Pese a evidencias, PGR defiende al Ejército ante CoDIH por desaparición de primos Alvarado

SOMOSMASS99

 

Redacción / SomosMass99

Ciudad de México / Jueves 26 de abril de 2018

 

El 29 de diciembre de 2009, cuando la guerra declarada por Felipe Calderón al crimen organizado estaba en su máximo nivel, en el ejido Benito Juárez, estado de Chihuahua, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera fueron desaparecidos por el Ejército. En 2011, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció su responsabilidad al aceptar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y pagó una indemnización en efectivo a las familias de las víctimas. Pero ahora, cuando el caso es revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque los familiares no se cansan de buscar justicia, el Estado mexicano, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), se dedicó a defender al Ejército: negó, incluso, que elementos castrenses hayan estado siquiera en ese poblado.

Aquella fecha, soldados bajaron a Nitza Paola de su camioneta a jalones de cabello y la emprendieron a golpes contra José Ángel al intentar defenderla, hasta dejar ensangrentado el vehículo. Los militares se llevaron a los tres y desde entonces nadie ha vuelto a verlos. Al aceptar la recomendación 43/2011 de la CNDH, el procurador de Justicia Militar que vio el caso reconoció la participación soldados del Ejército en la desaparición de los primos y, ante los familiares, a modo de disculpa, les aseguró que no todos son iguales, que también hay buenos elementos.

Todo esto fue relatado por María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, en la audiencia del caso Alvarado y otros vs México, que se realizó en la sede de la CoIDH en San José de Costa Rica, donde además denunció que autoridades migratorias de Estados Unidos, donde desde hace cinco años se refugió, le advirtieron: «O es tu asilo o es estar en esa corte, porque no regresas a Estados Unidos».

PGR defiende al Ejército

Mariana Colín Ayala, agente del ministerio público federal dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR que desde el 17 de noviembre de 2016 lleva la averiguación previa del caso, sostuvo reiteradamente ante los cinco jueces de la CoIDH que elementos del Ejército no estuvieron en el lugar ni en la fecha en que ocurrieron los hechos.

En distintos momentos y de diferentes maneras, a preguntas de Ruth Fierro, representante de los familiares de las víctimas, y de los jueces, la funcionaria afirmó que no había presencia militar en el ejido al momento de la desaparición de los primos Alvarado o que delincuentes se hacían pasar por militares: «De acuerdo a declaraciones de Mario Castro García, Adrián Marielaso Carbajal y la propia documentación que en su momento remitiera la Sedena, los elementos del Ejército mexicano que habían estado pernoctando en el ejido Benito Juárez ya no se encontraban»; cuando estuvieron los militares en el lugar sólo «recuperaron vehículos robados y detuvieron a personas en flagrante delito»; «lo que tengo documentado dentro del expediente es que los miembros de la delincuencia organizada llevan a cabo el uso de vestimentas de cualquier corporación policial a efecto de generar una confusión y obviamente evadir la acción de la justicia»; «existe un alto índice de personas puestas a disposición de esa forma (civiles vestidos de militares o de policías)».

En cuanto a la investigación, dijo que hay tres grandes líneas de investigación: el Ejército, la Policía Federal y la delincuencia organizada. Ha realizado alrededor de mil 300 diligencias, entre éstas, 172 declaraciones ministeriales, 15 informes policiales, 98 dictámenes e informes periciales en distintas materias, 454 solicitudes de información, 578 acuerdos de recepción de información, 30 inspecciones ministeriales y 13 diligencias de prospección y búsqueda.

Respecto de la línea de investigación relacionada al Ejército, sostuvo que es la más explorada debido a los testimonios de Patricia Reyes Rueda y Obdulia Espinoza Beltrán, testigos de los hechos. Según Colín Ayala, ambas mujeres refirieron que «a sus familiares se las llevaron un grupo de ocho o diez personas abordo de vehículos particulares». Estas personas, aseguró la funcionaria sin atribuirle la afirmación a Patricia ni a Obdulia, estaban vestidas «con ropas similares a las del Ejército», pero en vehículos descritos por las mujeres como particulares: una Hummer de color blanco o amarillo y una camioneta pick up gris.

Afirmó que el 31 de marzo de 2014 se ejercitó acción penal contra el coronel José Luján Ruiz, comandante del 35 batallón de infantería, pero el Juzgado VII de Distrito de Ciudad Juárez consideró que no había elementos para liberar la orden de aprehensión correspondiente, pues las testimoniales constituían elementos de prueba aisladas, determinación que confirmó el IV Tribunal Unitario del Décimo Distrito.

También señaló que la señora Patricia Reyes Rueda aseguró, en declaración ministerial, que su esposo trabajaba para un narcotraficante de la zona, de nombre Jorge Rueda Quiroga, y que su hija Rocío le había referido la intención de acercarse a miembros de la delincuencia para obtener información y conocer qué había pasado con el homicidio de su señor padre y su tío.

Respecto de las declaraciones ministeriales realizadas por funcionarios públicos en la investigación, resaltó la del ministerio público federal Aarón Enríquez Duarte, quien «siempre ha negado» que les haya dicho a los familiares que las víctimas hayan estado en instalaciones militares, sólo «les orientó de que pudieran estar en el 35 batallón de infantería. Es diferente una orientación a una afirmación».

En cuanto a la puesta a disposición de la camioneta de donde fueron sustraídas las víctimas, Colín Ayala sostuvo que ésta corrió a cargo del policía ministerial Óscar Arias Ocampo, y agregó que, de acuerdo a la declaración de Mario Castro García, en ese momento comandante seccional del ejido, «ellos son los que de manera inicial reciben un reporte, realizan el hallazgo de la camioneta y al no contar con las seguridades o con los elementos policiales necesarios para resguardar la misma, solicitan el apoyo de la Policía Ministerial y ellos mismos son los que solicitan que trasladen la misma a las oficinas de la Agencia de Investigación Estatal en Nuevo Casas Grandes».

A la vez que dijo que Nitza Paola, después de haber sido sustraída, realizó una llamada telefónica en busca de auxilio desde un sitio cercano al penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, pero que se comprobó que fue desde un dispositivo utilizado para extorsionar.

También negó que haya encontrado en algún momento obstáculos en el Ejército y las distintas instancias consultadas para su investigación. «Todas las solicitudes realizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional han sido debidamente atendidas».

A preguntas de Ruth Fierro, Colín Ayala dijo que la investigación de todo el caso la llevan a cabo ella misma y dos oficiales ministeriales, y reiteró que «en el expediente obran diversas testimoniales de que a la fecha de la desaparición ya no había presencia militar. Por citar alguna de ellas, contamos la de Mario Castro, entonces comandante de la Policía Seccional del Ejido y también la declaración de Adrían Marielaso Carbajal, quien también hace la acotación de que ya no se encontraba presencia militar».

Miedo al gobierno mexicano

Antes, María de Jesús Alvarado Espinoza, hermana de Nitza Paola, relató ante jueces y representantes del Estado mexicano que un general llamado Pedro Loman les prometió ayudarlas a encontrar a sus familiares, pero les advirtió que si era descubierto lo harían a un lado porque el Ejército «no permite que se meta nadie con él». «Y así pasó, días después fue relevado de su cargo el general y se perdió todo contacto con él».

Relató que el 9 de enero de 2010 tuvieron un reunión en la V Región Militar: «Vino Carlos Sergio López Ruvalcaba, estaba Felipe de Jesús Espitia, general que comandaba el Operativo Conjunto en Chihuahua, que era el operativo comandado por los militares (…) En ese entonces estaba militarizado Ciudad Juárez, todo el estado de Chihuahua. Estaba Alfredo Luján Ruiz, que comandaba el 35 batallón de infantería, estuvo un militar de apellido Guillén de la V Región Militar de Chihuahua (…) Empieza hablando Carlos Sergio López Ruvalcaba de Sedena, estaba dando una introducción de por qué se había llevado a cano esa reunión, entonces Felipe de Jesús Espitia empieza a pasarnos unos folders con unas fotografías y dice: ‘Quiero que vean estas fotografías’. Eran fotografías del Ejército levantando personas. Y luego él dice: ‘El Ejército se viste como nosotros. Si pudieron ver las fotografías, traen uniformes, parecen militares, pero no somos nosotros. Es el crimen, se viste como nosotros pero no somos nosotros’.

María de Jesús le replicó: «No, es que aquí no fue el crimen, aquí fueron ustedes», a lo que Felipe de Jesús Espitia le dice a Luján Ruiz: «¿Qué tienes que decir a esto?», y este responde: «Nosotros tenemos mucho tiempo que no hacemos operativos en el ejido Benito Juárez, nosotros tenemos mucho tiempo que no vamos a ese poblado». «No -insistió María de Jesús-, ustedes estaban en ese pueblo, ustedes estaban hospedados en un hotel llamado Los Arcos, ustedes patrullaban las casas del pueblo».

– ¿Y según tú de quién es ese hotel dónde estábamos? -revira Luján Ruiz

– Para mí, antes de que usted llegara era del crimen organizado. Pero usted llegó con sus soldados, sus soldados se hospedaron ahí y ustedes usaban el hotel como si fuera de ustedes (…) Ustedes estaban en ese hotel, ustedes patrullaban las casas del pueblo, porque todo el pueblo lo sabe, porque todo el pueblo los veíamos, porque el Ejército les quitaba vehículos a la gente del mismo poblado y luego se paseaba en ellos por todo el pueblo.

Llegó el momento en que Luján Ruiz ya no pudo seguir hablando porque Espitia le dijo: «Ya, es todo, ya con esto». Se levantaron los militares, se retiran y luego regresan para señalar: «Lo que tenemos que decir en base a esto es que ni Nitza Paola ni José Ángel tienen antecedentes penales por robo de vehículos. María de Jesús Alvarado Espinoza tiene antecedentes penales por robo a casa-habitación».

María de Jesús contó ante la corte que le dio mucho coraje, porque lo menos que esperaba era que le dijeran que iban a buscar a sus familiares. Pero no, «me acusaron de que había robado a casa-habitación, de tener antecedentes penales. Fue tanto mi coraje que yo recuerdo que me levanté y me paré de frente a ellos y yo les dije: ‘No estoy aquí para que usted me investigue a mí, yo puedo ser ratera, lo que usted quiera, no lo soy, pero yo estoy aquí para que usted busque a mi familia, para que usted haga su trabajo, no para que usted diga que me va a meter presa’. Yo ya andaba buscando trabajo en Ciudad Juárez, yo ya traía una carta de no antecedentes. Yo recuerdo que le aviento la carta de no antecedentes y le digo: ‘Dígame de qué año son, porque yo tengo una carta de que yo nunca he robado nada’. Entonces ellos se quedan callados, a Lucha Castro le da mucho coraje. Lucha empieza a escribir, dice que ‘debe haber un antecedente de esto’, porque no había minuta, no sabíamos de minutas de reuniones. Lucha escribe lo que pasó y les dice: ‘Quiero que me firmen’. Nadie quiso firmar, el único que firmó fue Carlos Sergio López Ruvalcaba de la Sedena».

– ¿Nos puedes decir adónde se ha tenido que desplazar tu familia y dónde residen actualmente?, le pregunta Ruth Fierro.

– En base a todas estas denuncias fuimos amenazados, hostigados y vivimos en Cuernavaca, luego en Hermosillo, Sonora, cambiamos de estado. Luego otra vez a Chihuahua y luego finalmente en 2013 pedimos asilo político a Estados Unidos.

– ¿Qué has tenido que hacer tú para estar aquí en la Corte Interamericana?

– Yo he tenido que… (suspira) Yo me encontraba por asilo político en Estados Unidos, cinco años pidiendo asilo. Migración niega mi permiso y me dice: ‘O es tu asilo o es estar en esa corte, porque no regresas a Estados Unidos. Entonces yo digo: ‘Me voy a la corte, pierdo el asilo’. Ahorita yo estoy aquí, mis hijos se quedaron solos en Estados Unidos. Ahorita yo no sé adónde voy a volver. Mi miedo es volver a México y más después de esta corte.

 

A pregunta de los jueces de la corte, María de Jesús explicó que la presencia del Ejército en las calles del ejido Benito Juárez, en la región, en la zona y en todo el estado era total. «Llega el Ejército, se hospeda en el pueblo, patrullaba las calles, se empiezan a dar levantones, empiezan a torturar gente. Yo recuerdo haber visto los helicópteros de los militares que volaban muy bajito con la puerta abierta y ellos traían, estaban sentados con los pies abajo, y en base a eso estaba el pueblo lleno de militares. Era el Operativo Conjunto Chihuahua, comandado por el general Felipe de Jesús Espitia».

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Fotos de portada e interiores: movNDmx.