Pese a medidas cautelares, policías del EdoMex irrumpen e intimidan en Xochicuautla

SOMOSMAS99

 

Agustín Galo Samario / SomosMass99

Viernes 3 de marzo de 2017

 

Policías del Estado de México irrumpieron la mañana de hoy en San Francisco Xochicuautla, con un amplio despliegue de alrededor de 150 elementos que transportados en camiones, camionetas y patrullas coparon esta comunidad otomí ñatho, desde las calles donde residen los dirigentes del Consejo Supremo Indígena hasta la casa comunal, donde se llevó a cabo la asamblea comunitaria en que se intentó hacer pasar como válida la expropiación y el pago de una «indemnización» a comuneros propietarios de los terrenos por donde pasa el trazo de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a la empresa Autovan-Teya, filial del grupo Higa del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

El Consejo Supremo, a través de las redes sociales, y su vocero José Luis Fernández denunciaron que con la irrupción de los policías estatales el gobierno de Eruviel Ávila Villegas violó las medidas cautelares dictadas al Estado mexicano por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde mayo de 2016, en las que relata que según denuncia previa este pueblo indígena ha «sido objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia», por lo que pidió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para «evitar su repetición».

El operativo policiaco se dio un día después de que en la Ciudad de México se realizó una reunión para solucionar el conflicto de la autopista. Al encuentro acudieron miembros del Consejo Supremo Indígena; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob); Patricia Colchero Aragonés, jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob; Joaquín Narro Lobo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Héctor Jiménez Baca, subsecretario de Gobierno del Estado de México. Si bien en las pláticas se percibió un ánimo de conciliación, el único que se mostró inconforme fue Jiménez Baca, que rechazó la propuesta del Consejo Supremo para modificar el trazo de la autopista.

Así fue hoy que, con el supuesto propósito de resguardar la seguridad, los elementos de la Policía Estatal se desplegaron incluso hasta el interior de la casa comunal «para intimidar» a la población, denunció José Luis Fernández, vocero del Consejo Supremo Indígena. «Fue una incursión inaudita. Lo que pasa es que el comisariado de bienes comunales llevó a cabo la asamblea programada, que fue hecha a modo, y el motivo (de la presencia policiaca) fue, según, «restablecer el orden y por todo lo que pudiera pasar».

El vocero dijo que a pesar de todo, con protestas, la comunidad logró echar abajo los puntos del orden del día que el presidente del comisariado, Ángel Valdez Ramírez, el secretario José Manuel Domínguez y el tesorero Antonio Guadalupe Saavedra pretendían aprobar, entre ellos el de la indemnización a los propietarios de los terrenos por donde se quiere que pase la autopista Toluca-Naucalpan. Como si se tratara del pago por la expropiación cuando en realidad el proyecto está detenido en el tramo de Xochicuautla. Para ello, incluso, el gobierno de Eruviel Ávila ya hizo entrega, en dos etapas, de 54 y 10 millones de pesos al comisariado de bienes comunales.

Ellos son los representantes del comisariado, «entre paréntesis», pues se trata de un órgano impulsado por el gobierno a través de la integración de un padrón de comuneros en el que apenas están registrados el cinco por ciento de los habitantes de la comunidad. «Aquí proponemos planillas, y no pasan como hoy por la intervención de policía. Pero como comunidad indígena nos regimos por usos y costumbres, y por eso no tenemos ni una patrulla. Nosotros todo lo hacemos en orden, sin problemas. En cambio ellos están cooptados por el gobierno, que para que no hubiera más protestas de la gente que no dejaron entrar a la asamblea y en el intento de aprobar los puntos que querían trajeron a la policía.

«Con la comunidad agraria que se inventaron, como dice la Ley Agraria, aunque no representan al pueblo, ellos deciden sobre el patrimonio. Un punto a tratar en la asamblea fue el informe de gastos, pues los recursos los han gastado hasta en asuntos personales. Otro de los principales fue el retiro del dinero para la indemnización, aunque nada de eso se autorizó. Para eso fue la presencia de la policía, para intimidar, por eso sitiaron la comunidad con 150 elementos que llegaron en camiones, camionetas y patrullas, a pesar de las medidas cautelares que fueron dictadas a nuestro favor porque han violado nuestros derechos».

La asamblea se alargó por tres horas, terminó a las 13:30, tiempo en el que la presencia de los policías fue más fuerte en la zona «donde se encuentra la resistencia». Es decir, en los alrededores del Cerro de la Cruz donde está la capilla que la constructora Autovan-Teya quiere derribar para construir la autopista a Naucalpan, aunque «nada tenían que hacer ahí» porque la casa comunal está a dos kilómetros de distancia.

José Luis Fernández anunció que la próxima semana van a solicitar al Tribunal Unitario Agrario que se audite al comisariado de bienes comunales, pues no se sabe nada del destino que han tenido los recursos públicos que el gobierno le ha entregado. Se trata de varios millones de pesos de programas gubernamentales como Probosque y otros por la explotación de agua para la Ciudad de México y la capital Toluca, que deberían ejercerse para beneficio de la comunidad.

«Vamos a exigir un ejercicio de rendición de cuentas, y vamos a seguir resistiendo. No hay un sí para el proyecto (de la autopista Toluca-Naucalpan). Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias en la defensa del bosque, del agua, del aire; en defensa de nuestra comunidad, porque se han violado nuestros derechos humanos».

Foto de portada: Saúl López / Cuartoscuro. Incursión de policías del Estado de México en Xochicuautla el 11 de abril de 2016.