sistemáticamente spyware para vigilar a activistas, abogados y periodistas, sin la supervisión de un juez, lo cual es ilegal en México.
Estas herramientas que deberían ser utilizadas contra la delincuencia, son blandidas en contra de ciudadanos para evitar que busquen la verdad y expongan la corrupción. Article 19 también se refirió a este asunto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas:
«De los 426 ataques a la prensa que documentamos el año pasado, 72 ocurrieron en línea, resultando desproporcionalmente afectadas mujeres periodistas y blogueros. La vigilancia es también un problema: muchas organizaciones han dejado la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) con motivo de acusaciones por la utilización de spyware sofisticado en contra de organizaciones a favor de los derechos humanos y periodistas».
En la portada de la revista se lee: “Periodismo bajo el Presidente Calderón, oficio de muerte”. Foto de Article 19.
México se ha convertido en uno de los principales destinos de la industria de la tecnología de vigilancia en Latinoamérica. Ferias comerciales son celebradas cada año, y las relaciones entre fabricantes y distribuidores con el Gobierno mexicano se han intensificado rápidamente durante la administración del presidente Peña Nieto. Investigaciones periodísticas e independientes llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil, así como filtraciones, han sacado a la luz estas relaciones desde el año 2013.
Foto de portada: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.
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