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Redacción / SomosMass99
Ciudad de México / Jueves 31 de marzo de 2016
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) refutó hoy las aseveraciones sobre el caso Tlatlaya de la Procuraduría General de la República (PGR) que, después de conocerse que la justicia militar exoneró a seis militares y a uno más lo condenó a un año de prisión, que ya compurgó, sostuvo que continúa en curso una averiguación previa por violaciones graves a los derechos humanos y que el Ministerio Público ha dado seguimiento al proceso que se les sigue a cuatro soldados acusados del homicidio de ocho personas en el juzgado cuarto de distrito en Toluca, Estado de México.
Arely Gómez, titular de la PGR.
A través de una nota aclaratoria, el Centro Prodh precisó que la PGR realizó una investigación inicial por la que determinó que en Tlatlaya se cometieron diversos delitos, incluyendo el homicidio de ocho personas. «El testimonio de Clara Gómez González y su colaboración con el Ministerio Público fueron fundamentales para que se realizara esta primera consignación».
No obstante, añade, «como la propia PGR admite al referir que continúa una investigación abierta, los hechos de Tlatlaya aún no han sido plenamente esclarecidos. Subsiste una preocupante discrepancia entre el número de víctimas de ejecución (8 para la PGR, entre 12 y 15 para Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH) y no ha sido investigada la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a la unidad militar involucrada en los hechos a ‘abatir’ delincuentes en horas de oscuridad».
La organización defensora de derechos humanos consideró pertinente aclarar que, respecto a lo señalado por la PGR en el sentido de que Clara Gómez González tendría que ratificar el escrito presentado hace nueve meses para que la investigación sea profundizada, «que la información es incorrecta. En primer lugar, en una de las averiguaciones previas abiertas, la propia PGR acordó negativamente el escrito de la víctima, sin siquiera requerirle su ratificación. Esta negativa fue impugnada y el recurso no ha sido resuelto hasta el día de hoy. En segundo lugar, en la otra averiguación previa, la supuesta necesidad de ratificar es revictimizante y además innecesaria puesto que la identidad de Clara Gómez González ya está plenamente acreditada, amén de que tanto la orden de abatir como la recomendación de la CNDH obran ya en el expediente y tendría que ser la PGR quien oficiosamente investigara su contenido dado la gravedad de los delitos y acorde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Como lo hizo en conjunto con varias organizaciones a mitad de semana, el Centro Prodh reitera en su nota aclaratoria que «la existencia de una sentencia absolutoria en el fuero militar se difunde ahora porque es hasta fecha reciente cuando la víctima tuvo certeza legal de su existencia, precisamente por la opacidad que subsiste en el caso. Con ello se suple la omisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en cuanto a informar oportunamente a la víctima y a la sociedad sobre dicha determinación en un asunto de interés público. En este sentido, cabe insistir en que la advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar y se analiza el fondo de los hechos, lo que podrá ser empleado por la defensa de los tres militares que, como mencionamos, continúan sujetos a proceso y en prisión preventiva acusados de homicidio.
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