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El Diario Internacional
Perú / Jueves 12 de enero 2023
El 9 de enero, 17 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas en Juliaca, Puno. Son ya 45 manifestantes muertos a manos de los militares y la policía. Estas son cifras oficiales, extraoficialmente hay versiones sobre una cantidad de muertos mucho mayor. Organizaciones sociales dan cuenta además de detenciones arbitrarias, torturas y maltratos a manifestantes y detenidos. Existen filmaciones que circulan en los medios sociales que prueban esta práctica represiva de la policía y los militares.
La responsabilidad mayor de estas muertas recae directamente en Dina Boluarte por ser la presidenta del Perú, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro del Interior y el ministro de Defensa. La responsabilidad es mucho mayor en la medida que Boluarte no tomó ninguna medida para frenar este baño de sangre. A fines de diciembre, militares y policía mataron a 28 manifestantes, 3 menores de edad entre ellos. Boluarte pudo haber dado una orden inmediata para que haya cierta proporcionalidad en la represión, que soldados y policías no disparen contra manifestantes. No solamente no lo hizo, sino que continúa ordenando esta práctica criminal de las Fuerzas Armadas y policiales. El colmo del cinismo, Boluarte ha declarado tras la masacre en Puno que “no entiende qué es lo que (los manifestantes) exigen” y que “lo que están pidiendo es pretexto para seguir generando el caos”.
El accionar de las fuerzas armadas y policías bajo la batuta de Boluarte pone de manifiesto el nivel de autoritarismo e incluso el proceso de fascitización del Estado peruano. No existe ninguna proporcionalidad en la represión de la protesta. Militares y policías disparan a mansalva, al cuerpo —específicamente en la cabeza, el cuello y el tórax— de los manifestantes desarmados. El gobierno de Boluarte quiere a costa de los asesinados causar tal miedo en la población que no salga a protestar. A pesar de que van 45 manifestantes muertos, ni un solo ministro, jefe militar y policial han sido destituidos. Se decreta un estado de emergencia suspendiendo garantías y derechos civiles incluso en regiones no afectadas por las protestas. Se extiende de tal manera el tipo penal de terrorismo que manifestantes son acusados de terrorismo por participar en marchas o tirar una piedra, cuando tales acciones no se encuentran inmersas dentro de la configuración de ese tipo penal. Un manifestante puede obtener 15 años por tal acusación. Se garantiza la total impunidad de militares y policías. Tan es así que Boluarte manifestó después de los primeros muertos que tribunales militares y policiales deberían ocuparse de tales casos. Estos tribunales son competentes solo para ver delitos de función. Disparar a manifestantes desarmados no constituyen delito de función.
Foto: Violència d Estat Agreujada Twitter.
Los militares y los policías muestran su verdadero rostro, disparan a mansalva al cuerpo de los manifestantes, los golpean y torturan; incluso la represión se ha extendido hacia periodistas alternativos o contra cualquier ciudadano filmen desde sus casas el arbitrario proceder de policías y militares. El nivel de brutalidad evidencia su desprecio contra el pueblo. En los medios sociales se aprecian videos en los que se ve como la policía golpea a mujeres campesinas, dispara al cuerpo de los manifestantes, lanza bombas lacrimógenas y balas desde helicópteros, golpea a indefensos manifestantes hasta hacerlos sangrar profusamente. Se aprecia el odio y desprecio de militares y policías por manifestantes que vienen del pueblo.
Los medios de comunicación legitiman las muertes y la represión desmedida. Un ejemplo de ello es la periodista Mávila Huertas del canal Panorama que informa sobre la matanza en Puno focalizando casi todo su programa en saqueos o en ataques a la propiedad privada. No se refiere en lo absoluto a la desmedida represión militar y policial contra manifestantes desarmados. Pero no son solamente periodistas como Huertas o los del canal Willax que son abiertamente de derecha y legitiman la masacre. Periodistas como Álvarez Rodrich o Rosa María Palacios equiparan las protestas con la represión, justificando, de esta manera, la matanza de indefensos manifestantes.
La Iglesia católica responsabiliza a los manifestantes por los muertos. Esto ha declarado la Conferencia Episcopal del Perú: «Lamentamos que estos hechos se hayan producido, por un lado, como consecuencia de desnaturalizar el derecho a la protesta, recurriendo a la ilegalidad; y, por otro, por el uso desmedido de la fuerza». De esta manera, la Iglesia católica legitima la represión, diciendo “los matan porque desnaturalizan la protesta, porque recurren a la ilegalidad”. Equiparan una vida humana con alguna piedra lanzada o una tienda saqueada. Ni siquiera ello, porque la gran mayoría de manifestantes no representaban una amenaza para la seguridad o propiedad de personas; fueron muertos solo por hacer legítimo uso del derecho a la protesta.
El politólogo Steve Levistky posteó en su cuenta de Facebook: “Muchos peruanos de derecha vienen justificando los 28 (ahora 45) muertos basados en la idea de que los manfiestantes «tomaron al aeropuerto.» Hoy en Brasil los manifestantes tomaron el Congreso, la presidencia, la Corte Suprema. ¿Qué pasó? ¿Unos 200 manifestantes fueron detenidos? ¿Muertos? Cero. Ni uno. Esto nos hace recordar una vez más que las decenas de muertos en el Perú no son justificados, ni justificables. Lo que ocurre en el Perú no es una cosa normal. Ha sido una represion atroz.” En este caso le damos la razón a Levistky. En Francia, manifestantes ocuparon un aeropuerto y no hubo ningún muerto o herido, lo propio ocurrió en Santa Cruz-Bolivia, cuando la policía disuadió a manifestantes que pretendían tomar los aeropuertos de Viru Viru y el Trompillo, como protesta por la captura del gobernador Luis Fernando Camacho.
La represión policial y militar en el Perú solo se equipara a la cruenta represión en Chile el 2019, y en Bogotá Colombia en el 2021. La cantidad de muertos por uso de armas letales y con impactos en la cabeza, cuello y tórax en el Perú, ya supera los extremos represivos en estos dos países. Si bien se vocifera una disputa entre un orden de derecha o de ultraderecha reprimiendo a manifestantes de izquierda, queda claro que además el problema es regional, de Lima reprimiendo a los departamentos del Sur del Perú, así como también esta represión tiene tintes racistas; cosa que no se ha expresado de manera tan evidente en los otros países en referencia como en está ocurriendo en el Perú.
Dina Boluarte es una testaferro de los grandes grupos del poder económico y político del Perú. Estos grupos de poder han conseguido dominar todos los estamentos del Estado: el Congreso, Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, la policía, servicios de inteligencia. Estas fuerzas sirven los intereses de la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas) del Perú y de las grandes transnacionales, son sus fieles cancerberos. El lavado diario de cerebro lo hacen los grandes medios de comunicación, sobre todo el Grupo El Comercio, La República y Willax. Este poder le torció la muñeca a Pedro Castillo y Perú Libre que negociaron desesperadamente con la derecha para mantenerse en el Estado.
El foco de la protesta se centra en los departamentos del sur que son los que han estado más relegados de las inversiones estatales y de la toma de decisiones. Ayacucho, Puno, Apurímac, Cuzco son departamentos que históricamente han sufrido también la represión de las fuerzas armadas y policiales cuando se han levantado contra los gobiernos inpopulares. Los ciudadanos del sur del Perú siempre han sido tratados como ciudadanos de tercera clase. El clasismo y el racismo de parte de la política del Estado. Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, en Perú. En entrevista a Deutsche Welle ha afirmado que “la violencia policial evidencia «un desprecio que oculta el odio y el racismo soterrado que se vive en el país, porque casi todos los muertos son de ascendencia andina y de origen indígena».
Y que el accionar de militares y policias responde a órdenes del poder económico y político. Este es el poder que embiste hoy contra manifestantes porque no puede haber ninguna fuerza que cuestione, ponga en peligro su poder, el llamado “modelo”. Es este poder que detiene y tortura manifestantes y les abre procesos por terrorismo. Es este poder que da leyes en beneficio de las grandes empresas, exonerándolas de impuestos. Es el poder que no quiere que el pueblo, campesinos, obreros, trabajadores participación en la toma de decisiones políticas.
Finalmente, de todo lo ya dicho, cabe resaltar que la feroz represión policial y militar en el Perú donde no hay dudas que la represión se hace bajo la consigna clara de no solo disuadir sino principalmente aniquilar con armas letales a los manifestantes; viene acompañada de una fuerte carga ideológica donde se entremezclan el macartismo o “terruqueo” (como se se le llama en el Perú), racismo, aporofobia y el afincamiento ideológico por el cual se justifican muertes de infraciudadanos por ser pobres, campesinos y de la sierra por gente que ha asumido el poder y se autopercibe como el último bastión de la lucha anticomunista en Latinoamérica, pues levantan de manera caricaturesca y delirante una narrativa propia de la otrora guerra fría, por la cual las elites peruanas “terruqueano” no solo a la gente del sur peruano y a los manifestantes de otras regiones del país, sino incluso a los gobiernos de Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Argentina y México.
Foto de portada: Maria Fe Celi Twitter.
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